La Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado este martes el proyecto de Ordenanza de Sequía que establece multas de entre 750 y 3.000 euros para quienes incumplan las medidas restrictivas del uso del agua potable anunciadas en un bando municipal a primeros de noviembre para hacer frente a la situación de sequía existente.
Para la graduación de las sanciones –clasificadas en leves, graves y muy graves– se tendrá en cuenta el perjuicio causado, las circunstancias del responsable, la repercusión de la prohibición infringida, la situación de agravio con respecto a otros usuarios del abastecimiento, el beneficio obtenido y la reincidencia, según ha apuntado el Ayuntamiento de Jerez en una nota de prensa.
En el texto se expone que el Ayuntamiento asignará agentes de la autoridad a las tareas de vigilancia y control del cumplimiento de lo establecido en la ordenanza y que se adoptarán medidas de vigilancia e inspección para hacer cumplir las normas de restricción de uso establecidas.
Todo ello con el objetivo de “contar con un instrumento jurídico que permita la correcta aplicación de medidas excepcionales en situaciones de sequía”, como ha explicado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, asegurando que de esta manera se da “un paso adelante y necesario”, toda vez que Jerez “carecía de este instrumento jurídico para tratar casos especiales de sequía como sí tienen otros ayuntamientos”.
En cuanto a la aplicación de la ordenanza, que abarca a todo el territorio del municipio contenido en el área de cobertura del contrato de concesión de servicio de abastecimiento de agua en baja, alcantarillado y depuración en el término municipal, se podrán adoptar las medidas relativas a la prohibición de uso de agua potable en caso de riego de jardines, praderas, árboles, zonas verdes y deportivas, de carácter público y privado, o de riego y baldeo de viales, calles, sendas y aceras, de carácter público y privado.
También podrá aplicarse en caso de inclumplirse la prohibición del llenado de piscinas, fuentes y estanques, privados o públicos, que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado, o la prohibición de agua potable para el lavado con manguera de toda clase de vehículos, salvo si la limpieza se efectúa por una empresa dedicada a esta actividad, entre otras medidas establecidas en el bando municipal de noviembre.
De esta manera, se considerará infracción administrativa cualquier acción u omisión que vulnere el texto recogido en la ordenanza, estando las infracciones muy graves tipificadas con 3.000 euros, las graves con 1.500 euros y las leves con 750 euros. Este proyecto de ordenanza está previsto aprobarse de forma inicial en el pleno ordinario de diciembre y si no se presentan alegaciones tras el periodo normativo de exposición pública, entrará en vigor una vez aprobada de forma definitiva en el pleno de enero, contando con que el Ejecutivo local del PP gobierna con mayoría absoluta.
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