El caso de los ERE ha entrado de lleno en la precampaña de las elecciones autonómicas en Andalucía a falta de poco más de un mes para la celebración de los comicios. La vuelta de 23 años de Gobierno de la Junta al banquillo de los acusados y el mantenimiento de los cargos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, sin grandes sorpresas este lunes, ha servido de nuevo en bandeja al PP para cargar las tintas contra el PSOE andaluz en todos los sentidos: “Los ERE tienen de todo, desvío de fondos, mantenimiento de una red clientelar o uso de dinero público de los parados andaluces para juergas, fiestas y cocaína”, ha resumido la secretaria general del PP andaluz.
No es la primera vez que el ‘efecto caso ERE’ entra en escena ante unas elecciones. Los populares no se han escondido ni se esconden a la hora de querer utilizar electoralmente la macrocausa, cuya primera pieza se está juzgando desde diciembre del año pasado. Sin ir más lejos, el PP andaluz convocaba este lunes a las 13.00 horas una rueda de prensa, en un horario diferente al habitual, para dar tiempo a que los fiscales anticorrupción volvieran a recorrer el relato de su versión de los hechos ante el tribunal de la Audiencia, según reconocen fuentes populares. El juego de los tiempos funcionó a la perfección: a las 12.45h finalizaba la intervención del fiscal anticorrupción, dando lugar a los periodistas para cruzar literalmente la calle hasta la sede de los populares andaluces en la calle San Fernando para escuchar el repetido mensaje: ERE igual a corrupción en el PSOE de Andalucía.
Las andaluzas del 2 de diciembre serán las terceras elecciones autonómicas condicionadas por la macrocausa de los ERE, el mayor escándalo de corrupción que ha salpicado al Gobierno andaluz en tres décadas. El inicio de la larga instrucción judicial -que se prolongaría durante siete largos años- fue determinante en la primera y única victoria electoral del PP en Andalucía, en los comicios de 2012. Los populares estaban personados en la causa como acusación particular, tenían información privilegiada sobre el sumario y esgrimieron cada auto de la jueza Mercedes Alaya como un garrote contra el PSOE.
Durante aquella crispada campaña de 2012, salían a diario noticias que infectaban la imagen de la Junta con sospechas de corrupción: se habló por primera vez del uso ilícito de los fondos de la Consejería de Empleo para empresas en crisis, de los beneficiados por el ERE de una empresa en la que nunca habían trabajado (los llamados intrusos), de las sobrecomisiones millonarias que recibían los intermediarios entre la Junta y las empresas adjudicatarias de ayudas públicas; del ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE; del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que firmaba la salida del dinero supuestamente de forma discrecional; y de su chófer, que gastaba fondos públicos que le daba su jefe en cocaína y fiestas…
Derrota histórica en 2012
Todo esto fue aplastando moral y políticamente al PSOE andaluz, que afrontó una derrota histórica en las autonómicas de 2012. Nunca antes ha tenido más cerca el PP las llaves de San Telmo. Los populares lograron 50 escaños, a cinco para la mayoría absoluta, pero un Gobierno de coalición PSOE-IU les amarró los pies a la bancada de la oposición, donde llevan 36 años. La Junta tardó en empezar a defenderse, en parte, porque tardó en asumir lo que estaba pasando en sus despachos. Empezó negándolo todo. Luego se personó en el caso como parte perjudicada, admitió que “dos o tres golfos” pudieron haberse aprovechado de su posición dentro de la Administración y empezó a plantar cara.
Con todo, en una de las primeras sesiones del juicio, a comienzos de 2018, el PP se guardaba incluso un as en la manga para tratar de exprimir el caso e incluir la presencia como testigo de la actual presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Diaz. El tribunal no le compró el argumento y rechazó la petición. En todo caso, el PP sigue apuntando en esa dirección: “existe una responsabilidad política directa de Susana Díaz”, o “Susana Díaz ha traicionado a los andaluces porque ha escogido defender a sus compañeros de partido antes que defender a los andaluces”, ha manifestado López este mismo lunes.
Los ERE han sido un argumento recurrente en las precampañas y campañas electorales en Andalucía por parte del PP. Con sus picos informativos, es un clásico preelectoral desde hace muchos años, casi tantos como los que el asunto lleva en los tribunales (en enero se cumplirán ocho años de su apertura). ¿Cuál es el nuevo escenario?: la cercanía de las elecciones (2 de diciembre) y el inminente final del juicio (previsto para final de noviembre). El PP, además, se ha aprovechado su mayoría en el Senado para asegurarse la presencia durante este mes de noviembre de los máximos dirigentes andaluces en la comisión de investigación de financiación de los partidos políticos, coincidiendo con los últimos coletazos del juicio en la máxima expresión de aprovechar el caso ERE.
Alaya y el calendario preelectoral
El caso es que la coincidencia de noticias judiciales y políticas no sería nueva, tampoco a los socialistas les pilla de improviso, ya que tienen en el recuerdo algunas decisiones de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso durante cuatro años, en marzo de 2012 y en las campañas electorales de 2011. Mercedes Alaya ha sido la auténtica pesadilla para la Junta de Andalucía durante los años de instrucción de los ERE. Los socialistas han considerado que la instrucción que ha llevado a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza.
De hecho, ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos. A la jueza más conocida del país, amiga del juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, luego ministro del Interior, le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del consejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.
Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales ente sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido por el escándalo.
Nuevos actores
Con todo, el último hito político en torno al caso ERE no lo protagonizó el PP. Había irrumpido en escena Ciudadanos. En las elecciones de 2015, el PSOE de Susana Díaz se recuperó del batacazo de 2012 y amortiguó la caída que supuso la entrada de dos nuevos actores a la política andaluza: la formación de Albert Rivera y Podemos. Los socialistas volvieron a ganar aquellos comicios y recuperaron el primer puesto como la fuerza más votada, a 15 escaños del PP y a 33 de Podemos. Díaz logró ser investida presidenta a la tercera con los nueve votos de Ciudadanos, que exigió a cambio la cabeza política de los ex presidentes andaluces. La líder regional del PSOE forzó la dimisión de Chaves, diputado en el Congreso, y de Griñán, senador, antes incluso que se les abriera juicio oral, como establecía el código ético del partido. Díaz precipitó su salida para garantizarse la investidura, y lo anunció sin informar previamente Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Chaves telefoneó a Griñán ese mismo día: “Pepe, Susana nos ha matado. Es como si nos hubiese clavado un puñal”.
Una vez que el fraude ERE se cobró la cabeza política de los ex presidentes -y otros 20 ex altos cargos que hoy les acompañan en el banquillo-, el caso entró en una vía puramente jurídica. El juicio -largo, denso, cargado de tecnicismos y de explicaciones complejas sobre los mecanismos internos de concesión de ayudas públicas- parecía indicar que el caso ERE estaba amortizado políticamente. Las sesiones eran tan largas que el proceso se prolongó más de lo esperado. El PP, que sigue personado en la causa, acusó a Susana Díaz de adelantar las elecciones al 2 de diciembre para evitar que coincidiera con la sentencia del caso. Pero poco después el magistrado que preside la sala, Juan Antonio Calle, anunció en un escrito que el juicio se dilataría hasta final de año, y que la sentencia no se conocería hasta el verano de 2019 (para entonces ya habrían pasado las autonómicas, cuya fecha oficial era marzo de 2019).
Pero volviendo a las coincidencias de los ERE y las campañas en Andalucía, incluso en 2015, el TSJA apostaba por “importunar lo menos posible” ante aquellas elecciones autonómicas cuando, meses antes, se discutía la presencia o no en la causa de los entonces aforados nacionales y autonómicos como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos renunciarnon a sus escaños como diputado y senador, respectivamente, en junio de 2015, una vez pasadas las elecciones de aquella primavera.
En cuanto a los plazos judiciales previstos, una vez pasadas con seguridad las elecciones andaluzas, si tomamos como referencia dos sentencias más o menos recientes como la del caso Gürtel y el fallo del caso de 'la manada', no sería de extrañar que desde el “visto para sentencia” hasta el conocimiento público del fallo pasaran unos cuantos meses. El fallo contra la trama liderada por Francisco Correa se conoció algo más de seis meses después de acaba el juicio, mientras que la polémica sentencia de los abusos sexuales trascendió cinco meses después de finalizar la vista oral. La complejidad del caso ERE, el número de acusados (22) y el conocimiento tardío de la causa del tribunal que debe dictar la sentencia, auguran igualmente unos meses de espera.