Algeciras Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asociación Claver han interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo de España en la que solicitan que se investigue un supuesto procedimiento empleado por la Policía a cargo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras (Cádiz) para la puesta en libertad de internos solicitantes de asilo a cambio de una presunta renuncia a su petición de protección internacional. “Una mala práctica violatoria de derechos fundamentales que, en lenguaje coloquial, es un chantaje”, dicen en su escrito.
Las asociaciones toman como base el “acompañamiento cercano” a través de llamadas telefónicas y entrevistas personales con M.B., un activista de la región marroquí del Rif que había pedido asilo en España tras abandonar una huelga de hambre y que habría sufrido ese “chantaje” al igual que otros cuatro o cinco internos de origen argelino.
Pide una investigación
La cuestión ha trascendido a raíz de la salida del CIE del interno M.B., quien quedó en libertad en la mañana del pasado 5 de abril después de haber perdido 17 kilogramos tras “una lucha de 47 días de huelga de hambre”, según relata a este medio, pero no de la manera que él había previsto. “Me han chantajeado y me han hecho firmar un documento donde ellos dicen que el interno manifiesta su renuncia al asilo, y yo en ningún momento dije eso, más bien al contrario”.
“Cuando me preguntó un funcionario si quería mantener el asilo dije que sí, pero venían con el papel ya preparado. Hicieron lo mismo con los internos argelinos, y hay testigos”, explica. M.B., que también lamenta que no se le haya facilitado el informe médico de seguimiento de la huelga de hambre desde el inicio hasta el final. “Quiero denunciar el chantaje y el engaño. Me han tendido una trampa. Yo no renuncié al asilo y pido una investigación al respecto”.
Fuentes oficiales del Ministerio del Interior afirman no tener constancia del caso y añaden que “España es un país muy garantista en lo referente a la protección internacional y todas las actuaciones se realizan de acuerdo a la ley, tanto española como internacional, y con escrupuloso respeto a los derechos humanos”. En líneas generales aseguran que “cualquier persona puede solicitar protección internacional, tanto en frontera como en cualquier momento de su estancia en territorio nacional” y que “su expediente se analiza de forma individualizada y con todas las garantías, y la resolución está sometida al control judicial”.
“Represalias” en Marruecos
Las asociaciones han presentado la queja en nombre de M.B., recordando que se puso en huelga de hambre como protesta de su internamiento con un expediente de expulsión después de terminar una condena penal. Apuntan su situación de arraigo con 20 años en España con residencia de larga duración que no pudo ser renovada y en su país de origen ya no tiene prácticamente arraigo ninguno. M.B., dicen las asociaciones, “teme que su irregularidad sobrevenida, difícil de superar a corto y medio plazo, dado a las dificultades de su historia personal, le lleve a ser expulsado a Marruecos donde tiene certeza de que sufriría represalias por su activismo desde Málaga, en defensa de la población que fue duramente reprimida en su país, en julio de 2017, a causa de manifestaciones para solicitar mejoras en el Rif”, de las que ya informó este periódico y que recogió también prensa marroquí. Esa circunstancia “acentúa la posibilidad de sufrir represalias en Marruecos si llega a ser expulsado”, más aún teniendo en cuenta que la previsión del Gobierno de España es que se incremente significativamente el número de migrantes que serán devueltos a Marruecos con la “nueva etapa” anunciada en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Según el relato de las tres asociaciones que firman el escrito, la dirección del CIE del Algeciras le propuso a M.B. que lo dejarían en libertad siempre que renunciara a proseguir con su solicitud de asilo. Él se reafirmó verbalmente en su deseo de continuar con dicha solicitud y le hicieron firmar varios documentos para su puesta en libertad, consiguiendo que en uno de ellos figurara la citada renuncia a su solicitud de asilo sin que él tuviera constancia. M.B. trasladó a las asociaciones que, ya fuera del CIE, se percató de lo ocurrido al leer todos los documentos firmados, “sintiéndose profundamente molesto y engañado”. M.B. manifiestó que “la misma oferta” la recibieron varios argelinos solicitantes de asilo “a quiénes se les propuso el mismo procedimiento, claramente violatorio de los derechos fundamentales”.
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