Cuando el año pasado Teresa Almagro, que es enfermera y ha visto de todo, recorrió las instalaciones del Centro de Protección Animal de Chiclana (Cádiz) tuvo que tomarse una pastilla contra la ansiedad. Vio animales metidos en frigoríficos, perros atados con cuerdas de un metro, comederos llenos de gusanos, gatos llenos de heridas, sin fuerza.
Su denuncia pública provocó que meses después el Seprona de la Guardia Civil visitara aquel lugar y abriera un expediente a la empresa Athisa, a la que se había vuelto a dar la concesión por parte de la Mancomunidad de Municipios de la bahía de Cádiz a pesar de todas las alertas realizadas previamente. Eso fue en abril. Ahora la misma Mancomunidad ha anunciado que secuestra la concesión. Un último informe ha detectado irregularidades graves y serán los ayuntamientos los que gestionen de forma temporal este lugar.
Teresa Almagro pertenece a la Plataforma Sin Miedo, creada por vecinas de la bahía de Cádiz, muy preocupadas por el trato que se le daba a esos animales abandonados, que acababan allí por diversos motivos. A esta zona de la provincia gaditana no le ha ido muy bien en el cuidado de estas mascotas sin hogar. Antes que el de Chiclana, funcionó El Refugio en Puerto Real, que fue cerrado por la justicia en una sentencia inédita en España, en la que, por primera vez, se ordenaba clausurar una instalación de este tipo por el maltrato ejercido contra los animales.
Sus responsables terminaron por ser condenados a tres meses de prisión por someter a los animales a muertes “agónicas e insufribles”. A ese lugar se le conoció la “perrera de los horrores”.
Renovada pese a las denuncias
La sustituyó un tiempo después el Centro de Protección Animal de Chiclana, puesto en marcha por la Mancomunidad de Municipios de la bahía de Cádiz (Cádiz, Puerto Real, Chiclana, y San Fernando), cuya gestión fue adjudicada a la empresa Athisa Medio Ambiente S.A.U. Su servicio incluye la recogida y gestión de animales abandonados de los cuatro municipios, con una media de entrada de 185 animales al mes, a los que la concesionaria se compromete a cuidar, dar atención sanitaria y buscar un hogar. El centro no sacrifica en un plazo determinado como otros, bajo la filosofía de que “todos los animales son adoptables”.
Eso es sobre el papel porque, enseguida empezaron, de nuevo, las denuncias, que llevaron a un grupo de vecinas a agruparse bajo el nombre Plataforma Sin Miedo, que fueron las que pudieron recorrer esas instalaciones en 2023, acumular imágenes igualmente lamentables, denunciar graves irregularidades y alertar del mal estado de los animales. “Es un campo de concentración para perros y gatos”, resumieron gráficamente.
Pero esa denominación, ni las alertas que hicieron otros colectivos ecologistas, no impidieron que la Mancomunidad, con el visto bueno de los técnicos municipales de los ayuntamientos, renovara la adjudicación a Athisa, que formalizó el contrato desde el 1 de marzo de este año. “Fue un jarro de agua fría”, explica María Camacho, de la Plataforma Sin Miedo, “porque sentimos que no nos escuchaban”.
La Mancomunidad, a las pocas semanas, acordó una penalización económica contra la empresa por faltas leves, de unos 13.000 euros. Entonces las visitas de los veterinarios y técnicos de cada ayuntamiento, aunque reflejaban incumplimientos y dejadez en las instalaciones, no impidieron que la actividad continuara. Hasta ahora.
El organismo, que presidente el concejal de El Puerto Millán Alegre, comunicaba esta semana la llamativa decisión de secuestrar el servicio de protección y recogida de animales a Athisa durante seis meses. Durante ese tiempo, según detallaba la Mancomunidad, “la dirección será colegiada por técnicos y veterinarios municipales”.
Seis meses para subsanar las deficiencias
¿Por qué ahora sí y antes no? Alegre ha explicado esta semana en una entrevista en la SER que “este expediente se ha abierto por los incumplimientos de carácter grave que figuran en un informe por la dirección facultativa que ha propuesto el cierre del centro”.
El cierre no se puede ejecutar, aclara, porque es un servicio básico que no puede dejar de prestar, de ahí que se haya optado por la vía del secuestro temporal de la concesión. El servicio lo asume la Mancomunidad y la empresa tendrá seis meses para subsanar todas estas deficiencias para que pueda continuar el contrato.
La Plataforma Sin Miedo ve en esta decisión “un parche” y una medida incompleta, además de que llega tarde. “Llevamos desde junio pidiendo todos los expedientes e informes realizados y la Mancomunidad nos los ha negado”, ha explicado María Camacho.
“En el tiempo que ha estado esta empresa los animales han estado en condiciones pésimas, a algunos se les ha dejado morir de inanición o han aparecido ahorcados”, lamenta. Esa negativa a recibir los informes fue denunciada ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que lo ha trasladado al Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía.
Los ayuntamientos de la Bahía están desde 2008 buscando un lugar definitivo donde atender a los animales abandonados. Los alcaldes de Cádiz y San Fernando anunciaron hace unos meses un proyecto conjunto, un centro público que alivie la situación del mancomunado. “Es todo humo”, lamenta la plataforma Sin Miedo, “porque llevan anunciado ese centro desde hace años y no llega”.