Contundente informe y contundente rueda de prensa de CCOO de Andalucía contra la gestión del sistema de la dependencia en Andalucía por parte del Gobierno de la Junta. “Trabas”, “incapacidad”, “incumplimiento de la ley”, “colapso”, “indefensión” de las familias, “dejadez”, “desidia”, etc. Las representantes sindicales, con su secretaria general a la cabeza, no han ahorrado en calificativos negativos para definir cómo viene desarrollando el Ejecutivo autonómico la cobertura a a casi 300.000 personas dependientes en la comunidad autónoma que vienen siendo atendidas por un colectivo de 92.000 empleadas (la mayoría son mujeres) sobre cuyas “espaldas” se carga el trabajo.
“El Gobierno de Moreno está poniendo en quiebra el sistema con decisiones unilaterales”, ha resumido Nuria López, que ha anunciado movilizaciones el próximo 26 de octubre (a sumar a las previstas por el propio sector) y ha acusado al presidente de “saltarse a la torera la ley”, advirtiendo de listas de espera “ocultas” y de pretender “limitar el acceso” a muchas personas dependientes con una nueva Orden en trámite que incrementaría en “más del 50%” el copago que tiene que asumir las familias para ser beneficiario del derecho a la atención. “Muchas no van a poder pagarlo”, ha advertido López, quien ha pedido ampliar los mínimos exentos de copago.
Es de recordar que desde el pasado mes de marzo existe en Andalucía un nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones con el que la Junta pretende conseguir “un alto impacto en los plazos de tramitación” pero que, de momento, lo que ha provocado es que en los primeros ocho meses del año se haya registrado una caída de 8.716 personas a las que se ha reconocido su derecho. También ha aumentado el tiempo de espera para acceder a la prestación, según reconoció hace unas fechas la consejera de Inclusión Social, Loles López.
La secretaria de Política Social y Migraciones, Rosa Berges, y la secretaria de Condiciones de Trabajo, Yolanda Carrasco, han sido las encargadas este jueves de presentar los contenidos del informe, basado en datos oficiales y que pretende llamar la atención. Ambas, al igual que López, han puesto el foco también en el llamado 'Decreto de Simplificación Administrativa' y en la “preocupante” tendencia de la Junta de “derivar” las prestaciones denominadas complementarias, de las que se hacen cargo las familias dependientes para sufragar los gastos derivadas del acceso a una residencia o centro de discapacidad, “pasen a ser permanentes”.
Berges ha incidido en las “trabas” para pedir la dependencia de forma telemática, lo que ha podido hacer que el número de solicitudes haya decrecido en los dos últimos años pese al envejecimento de la población, achacando el “problema en la gestión” a la “externalización” de un servicio del que antes se ocupaba la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). Habría unos 25.000 “expedientes hechos pero sin registrar”, ha expuesto la sindicalista.
El 37% del total de prestaciones vigentes en Andalucía se corresponden con el servicio de ayuda a domicilio (155.969 prestaciones), el 31,8% con la teleasistencia (única prestación para casi un tercio de los beneficiarios del sistema) y el 19,6% de se corresponde con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (el 27,4% de las personas con grado III de dependencia reconocido sólo tienen esta prestación), según ha destacado Berges, quien ha alertado de las 60.000 personas que llevan esperando más de seis meses pese a que la Ley de Dependencia establece ese plazo como máximo para el reconocimiento de un derecho que existe en España desde 2006. De acuerdo a los datos analizados por CCOO, 33 personas fallecieron al día en Andalucía el pasado años sin haber llegado a ser atendidas
Nuria López ha denunciado la “falta de voluntad política” desde entonces por “distintos gobiernos”, si bien ha cargado las tintas sobre el actual Gobierno de la Junta al generar un “cimbreo muy importante” y un “daño brutal” al sistema y a sus usuarios. La líder de CCOO en Andalucía ha acusado incluso a la administración andaluza de tener “listas ocultas” donde saber “cuándo se hace efectivo” el derecho de las personas dependientes.
“Triquiñuelas para enjuagar las listas de espera” y “camuflar” la realidad, ha resumido, lamentando la “selva burocrática” y denunciando que la Junta “aminora” su aportación para “poner en las familias el sustento del modelo”, ha comentado desde el punto de vista de la financiación del sistema, que en 2011 y 2012 gestionó el propio Juan Manuel Moreno cuando ejercía de secretario de Estado de los Servicios Sociales en el Gobierno de Mariano Rajoy. Según López, el aumento de financiación por parte del Estado no se ha visto correspondido ni por un aumento de la financiación de la Junta de Andalucía ni por un aumento suficiente del precio público de los servicios, ni de la ratio de estos, ni de plazas disponibles.
Yolanda Carrasco, por su parte, ha considerado “urgente” la ampliación de las ratios de personal y la ampliación de las plantillas en todo el sistema tanto el empleo público como el de los servicios concertados. La situación actual “no permite una atención personalizada y de calidad” porque, sobre todo, las personas trabajadoras “no tienen suficiente tiempo”.
La representante sindical ha alertado de riesgos por la sobrecarga de trabajo y asunción de tareas de otras categorías profesionales causados por “el incumplimiento de las ratios marcadas en la normativa y de las RPT” en los centros, o por la no sustitución de bajas, o vacaciones, lo que “obliga al personal a asumir más carga de trabajo y tareas de las que les corresponden”. También ha lamentado la “exposición a riesgos psicosociales causados por la sobrecarga de tareas” o “las exigencias emocionales del puesto”.
CCOO ha denunciado también el “alto porcentaje de contratos a tiempo parcial” y “el exceso de horas extra por la práctica habitual de las empresas de incumplir las ratios y de no cubrir bajas, vacaciones, etc.”, acusando a la Consejería de Inclusión Social de “no velar” por que las normativas en este sentido se cumplan, lamentando asimismo “salarios en general bajos”, especialmente en los servicios externalizados, que están directamente ligados a los precios públicos que impone la Junta.
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