El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto procesos diferentes para cada una de las 51 personas imputadas por la ocupación de la Corrala Utopía. Se les acusa de un delito de usurpación del inmuble propiedad de Ibercaja en la avenida de las Juventudes Musicales de Sevilla, ocupado desde mayo de 2012 y que fue finalmente desalojado el 6 de abril del pasado año. Es decir, en principio habrá 51 juicios. La ley lo permite aunque, según fuentes del caso, la creación de medio centenar de procesos va claramente en contra del principio de economía procesal. Y ejemplifican: una familia que ocupó una vivienda se someterá a tres juicios diferentes, uno por cada persona imputada, a pesar de estar viviendo en el mismo lugar.
La ocupación y posterior desalojo dio lugar a una importante controversia entre los socios de gobierno en la Junta de Andalucía pero no se quedará atrás la complejidad del asunto en su aspecto judicial, a tenor de las decisiones de la jueza. La instructora decidió abrir un procedimento abreviado para cada una de las personas imputadas aunque los hechos sean los mismos (la ocupación del inmueble) y el denunciante también (Ibercaja, que retiró la acusación particular, parece que no ha renunciado a la responsabilidad civil por los daños en el mismo). Los imputados han ido siendo notificados del procedimiento judicial en su contra. Un auto para cada persona y 51 juicios diferentes.
La jueza considera que existen indicios para sustentar la imputación de un delito de usurpación de inmuebles para cada persona, previsto y penado en el artículo 245.2 del Código Penal. Este criterio es el mismo que el del fiscal, que, en sus correspondientes escritos de conclusiones provisionales, solicita una pena de multa de cuatro meses con cuota diaria de seis euros por el mencionado delito de usurpación, lo que hace un total de 720 euros.
La instructora, en su día, no motivó la decisión de abrir diferentes procesos contra los imputados, añaden fuentes del caso. En uno de los autos de la jueza señala que hay otras personas implicadas en los mismo hechos pero que tienen causas independientes. “En unión de otra serie de personas por las que se sigue causa independiente”, dice en concreto.
Según las mismas fuentes, la jueza podría estar intentando facilitar una conformidad y que no se celebren finalmente los juicios. Es decir, si todos los imputados fueran al mismo juicio sólo podría haber conformidad si todos ellos estuvieran de acuerdo, ya que en el momento hubiera una persona que no se conformara habría que celebrara el juicio para todos. Las fuentes apuntan quizá a una posible motivación política o mediática, porque haciendo 51 juicios la repercusión en la prensa sería mucho menor. El caso es que la jueza concluye que está todo instruido y que deben seguirse los trámites para su enjuiciamiento por un juzgado de lo penal.
Algunas de las partes que defienden los intereses de los imputados (un par de letrados llevan a varios imputados agrupados y otros muchos tienen asignados abogados de oficio) no recurrieron la decisión de la jueza en su momento, aunque otros sí lo hicieron, principalmente por la vulneración del principio de economía procesal que podría suponer, como se ha explicado, pues coinciden hechos y denunciante.