Más de 50 años después de que el Tribunal Supremo declarara que una parte muy importante de la laguna de La Janda es terreno de dominio público, más de 6000 hectáreas de la antigua laguna siguen en manos de titulares privados. Ni la Junta de Andalucía, con competencias sobre las cuencas intracomunitarias desde 2005, ni la Administración general del Estado, que acaba de resolver un expediente de investigación sobre estos terrenos, han movido un dedo para recuperar La Janda y ponerla en valor, a pesar de que la recuperación de los bienes de dominio público no es discrecional, sino obligada para las administraciones.
“La actuación de las Administraciones ha dado lugar, por aplicación de las disposiciones reguladoras de las grandes zonas regables, a que aquellos terrenos de dominio público se encuentren hoy ocupados en todo o en parte por explotaciones agrícolas de particulares”, admite un informe de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso este medio, fechado el 28 de enero e incorporado al expediente de investigación patrimonial cerrado recientemente por la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Grupos ecologistas insisten desde hace años en que el terreno se recupere para uso público restaurando la laguna desecada en su día. Fueron estos grupos ecologistas quienes instaron el expediente de investigación ante la DG de Patrimonio del Estado, que zanja que el dominio público de La Janda debería ser recuperado por la Junta de Andalucía y, “en última instancia”, por la secretaría de Estado de Medio Ambiente.
La principal explotación agrícola: no preocupa “lo más mínimo”
La más significativa de las explotaciones privadas que ocupan terreno de la antigua laguna es Las Lomas, una finca de 12000 hectáreas (3000 de ellas de dominio público, según los ecologistas) explotada por Complejo Agrícola Las Lomas, S.L. El presidente de su consejo de administración es Ramón Mora-Figueroa.
Consultada por su posición en este expediente administrativo, que ha durado más de tres años y ha reforzado la tesis de que hay terrenos de dominio público integrados en una explotación privada, la propiedad de Las Lomas dice confiar “plenamente” en “el Estado de Derecho y en la Seguridad Jurídica de este país”.
“Nada de eso preocupa lo más mínimo puesto que está todo perfectamente claro tanto en las órdenes ministeriales como en los decretos que permitieron la desecación de las antiguas lagunas, y por supuesto, en los registros de la propiedad”, señalan los propietarios de Las Lomas en un comunicado de un párrafo remitido a este medio. La empresa que explota la finca Las Lomas mantiene que la sentencia del Tribunal Supremo que fijó el deslinde confirma la legalidad de su ocupación del terreno y “la legalidad del modelo seguido en las obras de desecación”.
ElDiario.es Andalucía remitió un cuestionario de seis preguntas para conocer la posición de la empresa, el título sobre el que fundamenta su posición o la importancia de los terrenos en conflicto para su actividad agrícola. Estas preguntas se han quedado sin respuesta.
Las dudas sobre los pagos de la PAC
Las Lomas es una propiedad histórica de la familia Mora-Figueroa, vinculada en los tiempos de la concesión a la dictadura franquista, y hoy emparentada con los Domecq y con Miguel Arias-Cañete, exministro de Agricultura y Medio Ambiente y excomisario europeo. Los Mora-Figueroa son una de las familias más ricas de Andalucía. En 2019 Forbes les atribuía un patrimonio de 740 millones de euros.
Durante décadas, estas explotaciones han recibido cuantiosos fondos de la Política Agraria Común (PAC), parte de ellos por terrenos que son de dominio público. Solo en 2019, Complejo Agrícola, la sociedad administrada que explota la finca de Las Lomas, recibió más de dos millones de euros de pago básico de la PAC en 2020. Nadie recibió más en toda España por este concepto. En total, solo ese año recibió 4.460.000 euros de ayudas públicas comunitarias (4.441.000 en 2019), según los datos públicos del Fondo Español de Garantía Agraria.
Una eventual recuperación posesoria de los terrenos de dominio público podría afectar a la percepción de estos pagos y cuestionar pagos recibidos en el pasado. Las Lomas no ha comentado esta posibilidad.
Una finca donde cazaba el rey emérito
Las Lomas es una finca con solera. Fue fundada en los 60 por José Ramón Mora Figueroa, casado con Carmen Domecq, que fue agrupando progresivamente los terrenos de sus muchos primos. Su ambición era desecar la laguna en una provechosa explotación agrícola. “En 1947, Las Lomas no tenía más que un tractor, y estaba en malas condiciones”, cuenta el historiador local Salustiano Gutiérrez, en el blog Desde la historia de Casas Viejas. “Aunque la competencia por nuevos tractores y camiones era acusada por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, Don José pudo emplear la relación de un primo de su padre con la fundación de la Falange y sus propios lazos con el General Franco para acelerar la importación del equipo que necesitaba para desarrollar el potencial de su finca”.
Cuando lo consiguió, Las Lomas despegó como un cohete. Sobre la base de la producción agrícola, se dio al proyecto un tinte social: la familia levantó un poblado con 130 viviendas, cine, supermercado, banco, una Iglesia y un colegio de la Sagrada Familia.
Además, en estas décadas se ha ganado un notable prestigio por varias cosas. Una de ellas, una notable capacidad de innovación agrícola. Hoy abarca 12000 hectáreas donde se producen, procesan y envasan pomelos, aguacates, brócoli, zanahorias o boniatos, con una orientación hacia la exportación. Es el caso de los puerros: Las Lomas copa el 90% del mercado inglés, según contaron sus responsables en un reportaje de Canal Sur.
El otro sello de Las Lomas son las cacerías de perdices y faisanes salvajes que allí se han celebrado, con la concurrencia de personalidades como Francisco Franco, Emilio Botín, Juan Abelló, los March y el rey Juan Carlos, según contó el año pasado el portal Vanitatis.
El resto de terrenos en cuestión pertenecería a otros grandes propietarios, según José Manuel López, portavoz de la Asociación de Amigos de La Janda, que resalta que toda la operación de entrega de tierras y obras de desecación fue una forma de pagar “los favores prestados” a familias afectas al régimen. Aunque es posible superponer los planos del catastro y del deslinde, no es tan sencillo conocer quiénes son los titulares de las fincas catastrales.