Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han vuelto este lunes al banquillo de los acusados del juicio de la pieza política del caso de los ERE para escuchar que la Fiscalía Anticorrupción sigue pensando que tuvieron responsabilidad penal en la instauración y el mantenimiento de un sistema en virtud del cual se produjo un fraude en la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que el Ministerio Público eleva hasta los 742 millones de euros entre 2001 y 2010.
En la presentación de sus conclusiones, la Fiscalía, siguiendo su acusación hecha pública en septiembre de 2016, mantiene su petición de condena para Chaves por un delito de prevaricación (diez años de inhabilitación para cargo público) y para Griñán por un delito de prevaricación y otro de malversación (treinta años de inhabilitación y seis años de cárcel). En el mismo sentido se ha mostrado el abogado del PP andaluz, que ha mantenido su acusación contra 21 de los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, insistiendo en varios argumentos ya expuestos y al encontrar “reprochable penalmente” la actuación, principalmente, de los antiguos responsables de Hacienda.
Ausentes desde el pasado 17 de abril en el juicio con el beneplácito del tribunal, los dos exdirigentes y los otros 20 acusados (que no están siendo juzgados por el delito de asociación ilícita que pedía el PP andaluz) de las consejerías presuntamente implicados en la causa han vuelto a la Audiencia de Sevilla para estar presente en la presentación de las conclusiones de todas las partes después de varios meses de prueba pericial y, en última instancia, prueba documental.
En ese sentido, el fiscal anticorrupción ha expuesto las modificaciones a su escrito de conclusiones provisonales sobre los hechos tras estos meses de juicio, anunciando este lunes, como novedad más destacada, que retira únicamente la acusación al exsecretario general técnico de Hacienda (acusado al inicio del juicio de un delito de prevaricación por el que se le pedían diez años de inahabilitación) y manteniendo sus acusaciones contra “el resto”, como luego ha coincido el PP al “asumir plenamente” la exposición de los fiscales. Los populares, por otra parte, han pedido que los acusados sean condenados al pago de las costas, anunciando en ese punto la reserva de poder llevar a cabo acciones si la actuación planteada por la Junta de Andalucía, tras retirar la petición de responsabilidad civil contra los enjuiciados, no cuenta con la autorización de la Consejería de Hacienda.
El Ministerio Público ha dicho que el Gobierno de la Junta “articuló un sistema de ayudas” a través de la Consejería de Empleo para la concesión de ayudas “al no existir regulación específica de la materia” y ha relatado de nuevo los hechos según su entender.
La Fiscalía al inicio del juicio solicitó una pena de diez años de inhabilitación para ocho de los acusados por un delito de prevaricación. Éstos son el expresidente de la Junta Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el exviceconsejero y exconsejero de Hacienda José Salgueiro, el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.
Asimismo, pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente y exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán, la exviceconsejera y exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez por un delito de prevaricación y otro de malversación.
Para el tercer grupo de investigados, a los que la Fiscalía acusa también de delitos de malversación y prevaricación, la petición de condena es de ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación. Entre éstos se encuentran los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, los ex secretarios generales técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado y los ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete.
En el turno de Manos Limpias, acusación popular como el PP, su abogado ha comentado que tanto Manuel Chaves como el exjefe del servicio jurídico Francisco del Río Muñoz, por su prestancia y por sus cargos, pudieron ser “en no pocas veces consultados e informados de los hechos” pero que “no pasa de ser una sospecha”, por lo que ha decidido retirar la acusación frente a Chaves y Del Río en su integridad.
Además, “existiendo para esta acusación dudas jurisprudenciales y doctrinales sobre la concurrencia de los tipos de malversación en su modalidad de sustracción y, eventualmente, de malversación en su modalidad de alteración de fines, y en proscripción de la lesión gratuita a los acusados tras las dudas que nos siembra jurisprudencia posterior a la fecha de nuestro escrito de conclusiones provisionales”, retira “por prudencia y por los argumentos detallados que se darán por vía de informe, la acusación por malversación frente a todos los acusados”.
Tras las conclusiones, las partes expondrán sus informes finales, más extensos, en los que argumentarán según lo visto en el juicio por qué mantienen sus acusaciones y defensas, una exposición para la que el fiscal prevé que necesite tres o cuatro sesiones y el PP-A un par de ellas ya que las acusaciones deben acreditar los indicios de delitos que ven en cada uno de los 22 procesados. Posteriormente será el turno de las defensas, cada una centrada en su cliente, y tras ello el tribunal dará a los acusados un turno por si quieren ejercer el derecho a una última palabra.