La jueza Alaya cifra el desvío de fondos de los ERE en 855 millones de euros. Así se lo hizo saber el verano pasado al Tribunal Supremo en su exposición razonada. Según la investigación, es el dinero público total malversado (presuntamente, hasta que se demuestre en juicio), aunque el PP lo llegó a elevar hasta los 1.400 millones.
Lo enrevesado de la causa, que lleva instruyéndose más de cuatro años y en la que son investigados decenas de ex altos cargos, empresarios, sindicatos, intermediarios, intrusos, abogados, comisionistas, etc., hasta los 263 imputados, está dejando de lado una cuestión que las defensas de algunos imputados están tratando de hacer llegar tanto a la jueza como a la opinión pública: unos 700 millones de esos 855 se corresponderían con prejubilaciones legales. Con ello, se debería dejar fuera de la instrucción a las empresas, sus responsables y asesores, y las tesis acusatorias contra ellos quedarían desmontadas.
En el fondo de esta denuncia subyace el convencimiento y la certeza demostrable, según dichas defensas, de que la instrucción de los ERE está “viciada desde su origen” como consecuencia de una serie de “errores jurídicos y contables incuestionables”, “consolidados” durante la instrucción y que serían en su mayor parte atribuibles a Alaya, a juicio de las defensas.
“Es la madre del cordero”, apuntan fuentes de algunos imputados, que han hecho llegar ya a la jueza algunos escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, donde intentan hacer ver que la Junta de Andalucía sigue hoy por hoy asumiendo el coste de las pólizas de seguro de renta a trabajadores prejubilados (unos 6.000), es decir, las ayudas sociolaborales que se investigan y que la Administración andaluza concedió en el ejercicio de sus competencias.
Los beneficiarios de esas ayudas, aseguran las mismas fuentes, son los empleados que se adelantaron a su jubilación ordinaria y no las empresas, por lo que, según su tesis, los 855 millones malversados en los que se fundamente su instrucción no son tales. Todo lo más serían 152 millones, añaden. La cifra, según coinciden con la investigación, se correspondería con la suma del resto de las 'patas' del caso: unos 12 millones para 'intrusos' (prejubilados falsos), 74 millones de ayudas a empresas y unos 66 millones entregados a mediadoras. En estos números, según resumen las fuentes, “estamos todos de acuerdo”.
Pero las fuentes se centran en las prejubilaciones legales. No consta, según indican, que se haya interesado por ninguna de las partes el reintegro de lo efectivamente percibido por los trabajadores de la suscripción de aquellas pólizas ni se les censura por ello a las aseguradoras, denuncian las fuentes, pero no se debería seguir considerando como menoscabo ilícito los importes de las pólizas cuestionadas.
Como consecuencia de ello, se tendrían que rebajar las responsabilidades pecuniarias a las decenas de imputados (millonarias en muchos casos). Algunos de estos imputados creen que durante la instrucción se confunde como obligaciones a cargo de las empresas el coste de los procesos de extinción de relaciones laborales, “un coste que nunca tendrían que soportar y que delata un error que distorsiona el alcance económico de los fondos públicos comprometidos”.
Millonarias fianzas de responsabilidad civil
“No se debe pasar por alto que los mayores procesos financiados objeto de la investigación corresponden a empresas en concurso de acreedores, insolventes, incluso para pagar los 20 días de indemnización”, señalan las fuentes. Se trata de Delphi (240 millones), Faja Pirítica (180), Santana (60), Boliden (60) y la Naval (30), que suman 570 millones. El resto de las empresas implicadas alcanzarían los aproximadamente 700 millones a los que aluden las fuentes.
Las defensas de algunos imputados sostienen que si el dinero recibido por prejubilados legales no es considerado destinado a un fin espurio, en ningún caso puede ser exigido a ninguno de ellos, por lo que habría que revisar las responsabilidades civiles excluyendo las sumas que perciben los prejubilados legales.
Aunque sin entrar en el fondo, la Audiencia de Sevilla ha anulado ya fianzas civiles millonarias impuestas por la jueza Alaya, por ejemplo, y entre los más conocidos, a Magdalena Álvarez y su segundo en Hacienda en los 90, José Salgueiro. El exconsejero Antonio Fernández tiene el 'honor' de tener la de mayor cuantía (807 millones), seguido del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de 686 millones.
Añaden las fuentes que no se tiene tampoco en cuenta que las primas de las pólizas objeto de investigación incluyen el coste de los convenios especiales (en torno al 20% de las primas abonadas) que permitió a cada trabajador, y sigue permitiendo, mantener su cotización a la Seguridad Social hasta su jubilación. Estos importes no habrían sido ingresados por los trabajadores beneficiarios de las ayudas en la caja de la Seguridad Social, sin que conste que haya interesado su rescate por la Junta.
Consideran que si, por el contrario, Alaya estima que todas las prejubilaciones son ilegales, la jueza debería haber suspendido ya su abono y reclamado su devolución. “¿Por qué no se pide el dinero a los que lo tienen?”, se preguntan, “se recuperaría ipso facto”. El hecho de no hacerlo es indicio de “posible prevaricación”, apuntan. Y van más allá: “Si se ha llegado a comprar la paz social, como se dice en muchos autos, rómpala llamando a los prejubilados”.
Alaya debería reclamar su devolución
En definitiva, indican las fuentes, que si las prejubilaciones (al margen de los intrusos, empresas, comisionistas e intermediarios) son legales, más del 90% del dinero sobre el que se apoya la instrucción no ha sido malversado, por lo que esta debe anularse y levantarse las fianzas. Si no se corrigen los presuntos errores, valorarán la presentación de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto de la instrucción de la jueza Alaya, ya que estaría perjudicando arbitrariamente a terceros.
Los afectados denuncian que las fianzas por responsabilidad civil han sido calculadas sobre los 855 millones de euros supuestamente malversados, lo que conllevaría que la jueza igualmente hubiera reclamado a todos los prejubilados su devolución. Al no haberlo hecho, aquellos reclaman que se les levanten las fianzas. “Si, como sostiene la jueza Alaya, nosotros hemos colaborado en la concesión de las prejubilaciones que son ilegales, razón por la que se nos han impuesto fianzas millonarias, igualmente a los prejubilados se les debería haber solicitado la devolución del dinero recibido de forma ilegal, o, al menos, no deberían seguir cobrándolo, cosa que a día de hoy siguen haciendo con normalidad. Y si esto no ocurre, es señal de que todo es legal. Por lo tanto, exigimos que se nos levanten las fianzas”, explican las fuentes.
Estos imputados, en resumen, piden a la jueza Alaya que reclame el supuesto dinero malversado a todos los prejubilados y corte con los pagos que se siguen haciendo, o que dé una explicación de por qué no lo reclama. Y que, de no hacerlo, levante las fianzas impuestas. Sospechan que la jueza sería incluso consciente del posible error cometido, pero entiende que su rectificación acabaría desprestigiando el trabajo realizado y desmoronando su tesis. “De ahí su huida hacia adelante con continuas ampliaciones del caso y negándose a que la causa se divida”, añaden las fuentes.
Argumentan los afectados que se podría aplicar en este caso el artículo 122 del Código Penal, tal como se ha hecho con la infanta Cristina o la exministra de Sanidad Ana Mato, a quienes, solo por el hecho de ser beneficiarios a título lucrativo de un delito, la Fiscalía les ha reclamado la devolución de las cantidades de las que se han beneficiado hasta el resarcimiento del daño causado. A ese respecto, piden a la Fiscalía que reaccione también ante esta circunstancia, y si, como sostiene Alaya, las prejubilaciones fueran ilegales, exija su devolución a los miles de prejubilados que, sin ser responsables del supuesto delito, se han beneficiado de su comisión.
Martes, 7 de abril: caso ERE en Madrid, Granada y Sevilla
En lo estrictamente judicial del caso de los ERE, después de que hace unas semanas trascendiera que los exconsejeros Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo habían sido citados como imputados por el TSJA, este martes, 7 de abril, por la mañana se dará una circunstancia excepcional. Y es que hasta cuatro consejeros coincidirán declarando en tres tribunales de justicia diferentes en Madrid, Sevilla y Granada.
El mismo día que Ávila estrene el caso en el TSJA granadino, será interrogado José Antonio Viera en el Supremo y la jueza Mercedes Alaya interrogará en la capital andaluza al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al de Innovación Martín Soler, así como a los exdirectores de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Agustín Barberá y Juan Márquez; y a los exdirectivos de la agencia IFA-IDEA Manuel Enrique Rodríguez, Francisco Mencía Morales y Miguel Ángel Serrano Aguilar.