Nuria Velázquez (Stop Biogás Mar Menor): “Vemos que hay un binomio de las plantas con la industria cárnica y nos preocupa”

“Falta voluntad política”. Es una de las ideas que repite una y otra vez Nuria Velázquez, portavoz de la Plataforma Stop biogás Mar Menor, a lo largo de la entrevista. Farmacéutica de profesión y con décadas de experiencia en el activismo medioambiental del Mar Menor, lleva varios meses centrada en el estudio de los reglamentos de las plantas de biogás para informar a sus vecinos, acudiendo a plenos municipales y ayudando con las alegaciones para evitar que la empresa Enagás levante una planta de biogás de 70.000 metros cuadrados en el municipio.

Nuria lanza algunas advertencias: estas infraestructuras pueden tener un efecto llamada y convertirse en “argumento” para autorizar macrogranjas en una zona que está en el entorno del Mar Menor, “con el riesgo ambiental que conlleva”, y “dañarán el turismo”; pero, sobre todo, “tendrán un impacto directo en los núcleos poblacionales más cercanos”, así como el Hospital de Los Arcos, a solo tres kilómetros de distancia. Se enteraron de la intención de construir la planta a través del BORM, a mediados de noviembre, y fue cuando empezaron a moverse. La planta colinda casi pared con pared con varios vecinos: “Presentamos hasta 1.400 alegaciones a la Dirección General de Medio Ambiente y al Ayuntamiento”.

¿Cuál es la situación actual del expediente?

En todo este tiempo hemos hecho dos intervenciones ciudadanas en plenos del Ayuntamiento de San Javier y nos hemos reunido con algunas formaciones políticas del municipio (todas salvo el PP, en el equipo de gobierno, y Vox) y de San Pedro del Pinatar, que es otra localidad ribereña colindante. Este jueves participamos en el pleno, y el PSOE presentará una moción en contra de la planta. Nos preocupa mucho el trasiego de camiones que habrá por la zona, al menos setenta al día, transportando toneladas de residuos. Esto afectará al turismo, la hostelería y la restauración, que son el motor para el empleo de nuestros municipios en el Mar Menor.

En Los Alcázares también nos hemos reunido con el concejal de Medio Ambiente y presentarán alegaciones por la proximidad de la planta (está a una distancia de tres kilómetros) con su hospital de referencia, el de Los Arcos, que asume una población de cinco municipios. Tiene asignadas 130.000 personas, que estarán potencialmente afectadas por la circulación de tantos camiones. Además, este tipo de plantas gestionan un cóctel de gases, con presencia de biometano o partículas amoniacales que pueden permanecer mucho tiempo en suspensión. Manejar las proporciones adecuadas es complejo y si hay desajustes pueden producirse accidentes. Tener un hospital tan cerca es peligroso, tanto para los trabajadores como para los enfermos.

Decís que la planta de San Javier es ilegal.

Efectivamente. Lo es porque está a menos de dos kilómetros del centro poblacional de Casas Blancas, que pertenece al término municipal de Murcia. Y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia señala que no pueden construirse a menos de dos kilómetros de distancia de un núcleo habitado. Sin embargo, el Consistorio de San Javier no ha tenido en cuenta en el estudio de integración ambiental al de Murcia. De hecho, podrían incurrir incluso en un delito de prevaricación.

En San Javier se intentó sacar adelante una reforma del PGOU en 2014; se hicieron algunas alegaciones y finalmente, decayó. Por eso nos seguimos rigiendo por la normativa de los años 90. Lo que estamos pidiendo es que si en 2014 se manifestó que la intención era incorporar las mismas distancias recogidas en el PGOU de Murcia, que se haga una modificación para proteger a los vecinos. Estamos observando falta de voluntad política.

¿Qué pasos quedan todavía por dar para poder autorizar la planta?

En la Concejalía de Urbanismo de San Javier el primer paso que se tuvo que dar fue hacer un informe positivo para darle a la finca, que es rústica, un uso industrial. Creemos que se equivocaron desde el principio porque se incumplían las distancias.

El Ayuntamiento de Murcia, en cambio, declaró incompatibilidad con la de Baños y Mendigo porque solo había dos kilómetros de distancia con un núcleo urbano. Nuestro temor es que el alcalde siga con su discurso y declare favorable el expediente de utilidad pública, que es el último trámite que quedaría por realizar antes de autorizar la obra.

En principio, las plantas de biogás podrían parecer algo positivo al ser una fuente de energía renovable e insertarse en un modelo de economía circular, ¿dónde está el foco del problema?

Para empezar, en nuestro caso, hay vecinos colindantes con la finca donde se ha proyectado la planta. Hay 25 vecinos que verán su día a día muy condicionado si se da luz verde a la infraestructura. Pero además, a 75 metros hay una industria de construcción de invernaderos y a 50, una pista de aproximación de un aeródromo, donde ya ha habido algún accidente de avionetas. Imagina si se estampa un aparato con alguno de los biodigestores.

En los alrededores hay un centro de gestión de residuos en terreno municipal y va a gestionar el contenedor marrón de cinco municipios. Es decir, que ya estamos siendo responsables con nuestros biorresiduos y los de otros cuatro municipios más. Asumimos nuestra cuota, pero no vemos que tenga sentido que asumamos otro proyecto de una empresa privada. Además, con nuestros biorresiduos no habrá suficiente para la planta y tendrán que traerlos de lejos, generando un impacto en la huella de carbono.

¿Por qué teméis el efecto llamada de macrogranjas?

Estamos convencidos de que pasará. En Casas Blancas y Sucinas, término municipal de Murcia, hay un terreno de 200.000 metros cuadrados comprado por una empresa cárnica y que está a solo dos km de la planta de biogás. Tenía licencia y se estaba usando como granja de madres y lechones. Se tuvo que cerrar por la Ley de Protección del Mar Menor porque estaba contaminando el acuífero, pero tenemos miedo de que la quieran reactivar al estar cerca de la planta de biogás, que además quedaría a nueve kilómetros de la laguna salada.

La planta de San Javier estará a pleno rendimiento en 2027, y tratará 150.000 toneladas anuales de residuos ganaderos, ¿hay alguna otra proyectada en la Región con una situación igualmente comprometida?

Otra situación bastante compleja es la que tienen en Fuente Álamo. Allí, además, está más avanzada. Es inmensa y podría gestionar hasta dos millones de toneladas de biorresiduos al año. Ya ha informado la empresa de que con las macrogranjas que hay instaladas en la zona solo podrán alimentar un tercio de la capacidad de la planta proyectada. Y eso que es el segundo municipio con más macrogranjas de la Región. Aquí, de nuevo, nuestro miedo es ese efecto llamada para instalar nuevas granjas porcinas en el entorno del acuífero.

La que quieren construir en Molina de Segura es más pequeña. Allí han dicho que no se usarían purines, sino los residuos de algunas fábricas de la zona. En Mula se echó para atrás el informe de compatibilidad de la primera que se propuso porque hubo un error con el tema de las distancias, pero se baraja otro espacio y están viendo si hay afección por ser una zona de protección ambiental.

Podríamos decir que la Región ha experimentado una especie de boom del biogás desde el pasado año, ¿a qué achacáis este fenómeno?

Por un lado, diría que no se quiere perder la inyección económica de los fondos europeos, que finaliza en 2027. Por ejemplo, en la planta de San Javier alrededor de 13 millones de los 35 que cuesta la inversión vienen de dinero público. Solo la construcción de las plantas es un negocio en sí. Y, por otra parte, la industria cárnica se ha subido al carro. ElPozo se ha convertido en la segunda cárnica de toda España. Vemos que hay un binomio de las plantas con la industria cárnica y eso nos preocupa.