Salud pública
Semanas de desencuentros, reuniones y movilizaciones en la calle han cristalizado en el primer gran acuerdo, cifrado en 180 millones de euros, entre los sindicatos sanitarios y la Junta de Andalucía para reformar la atención primaria. Se trata de un pacto inédito hasta la fecha por su importancia. CSIF, UGT, CCOO y SATSE han plasmado su firma en el documento presentado por la Consejería de Salud, mientras que el Sindicato Médico ha sido el único representante de la mesa sectorial que no se ha sumado. Argumentan que el acuerdo es una “tomadura de pelo” porque no solventa la brecha salarial de los profesionales de los ambulatorios con respecto a los de los hospitales.
El titular que explica la relevancia del pacto, pendiente aún de la firma protocolaria en un acto que está organizando el Gobierno regional, es que los sindicatos ha logrado acabar en apenas dos meses y medio con la orden que abría la puerta a la privatización de la atención primaria. Lo que parecía imposible cuando en marzo la orden se publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y el Ejecutivo de Moreno Bonilla vendía las bondades de la modificación normativa, se ha acabado produciendo en mayo, justo a las puertas de unas elecciones municipales, con la marcha atrás de una regulación que establecía, por primera vez en la historia, el pago por derivar servicios de atención primaria a la medicina privada.
Empezando por esta cuestión, se trata de una de las principales claves del acuerdo entre las partes. Si en marzo la orden establecía que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) podía hacer uso de la sanidad privada previo pago por ella, modificaciones posteriores -tras la presión ejercida por los sindicatos y los partidos de izquierdas- fueron matizándola. En primer lugar, se estableció que solo se usaría la medicina concertada en caso de “emergencia” y finalmente se ha optado por eliminar cualquier referencia a la sanidad privada en la atención primaria ya que algunos sindicatos consideraban el concepto “muy amplio”. La orden establecía que se pagaría a la privada por usar sus instalaciones 65 euros en el caso de una consulta médica, 150 euros si la consulta era con un especialista, 90 euros las siguientes y 215 euros en el caso de que la vista fuese a un centro de alta resolución.
Finalmente, y tras seis reuniones en las que se ha abordado este asunto y los sindicatos han reclamado a la Junta de Andalucía un plan integral para mejorar el colapso asistencial que padecen los ambulatorios y sus profesionales, la sombra de la privatización parece que se aleja de la primaria, al menos de momento. La situación seguirá como hasta ahora y la orden se limitará a actualizar los precios que sí paga el SAS por usar los servicios privados en el caso de los hospitales. Algo que sucede desde hace décadas y que estaba desactualizado desde 1998.
La segunda clave del acuerdo pasa por un aumento en el personal de los centros de salud. Aunque el incremento es limitado, según reconocen desde la mesa sectorial, se asume positivamente el gesto de la Consejería de Salud. Se aumentan en 441 el número de administrativos, 411 enfermeras familiares, 44 trabajadores sociales, 8 coordinadores, 570 fisioterapeutas, 204 terapeutas ocupacionales, 150 logopedas, 8 podólogos, 411 enfermeras escolares, 69 psicólogos clínicos, 21 psiquiatras, 8 enfermeros de salud mental y 91 nuevas plazas de enfermas gestoras de casos, en total en toda Andalucía.
Al mismo tiempo, Salud se compromete a renovar los 12.000 contratos de refuerzo, que aún quedan de la época de la pandemia de la Covid-19. La mayoría finalizan sus vinculaciones este mes de junio, pero el Ejecutivo regional pretende alargar su permanencia en el sistema público andaluz hasta septiembre (todo el verano) y a partir de entonces negociar de nuevo para poder alcanzar la estabilización de unas plazas que los sindicatos y los profesionales consideran esenciales para aligerar la presión asistencial.
El tercer pilar sobre el que se construye este pacto para la atención primaria tiene que ver con la reforma de las consultas. Se mantienen dos aspectos que ya se acordaron entre el SAS y el Sindicato Médico Andaluz como son las continuidades asistenciales y la limitación de agendas. Las continuidades asistenciales permiten que los médicos puedan trabajar por las tardes de forma voluntaria, pero lo harán con unas agendas limitadas a 35 pacientes como máximo en horario de mañana y 25 de tarde en el caso de los galenos de cabecera y 25 tanto de mañana como de tarde si se trata de pediatras.
Al mismo tiempo, Salud va a aumentar la importancia de las enfermeras para las consultas de acogida, con el fin de limitar las visitas médicas que han de hacer los profesionales. Por otro lado, se propone limitar los cupos que tienen que atender los médicos a un máximo de 1.300 usuarios. Estos cupos son especialmente elevados en zonas de Almería, Málaga y Sevilla y la voluntad de sindicatos y Junta de Andalucía es que no se pase de 1.300 usuarios como máximo por médico. Lo que no aclaran es cómo pretenden conseguirlo si no se establece un aumento de plantilla, según se preguntan fuentes de la mesa sectorial.
El último gran eje del acuerdo pasa por la carrera profesional. Este complemento, que los sanitarios cobran en función de su experiencia acumulada y los méritos aportados, fue desarrollado para todas las categorías en la primavera de 2022, después de 15 años de lucha sindical. Hasta entonces, solo lo percibían médicos y enfermeras, pero desde esa fecha todo el personal sanitario tiene derecho a ella, siempre y cuándo hayan trabajado cinco años como mínimo en el SAS.
Los sindicatos han conseguido que Salud elimine la necesidad de acreditar los méritos a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) para poder tener derecho a cobrar este complemento. Ahora se podrán también sumar los servicios prestados y percibir un porcentaje de la carrera que será del 100% cuando el profesional haya acumulado 30 años de experiencia en el SAS. Este cambio es notable porque, según fuentes sectoriales, las acreditaciones de la ACSA eran “complejas” y algunas categorías tenían serios problemas para acceder.
Más allá del acuerdo, llama la atención que todos los sindicatos de la mesa sectorial se hayan sumado, salvo el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que representa al 95% de los médicos y médicas en Andalucía. Esta sección sindical había estado en sintonía con Salud hasta hace unos meses, pero diferentes situaciones han roto el entendimiento. El SMA y Salud llegaron a un pacto en enero que evitó una huelga, que limitaba las agendas y que ha sido incluido en este acuerdo, y hace solo un año hicieron lo propio ampliando las continuidades asistenciales en la atención primaria. Sin embargo, se niegan a firmar este pacto porque lo consideran una “tomadura de pelo”.
Fuentes de este sindicato consideran que se comete un “agravio comparativo” entre los médicos de primaria y los de los hospitales porque Salud se niega a equiparar sus salarios. Según sus datos, un médico de ambulatorio puede llegar a ganar entre 6.000 y 8.000 euros anuales menos que su homónimo hospitalario. Por último, lamentan que el documento que ofrece la Junta de Andalucía “no concreta medidas”, sino que es una recopilación de “buenas intenciones”: “Quieren reducir los cupos y limitar agendas, ¿pero cómo pretenden hacerlo si maltratan a los médicos de primaria y no se apuesta por contratar más?”. En realidad, en este último aspecto coinciden con el resto de sindicatos. No obstante, los firmantes aseguran que han querido garantizar la no privatización de la atención primaria.
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