Hace más de veinte años un belga enamorado de Cádiz tuvo una visión: sobre las marismas de la margen izquierda del Guadalquivir, a su paso por Trebujena, Bernard Devos vio un exquisito complejo turístico en el que ofrecer, quizá a extranjeros con un punto excéntrico como él, un abanico de opciones: una villa de lujo, o un hotel, o un recorrido por el campo de golf, siempre con el encanto irresistible de estar a tiro de bolita del parque nacional y de Bajo de Guía.
Los terrenos, dos millones de metros cuadrados desecados en los 70, todavía no eran suyos. Tampoco eran urbanizables. Pero en una época donde cualquier cosa parecía posible, aquello no era problema. En 2003, Devos firmó con el entonces alcalde de Trebujena, Manuel Cárdenas (IU), un compromiso: 5,5 millones de euros para el ayuntamiento a cambio de una modificación del PGOU que declarara urbanizable aquel lugar. Antes, se había asegurado opciones de compra sobre las fincas para cuando llegara el momento de construir.
El momento no ha llegado aún, y es posible que no llegue nunca, pero hoy está un poco más cerca. La Junta de Andalucía ha dado su visto bueno a la modificación urbanística que el ayuntamiento de Trebujena aprobó en 2019. En la práctica, es un visto bueno a construir una urbanización de 300 villas de lujo, hoteles y un campo de golf frente a Doñana.
El complejo se situaría en zona inundable, lo que obliga a contar con la conformidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). No se ha dado, ni parece que vaya a darse, a tenor de las declaraciones de la ministra Teresa Ribera y del propio Joaquín Paéz, presidente de la CHG, este miércoles: “No entiendo cómo es posible que la Junta de Andalucía haya tomado esta decisión tan absurda y evidentemente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se lo hará saber”, ha dicho Ribera. El proyecto ni siquiera tiene garantizado el abastecimiento de agua (se necesitarían unos 800.000 metros cúbicos al año), sino que se confía en disponer de los recursos de una depuradora que aún no existe.
Pero con la resolución favorable, aun condicionada a lo que diga la CHG, la Junta de Andalucía ha rescatado un proyecto al que muchos daban por muerto, y en realidad hibernaba. De paso, ha desatado una nueva bronca entre el Gobierno andaluz y el Ejecutivo central a cuenta del agua en los alrededores de Doñana, en un momento en el que ni siquiera en Trebujena parecen interesados en que se culmine el proyecto. Ya el POT de la Costa Noroeste de Cádiz, aprobado por la anterior administración socialista, lo calificaba en 2014 de “oportunidad de dinamización turística” para Trebujena, pero lleva dos décadas sobre la mesa.
“Yo estoy totalmente en contra de este modelo de desarrollo. No creo que sea el proyecto que Trebujena necesita. Si soy alcalde, y espero serlo, tendremos que reconvertirlo a un modelo sostenible con las marismas y adaptado a la situación actual”, advierte Ramón Galán (IU), alcalde del pueblo. Galán califica de “disparate” la Declaración Ambiental Estratégica favorable de la Junta de Andalucía, por dos motivos. El primero, de contenido: no recoge el informe del CHG, que es preceptivo. El segundo, de oportunidad, porque se ha resuelto en mitad de una guerra abierta por los regadíos de Doñana.
Está contrariado. La polémica le tiene todo el día dando explicaciones, y le ha hecho un roto en plena campaña electoral, en la que aspira a revalidar la mayoría absoluta que logró su compañero Jorge Rodríguez, a quien sustituyó en abril del año pasado. Su oposición es llamativa, porque es la primera vez en mucho tiempo que la máxima autoridad municipal reniega de esta idea.
Su antecesor llevó a Pleno la modificación para encajarla en la normativa urbanística, y siempre creyó que representaba una alternativa a la economía del pueblo, sustentada en los viñedos. “Poner en valor” la marisma desecada era un “derecho histórico”, llegó a decir. Ahora, Rodríguez es el presidente del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, responsable del ciclo integral del agua de los municipios del área. Y el anterior alcalde, Manuel Cárdenas (1994-2012), firmó el convenio con el promotor original. Como Galán, todos son de IU.
El actual regidor cree que los tiempos han cambiado, y que ya no tiene cabida: “Hay una escasez importante de recursos hídricos y vamos de cabeza a las restricciones en el consumo de agua potable. Lleva dando vueltas en el ayuntamiento más de veinte años, y la realidad del pueblo es hoy completamente diferente”.
Volvamos entonces al principio, a Bernard Devos, aquel belga enamorado del sur. Devos, un empresario que había hecho fortuna en el sector textil de su país, llegó a Cádiz a comienzos de los años 90, y se compró una inmensa finca en pleno Parque de los Alcornocales. La llamó Zanona. Pronto descubrió que, además de ser un estupendo lugar para vivir, Cádiz era un buen sitio para los negocios turísticos e inmobiliarios: un clima benigno, tierra abundante y barata, y gente, en política y fuera de ella, con ganas de sacar provecho.
Así que en 2003 planteó al ayuntamiento de Trebujena su visión, que acabó reflejada en un convenio urbanístico firmado entre Manuel Cárdenas, por entonces alcalde, y Devos, como representante de la entidad Zanona, S.A. Allí se dice que Zanona tiene una opción de compra sobre seis fincas rústicas no urbanizables en las marismas de Trebujena (en total, 345 hectáreas), y que está interesada en que se declaren urbanizables para desarrollar una “zona turística”. Por su parte, el ayuntamiento expone que “no encuentra ningún inconveniente”, porque eso genera crecimiento y empleo.
A cambio de 5,5 millones de euros (rebajados a 3,3 cuando se limitó la edificabilidad), Trebujena se comprometió a declarar urbanizables una inmensa extensión de marisma. Preguntado por el dinero que el ayuntamiento ingresó, el actual alcalde dice no saberlo. “Llegado el caso, ¿tendría que devolverlo?”. “Le tocará a los promotores y los servicios jurídicos determinar en qué concepto se abonaron las cantidades”, replica Galán, que descarga de responsabilidad al consistorio. “El ayuntamiento procedimentalmente ha hecho lo que tenía que hacer, y no es el que emite la Declaración Ambiental en un sentido u otro, ni dice si es viable o no”.
Trebujena cobró 839.000 euros en el acto, y lo demás quedó sujeto al cumplimiento de determinados hitos, hasta la clasificación definitiva como urbanizables. Para eso tendrían que pasar más de tres lustros. En 2019, ya con Rodríguez como alcalde, se aprobó la modificación puntual del PGOU, y el consistorio echó nuevas cuentas: por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, obtendría 10.440.000 euros, además de una mejora anual en sus cuentas de 1.277.000 euros. Un pellizco notable para un municipio de 7000 habitantes que ingresa unos siete millones cada año.
En aquel momento, la modificación generó revuelo en Trebujena. La Fiscalía pidió información del cambio y el PSOE planteó la posibilidad de un referéndum. Se pidió amparo al Consejo de Transparencia, se presentaron más de 800 alegaciones de grupos ecologistas y sindicales, y llegaron a repartirse pasquines en los que se acusaba de “traidores” a los políticos que favorecieron el proyecto, sugiriendo que había relación entre Carol Devos (hija de Bernard) y el exregidor Cárdenas, según informó Público. Cinco años después, la mujer niega cualquier vinculación. “No tengo nada que ver. Solo he estado una vez en mi vida en Trebujena. Yo sabía que mi padre tenía un proyecto, pero nada más”, contesta por teléfono.
El hecho es que en 2019 Bernard Devos ya se había desvinculado, probablemente porque no le quedó más remedio. La fortuna de aquel “belga loco” (como le gustaba llamarse) crecido en un castillo entre cuadros de Rembrandt y Van Dyck (según contó su amigo Diego Gadir), se evaporó en la crisis del ladrillo.
Primero vendió Zanona al empresario Juan Abelló; luego cerró Fairplay Golf, su complejo hotelero en Benalup. Después, otras varias fincas y un negocio que mantenía en Bélgica. Finalmente, le embargaron hasta la vivienda familiar que se había construido en un cerro de Casas Viejas, según le dijo a La Voz de Cádiz en 2014. “Participé de la locura inmobiliaria y de la burbuja económica y me ha costado muy caro”, admitía en aquella entrevista. Estaba arruinado. Zanona, la promotora original, se declaró en concurso en 2012. Y Devos, que soñó un campo de golf mirando a Doñana, falleció en 2021.
Ninguna fuente puede aclarar cuándo ocurrió el traspaso, pero el proyecto de urbanización y golf sobre las marismas desecadas ya tenía nuevos dueños, también belgas, al frente de la entidad Costa Guadalquivir, S.L. Su estrategia para reactivar el proyecto ha sido sigilosa (no lo han defendido en público) pero efectiva. No solo lograron en 2019 la modificación de la normativa municipal, sino que vincularon el proyecto urbanístico a uno de regeneración ambiental, e involucraron a la Junta de Andalucía.
Hace dos años, Costa Guadalquivir suscribió un convenio con la Consejería de Medio Ambiente para recuperar la marisma en las fincas colindantes al complejo hotelero. Está previsto que la Junta de Andalucía ejecute los trabajos de regeneración de unas 200 hectáreas del antiguo humedal Lucio de Gabela Honda, propiedad de Costa Guadalquivir. En ese documento se declara que la empresa tiene interés en desarrollar el proyecto de regeneración “en armonía con el desarrollo de sus terrenos calificados como urbanizables en el PGOU de Trebujena”.
El actual alcalde cree que las declaraciones de la ministra, anticipando un pronunciamiento negativo del CHG, zanjan la cuestión. Pero advierte: “La pelota no está en el tejado del ayuntamiento de Trebujena, que no puede ir contra Derecho o de la tramitación. Si la Junta nos pide algo, el ayuntamiento tiene que atender el requerimiento”. En la CHG ultiman el informe, que podría dar carpetazo definitivo a un viejo proyecto que recibió un sorprendente espaldarazo de la Junta, cuando ya casi nadie contaba con ello.
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