¿Cuántas exhumaciones de fosas del franquismo se han denunciado en juzgados andaluces? Apenas una cuarta parte de los 40 trabajos arqueológicos que arrojaron restos de víctimas del alzamiento gopista. En Andalucía, hay más de 600 sepulturas de la guerra civil y la dictadura. ¿El resultado de las denuncias? Carpetazo a las investigaciones. En alguna ocasión, el juzgado territorial ordenó el levantamiento del material óseo. En otros, abrió diligencias previas que acabaron sobreseídas. Como muestra, diez casos en los que tribunales ignoran crímenes de desaparición forzada.
Para el juez territorial en el que recaiga el trámite, la aparición de personas con signos de muerte violenta no es motivo de juicio. La autoridad judicial suele escudarse en la Ley de Amnistía de 1977, en la teórica prescripción de los actos represivos (son considerados delitos comunes y no de lesa humanidad) o que, por el tiempo transcurrido, no exista a quién imputar el crimen. Ha ocurrido así en las últimas denuncias por aparición de víctimas del franquismo en Encinasola (Huelva) y Coria del Río (Sevilla). Antes, hubo precedentes similares en El Marrufo (Cádiz), Cañete la Real (Málaga), Zalamea la Real (Huelva), La Puebla de los Infantes (Sevilla), Víznar, Órgiva e Íllora (Granada) o Almería.
“No existiría a quién exigir responsabilidad penal”, alega el Juzgado de Aracena
Después de varios años de búsqueda, Juan Landero apareció en la finca municipal Dehesa La Atalaya. Landero fue asesinado en 1936, poco después del estallido golpista, y en presencia de su familia. La búsqueda, promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Coria (ASREMEHCO) con la participación de la dirección general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, concluyó con éxito y el caso recibió el protocolo establecido para exhumaciones públicas: denuncia a la autoridad policial. El Juzgado Número 1 de Coria ordenó el levantamiento de los restos. También abrió diligencias previas, que cerró días más tarde. No consumó ningún tipo de investigación.
El Juzgado Número 2 de Aracena, sobre la fosa de Encinasola, basó el sobreseimiento de la causa en que “no existiría a quién exigir responsabilidad penal al haber transcurrido más de 70 años”, según el auto emitido por la jueza titular. La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), con el apoyo económico de la Diputación de Huelva, había localizado cinco cuerpos en labores dirigidas, como en Coria, por la arqueóloga Elena Vera y el antropólogo forense Juan Manuel Guijo. La denuncia, en esta ocasión directamente en sede judicial, se realizó el pasado 20 de noviembre. “Aún llegándose a calificar los hechos como la más grave de las infracciones contra la vida humana, asesinato, éstos habrían prescrito por el transcurso de más de 20 años”, abunda la magistrada en una resolución fechada el 11 de febrero.
Sin embargo, una actuación emblemática como la del cementerio de San Rafael en Málaga nunca ha sido llevada a la justicia. Con la participación de todas las administraciones públicas, desde la local a la estatal, se exhumaron 2.840 víctimas de las más de 4.500 que albergaba la considerada mayor fosa común de España. El caso, aún en la actualidad, sigue sin pisar juzgado alguno. A principios de mayo, por otro lado, en la fosa común del cementerio de El Madroño (Sevilla) se localizan 29 personas arrojadas en un sepulcro de unos dos metros de ancho por once de largo, en un trabajo promovido por la dirección general memorialista, el Ayuntamiento local y AMHyJA en el que no se descarta encontrar más restos humanos “en las superposiciones de los cuerpos”. La comunicación judicial llegará en unos días, una vez finalizado el informe técnico extraído del enterramiento colectivo.
La aparición de asesinados durante la guerra civil no desemboca en una investigación judicial
En el Barranco de Víznar, la Junta de Andalucía fue la primera institución del Estado que, en julio del 2013, comunicó a un juzgado evidencias de crímenes franquistas. La Administración Autonómica calificó la actuación de “paso histórico” y repitió el proceso en Cañete la Real (Málaga). La intención era que la judicatura interviniese y ordenase las exhumaciones, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Todo lo contrario, los casos acabaron siendo archivados. Como en el sepulcro de Tocón, en Íllora. El Juzgado de Loja ordenó el levantamiento de los restos. Se espera, hasta ahora, un paso más de la justicia.
El periplo judicial de los crímenes franquistas en Granada tiene parada también en Órgiva. La aparición de “un cráneo con un claro impacto de bala con orificio de entrada y salida” lleva al Ayuntamiento a comunicar los hechos. Corría el año 2003 y se trata, recuerda el coordinador del grupo memorialista de CGT, Cecilio Gordillo, de “la primera denuncia de este tipo en una de las primeras exhumaciones públicas durante la que mantuvimos contacto directo con la consejería de Justicia de la Junta de entonces”. La Policía Judicial traslada los restos óseos a la capital granadina para su estudio. Al final, el juez sobresee el caso. En el año 2006, una excavación en Zalamea la Real descubrió los cuerpos de un matrimonio ejecutado en julio del 37. Eran Rosario Palmar y Francisco Caballero. Tras informar a la Guardia Civil, el proceso recayó en el Juzgado de Aracena. Sin resultado, hasta hoy.
El caso no prosperó, como en La Puebla de los Infantes (Sevilla), con una denuncia de familiares de cinco asesinados que se recurrió ante el Juzgado de Lora, que la había sobreseído previamente. En Almería, en 2009, la información llegó hasta Naciones Unidas donde los promotores de las tareas exhumatorias fueron “recibidos por el Alto Comisionado para Desapariciones Forzosas, los familiares y el abogado, Pablo Gutiérrez”, indica el arqueólogo Juan Luis Castro. Había aparecido una víctima del franquismo. A día de hoy “no hemos recibido contestación”, subraya. También hubo denuncia en la fosa del cortijo El Marrufo. Allí se buscaron más de 600 asesinados aunque sólo han llegado a rescatarse hasta ahora 28 víctimas. “La jueza”, recuerda Castro, dijo que había “prescrito el delito”, que ahora forma parte de la denominada Querella Argentina que investiga crímenes cometidos en España desde 1936 a 1977.