La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Barbate (Cádiz) por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia en el caso de los dos agentes que murieron arrollados por una narcolancha en el puerto de esta localidad gaditana. La denuncia apunta al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, por unos hechos ocurridos el pasado 9 de febrero y en los que también resultaron heridos de gravedad varios agentes.
En una nota, Jucil ha explicado que, según la denuncia, la intervención policial en el Puerto de Barbate se realizó “bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados para enfrentar la situación”. En este sentido, añade que “los superiores jerárquicos, a pesar de conocer los riesgos, ordenaron realizar una intervención para la que los guardias civiles que participaron no estaban preparados ni contaban con los recursos necesarios”.
Es la segunda denuncia que afrontan estos dos mandos, después de la presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Jucil detalla que la embarcación de la Guardia Civil asignada para la intervención era “insuficiente frente a las narcolanchas, por ser estas significativamente más grandes y poderosas”. Además, indica que los agentes asignados “no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas”.
La denuncia recoge que los componentes de los equipos GEAS no están adiestrados para este tipo de intervenciones policiales, mientras que los dos componentes del GAR que los acompañaban como refuerzo carecían de los medios necesarios, como por ejemplo cascos. En este sentido, Jucil recuerda que ambos fallecidos sufrieron contusiones en la cabeza provocados por el paso sobre ellos de la narcolancha que los arrolló.
La denuncia también hace referencia a las condiciones meteorológicas desfavorables en el momento de la intervención, así como a las declaraciones previas de las autoridades que sugieren una falta de preparación y de medios adecuados por parte de la Guardia Civil para enfrentar este tipo de situaciones.
La denuncia de Jucil, según ha explicado, se basa en las declaraciones del jefe del equipo de los GEAS. En este sentido, indica que “el sargento que dirigía el equipo recibió una llamada del coronel jefe de Cádiz en la que se le indica que el superior jerárquico, el general jefe de la Zona de Andalucía, requiere al equipo GEAS para que acuda al puerto de Barbate”.
Además, añade que “en esa llamada se comunica al coronel que no pueden salir con la lancha de la Guardia Civil, ya que es muy pequeña y hay riesgo de que les pasen por encima con las narcolanchas”. Esta aseveración, precisa Jucil, “se comunica al superior incluso en dos ocasiones, entre otros comentarios, dado que no es posible realizar lo que es solicitado por los superiores ahora denunciados, por el riesgo sobre la vida de los agentes si salieran con la lancha”.
Además, en su denuncia, añade que la lancha de la Guardia Civil es un “equipo antiguo”, con unas medidas inadecuadas para el fin que se encomendaba al equipo, “ya no solo hay que fijarse en la diferencia abismal entre las lanchas, lo cual se dejó constancia al superior que ahora se denuncia, y el riesgo de muerte que existía, la facilidad con la cual podían pasarles por encima y causar daños trágicos e irreparables (como sucedió), sino que la preparación de los agentes no era acorde a la intervención otorgada a los mismos por los superiores”.
Igualmente, indica en la denuncia que mientras los GEAS no están preparados para estas intervenciones, los GAR carecen de entrenamiento en el ámbito náutico, “y aunque tuvieran algo de conocimiento, fueron asignados sin medios de protección, sin casco, sin chaleco protector antibalas, sin armas largas, portando una simple arma corta como los demás agentes”.
“Fue el GEAS quien tuvo que otorgar un casco y neopreno para la actuación policial, casco que no sirvió de nada dado que los dos fallecidos tuvieron contusiones fatales en la cabeza, como se pueden observar de las autopsias contenidas en el atestado policial”, señala la denuncia.
Jucil ha señalado que estas circunstancias, como la mala calidad de los medios, la falta de preparación de los guardias civiles y las malas condiciones meteorológicas, “eran conocidas por los ahora denunciados, quienes obligaron a realizarla, al ser superiores y los agentes no poderse negar, para que salieran”.
La asociación ha afirmado que conoce la apertura de una causa en el Juzgado número 1 de Barbate por un posible delito de prevención de riesgos laborales cometidos por los ahora denunciados, aunque considera “que no solo se ha producido la comisión del mismo, sino que los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios de la Guardia Civil eran insuficientes”. Pese a ello, “obligaron a los agentes a salir y realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y aptitudes, sin lo necesario, a sabiendas del riesgo de muerte, siendo los mismos completamente afines a que se realizar la intervención, sin importar el resultado, dada la situación 'política' acaecida con anterioridad”.
En su denuncia, Jucil señala que considera la existencia de “dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142 del Código Penal, así como cuatro delitos de lesiones graves por imprudencia del artículo 152.1.2 del Código Penal”, por lo que solicita “que se inicien las correspondientes diligencias previas para esclarecer estos hechos y que se investigue bajo estos criterios la responsabilidad de los superiores jerárquicos en este suceso”.
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