Un grupo de 23 sindicalistas de CGT tenía previsto desplazarse a la inauguración del nuevo Campus de Airbus de Getafe en la madrugada del jueves. La intención era protestar por el cierre de la planta de Puerto Real, pero un control policial a la altura de la localidad sevillana de Dos Hermanas les obligó a volverse en el autobús que debía transportarles hasta tierras madrileñas en aplicación de las medidas que impiden la movilidad entre provincias por el coronavirus.
Los delegados sindicales aseguran que contaban con los salvoconductos reglamentarios para ejercer su labor sindical, por lo que consideran que los agentes se extralimitaron en su bloqueo para que no siguieran adelante con el viaje. “Es una decisión de arriba”, señalaban los policías según fuentes del citado sindicato.
La reacción no se ha hecho esperar y han dejado el caso en manos de los servicios jurídicos de CGT para que vayan adelante con la correspondiente denuncia. Mantienen que el salvoconducto les permitía desplazarse hasta Madrid, a pesar del cierre perimetral de la provincia de Cádiz, para llevar a cabo una función relacionada con su ocupación sindical.
Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes policiales para conocer su versión de los hechos, pero no han querido entrar en detalles al respecto: “No vamos a comentar nada sobre una actuación policial. Si estas personas consideran que se ha producido alguna circunstancia denunciable, están en su derecho de hacerlo”.
Y todo ello se produce en el marco de una semana en la que se ha recrudecido las protestas por parte de los trabajadores de Airbus de Puerto Real. El miércoles cortaron los accesos a los dos puentes de Cádiz y realizaron una manifestación para impedir el cierre de la planta. La intención de los sindicalistas era clamar contra esta circunstancia en la inauguración de Getafe, a la que acudieron el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los trabajadores de Puerto Real está moviéndose a nivel político para frenar un cierre que afectará a más de 400 trabajadores, contando también a las empresas auxiliares que viven al amparo de la multinacional. Durante la semana han encontrado el apoyo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que por primera vez se ha mojado al respecto. “Le pido a la señora [Susana] Díaz que interactúe con el Gobierno de España para que se tome en serio el cierre de Puerto Real. El Gobierno es el único que puede influir de una manera más o menos directa en cualquier decisión que toma una empresa privada”.
El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, se ha mostrado muy crítico con Airbus en las últimas horas. “Cómo se explica que una empresa que obtuvo más de 3.000 millones de euros de beneficios en 2020, año de pandemia, que piensa en obtener beneficios históricos en 2021 (más de 6.000 millones), que tiene enormes ventajas fiscales y recibe millonadas de dinero público esté pensando en cerrar una fábrica en Puerto Real, una de las zonas más castigadas por el paro estructural. Que alguien me explique cómo es posible que una multinacional con participación del Estado, con subvenciones públicas y con desorbitados beneficios, no tenga la más mínima responsabilidad social”.
El Parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de ley llevada por el PSOE para rechazar el cierre de la factoría puertorrealeña y las movilizaciones seguirán en los próximos días, a la espera de algún gesto de la empresa para reconsiderar su idea de echar el cerrojo.
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