La petición del Parlamento Europeo a la Comisión Europea para que intervenga en el embrollo sobre la titularidad de los terrenos desecados de La Janda y sus derechos derivados (a subvenciones comunitarias o al uso del agua) es una pequeña victoria de los ecologistas, que venían chocando reiteradamente contra el muro de las administraciones españolas en su objetivo de recuperar el valor ecológico de la laguna de La Janda.
Ya sea por tocar en la puerta supuestamente errónea, porque los papeles son demasiados o porque los trámites se eternizan sin aparente fin, los intentos en España para que las administraciones recuperen 6.165 hectáreas de terrenos de dominio público de la antigua laguna parecen hasta ahora abocados al fracaso.
Coincidiendo con el Día de los Humedales (2 de febrero), Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Energética y Reto Demográfico, se comprometió a lo mismo que el año pasado: restaurar hasta 20.000 hectáreas de humedales y “revertir el estado de degradación de algunos enclaves significativos como la laguna de La Janda”.
La ministra no explicó cómo pretende hacerlo sin contar con la posesión del terreno, como ahora ocurre. La Janda está desde hace décadas ocupada por algunos privados, que no tienen intención de abandonarla. Entre ellos, terratenientes históricos como la familia Mora-Figueroa Domecq, propietarios de la sociedad que explota finca Las Lomas, situada parcialmente sobre los terrenos en disputa.
Hasta ahora ninguna administración ha hecho nada por recuperar los terrenos, a pesar de que el Tribunal Supremo estableció en sentencia firme cuáles son las lindes del dominio público, allá por 1967. La propia Abogacía del Estado tiene claro que aquello es dominio público y como tal inalienable, pero también que tanta pasividad de las administraciones “ha generado situaciones jurídicas y derechos de particulares opuestos o contrarios a la naturaleza demanial de los terrenos”.
“Dicen que quieren recuperar los humedales, pero no se hace nada y esto va a acabar en los tribunales. Todos miran a otro lado, porque no quieren meter el diente a unos usurpadores para recuperar 6.000 hectáreas de dominio público”, protesta Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Cádiz.
Junto con AEMS-Ríos Con Vida, AGADEN, Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, Fundación Savia, Greenpeace, Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua y SEO/BirdLife pretenden la recuperación de La Janda, que llegó a ser uno de los humedales más valiosos de España. Después de años intentándolo, ni siquiera han conseguido aún el expediente completo, que supuestamente está siendo digitalizado en el Parlamento de Andalucía.
A la complejidad del propio expediente (en el que se mezclan expropiaciones, deslindes de zonas inundables, obras hidráulicas y el alto valor ecológico de la zona) se suma un fabuloso embrollo de departamentos y administraciones. Todo esto está provocando que la responsabilidad de hacer algo para recuperar La Janda no la haya asumido nadie hasta ahora, y que los ecologistas tengan la sensación de que están mareándolos haciéndolos mirar una pelota de ping pong que va de negociado a negociado.
Los ecologistas presentaron en noviembre de 2018 una denuncia ante el Ministerio de Hacienda. Querían que investigara si los terrenos desecados de La Janda son públicos y, en tal caso, que actuara para recuperarlos. Tras casi tres años, el Ministerio llegó a la conclusión de que aquello le sobrepasaba. “Su investigación excede de las competencias de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE)”, dijo en abril de 2021 para cerrar el expediente.
El motivo es que las competencias en materia de aprovechamientos hidráulicos se transfirieron a la Junta de Andalucía en 2005, y que el Estado solo puede “defender” bienes patrimoniales de los que sea titular. Es una interpretación que los ecologistas discuten. Sin embargo, el Gobierno acababa admitiendo que “en última instancia” podría ser competente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECORD).
En cualquier caso, el Estado pasó la pelota a la Junta de Andalucía, que ya había mostrado sus reticencias a ocuparse del asunto.
Fuentes de la Consejería de Hacienda aseguran que la Dirección General de Patrimonio va a iniciar “ya” la investigación, y que ha mantenido varias reuniones con la Consejería de Agricultura. Sería un avance, aunque llegaría a las puertas de unas elecciones que, probablemente, retrasarían nuevamente la resolución del asunto.
Hasta ahora, la Junta de Andalucía se había quejado de las “enormes dificultades” que ponía el Estado para recabar el expediente y todos los informes necesarios para realizar la investigación. “Se ha venido solicitando a la Dirección General de Patrimonio del Estado [DGPE] en reiteradas ocasiones en 2019, 2020 y 2021 la información de la que no dispone este centro directivo (…) que resulta esencial para la incoación del procedimiento de investigación de bienes por parte de la DGP de la Junta de Andalucía”, se lee en una respuesta escrita de Carmen Crespo, consejera de Agricultura, a una pregunta de la parlamentaria andaluza Ángela Aguilera (no adscrita, expulsada de Adelante Andalucía). También se quejaba de que había pedido hasta en tres ocasiones un informe, sin respuesta.
Juan Antonio López de Uralde (Unidas Podemos) también preguntó al Ministerio, pero su pregunta está pendiente de aclaraciones desde el pasado 14 de septiembre, según consta en la web del Congreso. “Sin las aclaraciones no se puede remitir al Gobierno para que responda”, explican fuentes del Congreso, que no especifican qué aclaraciones se pidieron.
Asociación Amigos de La Janda ha presentado una queja formal ante el Ministerio por la falta de colaboración y respuestas a otras administraciones o a las asociaciones. También ha acudido al Consejo de Transparencia, que ha inadmitido su reclamación.
El Ministerio tampoco ha respondido las preguntas de este medio.
Los ecologistas sospechan que la falta de avances se debe a que ni el Estado ni la Junta de Andalucía tienen demasiado interés por recuperar La Janda, aunque se trate de terrenos de dominio público que están obligados a defender. Abrir un expediente de recuperación conllevaría un probable conflicto con los actuales tenedores de la tierra y, en última instancia, obligaría a recuperar y mantener los humedales, que en la actualidad son fincas de regadío.
A la vista de las dificultades, han redoblado su campaña sobre el terreno y han puesto sus ojos en Bruselas. Hace dos semanas se concentraron ante la Delegación Territorial de Cádiz y visitaron los ayuntamientos de la comarca para reclamarles que sus Plenos pidan la recuperación pública de La Janda, como ya hicieron hace unos años.
En las instituciones europeas, han llevado el caso ante la Fiscalía Europea y ante la Comisión de Peticiones del Parlamento, invocando dos aspectos de competencia comunitaria: los fondos de la PAC que estarían percibiendo los privados por explotar terrenos de dominio público, y la afectación sobre las masas del agua por parte de esas fincas de regadío. La Fiscalía no quiso investigar, pero el Parlamento Europeo sí ha recogido el guante, y pedirá a la Comisión que investigue, tal y como adelantó este medio.
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