El paraíso puede dejar de serlo. Ya hace décadas que el litoral de Cádiz se puso de moda para un turismo que valora sus extraordinarias playas, la autenticidad de sus pueblos y una idiosincrasia inconfundible. Pero es una zona con carencias de infraestructuras: problemas de agua, de gestión de los residuos, de transporte y la proliferación de viviendas ilegales. Y la zona de Zahora es un buen ejemplo de ello.
Zahora es una posible candidata a morir de éxito porque cada verano llegan más turistas y no se da abasto. Zahora significa “tierras ricas en agua”, pero ahora el agua escasea y los propietarios de muchas viviendas han hecho depósitos para abastecer el consumo propio. Hay una gran polémica porque algunos vecinos reclaman una mejora en las infraestructuras, pero con la duda de quién debe hacerse cargo de las mismas.
La Asociación de Vecinos Costa de la Luz de Zahora ha denunciado públicamente lo que consideran una situación de abandono y han pedido al Ayuntamiento de Barbate que haga frente a los servicios básicos municipales como son el abastecimiento de agua potable y de saneamiento, mantenimiento y señalización de los viarios y alumbrado público, presencia de la Policía Local y otros problemas debidos a la falta de unas ordenanzas de regularización.
“La discrepancia entre la Asociación y el Ayuntamiento de Barbate estriba en que nuestra Asociación defiende que las infraestructuras deben ser puestas a disposición de los vecinos de Zahora por parte de la Administración Pública, ya que esto no es una urbanización privada sino una pedanía tan antigua como Barbate, y dichas infraestructuras serían sufragadas por los vecinos y la iniciativa privada”, puntualizan desde el colectivo Costa de la Luz.
Javier Rodríguez, portavoz del PSOE, ha sido el candidato más votado en Zahora en las últimas elecciones municipales y tiene una visión clara de la situación. “La regularización de las viviendas se debe hacer de forma conjunta: entre todos los vecinos, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del agua. Hay que hacer una modificación del Plan General y el que haya hecho una casa en los últimos cuatro años, ese no podrá regularizar y se verá la demolición o lo que proceda en normativa. Se necesita un plan especial porque no estamos hablando de un asentamiento pequeño”.
El andalucista Miguel Molina, alcalde de Barbate, comenta a este periódico que es sensible a esta situación y dice haber pedido a la Junta de Andalucía subvenciones para la redacción de cinco planes ambientales especiales para ponerlo en marcha lo antes posible. “Los vecinos de esa asociación no han querido sentarse para firmar un convenio y meter alcantarillado para arreglar las carreteras, pero sabiendo que lo tienen que pagar ellos. Tenemos una concesionaria que está dispuesta a adelantar el dinero, que es Aqualia, y se le repercutirá con contribuciones especiales, con facilidades de pago. Damos soluciones y hay vecinos que han presentado proyectos para regularizar su zona, pero otros no quieren pagar nada a pesar de tener las viviendas ilegales”.
¿Cuánto le costaría a los vecinos de Zahora regularizar sus viviendas, que son ilegales a día de hoy? “Estimamos que puede ir sobre 10.000 o 15.000 euros, que es un precio razonable para tener una casa legalizada, que se puede hipotecar, todo soterrado, con fibra, y con unos caminos con aglomerados de hormigón para dar cierta calidad. Pero eso lo tienen que pagar ellos y no todos los vecinos de Barbate. Tendrían que pagar algo por un AFO (Asimilados Fuera de Ordenación) y ya quedaría todo resuelto”.
El Ayuntamiento de Barbate ha resultado beneficiario, de forma provisional, de cinco subvenciones para la redacción de Planes Especiales de Adecuación Ambiental y Territorial de Agrupaciones de Edificaciones Irregulares en Zahora. El importe total de cada subvención es de 10.000 euros, que suman un montante de 50.000 euros, concedidas por la Conserjería de Fomento.
Los turistas que llegan a esta zona se encuentran con carriles de difícil acceso sin pavimentar, no se ven policías prácticamente nunca y encontrar aparcamiento es una odisea, pero cada año son más los visitantes y suenan aplausos con cada puesta de sol. Es una zona donde los vecinos pagan IBI de finca rústica desde hace años y donde hay un servicio de recogida de basura, pero está muy lejos de contar con unos servicios acordes a lo que se espera de un rincón tan reclamado por los veraneantes.
Según ha trasladado la Asociación de Vecinos Costa de la Luz, los vecinos de Zahora pagan impuestos -IBI, basura, licencias, etc.- desde hace varias décadas y la cuantía del IBI depende, sustancialmente, de los metros cuadrados construidos.
La herramienta diseñada como solución es la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), ideada para los propietarios de edificaciones irregulares prescritas, que podrán regularizar supuestamente con todas las garantías su situación jurídica con posibilidad de acceso a los suministros básicos de agua y energía. Pero para ello no deben tener afecciones de protección especial, ambiental, no sobrepasar los 500 metros de línea de costa y que tengan más de seis años sin ningún expediente disciplinario.
Es una situación muy similar a la que se vive en El Palmar, que pertenece al Ayuntamiento de Vejer. En Zahora no ha habido en los últimos años ninguna orden de demolición de viviendas, a no ser que alguna ocupe la linde de demarcación de costa. Pero la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía llevó a cabo hace unos meses una operación en el núcleo de El Palmar para paralizar 17 nuevas parcelaciones urbanísticas ejecutadas en suelo rústico en las que se han instalado 102 edificaciones sin ningún tipo de licencia urbanística ni autorización administrativa.
Es la otra cara de la moneda de un negocio desenfrenado alrededor del turismo. La Junta ha comprobado que “la mayor parte de estas edificaciones están llevando a cabo captaciones ilegales de agua, defraudaciones eléctricas y vertidos de residuos al subsuelo sin ningún tipo de control ambiental o sanitario”, como explica en un comunicado.
En una zona donde hace años sólo estaban los colonos, que vivían de la huerta, ahora hay una población censada en los ayuntamientos de la zona pero que no cuentan con servicio médico, como pasa en Zahora. No hay un centro de salud porque Sanidad requiere un mínimo de personas empadronadas y con cartillas sanitarias. A partir de ahí conceden un ambulatorio y el SAS no lo ha concedido por no tener suficientes cartillas.
“Yo no me tomaría un café en los bares de aquí porque no sé si cogen el agua del subsuelo, que está todo contaminado”, reconoce un vecino que ha visto cómo la zona ha sufrido una explosión de visitantes, primero a través del 'boom' del camping Caños de Meca, en la carretera de El Palmar a los Caños. Esos turistas empezaron a comprar parcelas y a construir casas a mediados de los años 80. Otros se hicieron con parcelas grandes en las que no han construido y que han visto el negocio en usarlas como aparcamiento.
Los vecinos del colectivo Costa de la Luz afirman al respecto de la calidad del agua que las cafeterías y todos los comercios usan agua mineralizada y que cuentan con todos los permisos, acreditaciones y licencias, incluyendo las sanitarias, de las administraciones públicas competentes.
Las personas que viven en Zahora todo el año ven cómo los dueños de la hostelería sobreviven a los problemas de agua con la instalación de depósitos. “Están denunciados los proveedores porque no se sabe de dónde traen el agua, se ve todo el día un tractor trayendo agua. El agua es un bien común y no se puede hacer negocio con ella. Y sin agua de pozo ni de proveedores, no hay para sobrevivir. Donde antes estaban las huertas ahora están sus apartamentos y bungalows porque ha habido una reforma total del medio de vida de la gente de Zahora. Cuando se acabe el turismo no sé de qué vivirá la gente de aquí”, dice un vecino.
Miguel Molina dice que la denuncia a los proveedores del agua viene de la Junta de Andalucía porque “como no tienen abastecimiento propio vienen con camiones cisterna de particulares y llevan así muchos años. Los negocios deben tener la conexión de abastecimiento de agua pública y la mayoría lo están regularizando. Hay dos fuentes colocadas en Zahora, una en el colegio público y otra fuera del colegio para que el que esté más necesitado tenga el agua a su disposición”.
Mateo Quirós, miembro de la Comisión Ejecutiva de Equo y activista por Rota, tiene localizados algunos de los males endémicos del turismo en las zonas salvajes de la provincia de Cádiz. “No se toma ninguna medida para contrarrestarlo y se da como bueno que cada año haya más turismo y venga más gente. No queremos perjudicar a algunos sectores, pero hay que tener en cuenta todos los factores. No hay infraestructura para los residuos, para consumo de agua, de aparcamientos ni de movilidad sostenible. No podemos seguir pensando como hace 50 años. Todos los proyectos son patadas para adelante, con beneficios para unos pocos y problemas para todos. Si no tienes infraestructuras para acoger el continuo crecimiento estacional de un área, todo revierte en problemas. No hay suficientes estaciones depuradoras de aguas residuales ni tienen capacidad volumétrica con el triple de población. El turismo en Cádiz es un iceberg con mucho jolgorio, donde la gente se deja el dinero, pero hay que mirar lo que está debajo de la superficie. Pero a ninguna administración le interesa poner el foco en la parte negativa”.
El asunto medioambiental sale a flote en poblaciones que multiplican en verano el número de habitantes por cinco o seis. El Consejo de Ministros acordó hace algunos días la ejecución de obras para ofrecer “una solución global y estable a largo plazo” al saneamiento y depuración de las aguas residuales procedentes de Zahara de los Atunes y Barbate, con la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Pero no va a resolver nada porque la competencia de la depuración la tiene la Junta, que tiene proyectada otra depuradora para dar cobertura a El Palmar, Zahora y San Ambrosio.
Hay deficiencias denunciadas por Ecologistas en Acción, que ha publicado un informe con 18 banderas negras y 16 puntos negros en la provincia gaditana. Se trata de una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. “En El Palmar, además del descontrol urbanístico rampante (más de 700 viviendas ilegales) y la extensa ocupación de viviendas en un diseminado caótico, todas las aguas residuales se vierten sin depuración”, aseguran.
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