La selección pública de fármacos se ha convertido en uno de los pilares de la política de contención del gasto farmacéutico andaluz. El Ministerio de Sanidad prevé impedir rebajas en el precio industrial de los medicamentos a no ser que las mismas se hagan en toda España, lo que entraría en conflicto con la subasta de medicamentos aprobada en Andalucía, recurrida hasta tres veces por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
Pero, exactamente, ¿de qué se trata? Aquí damos las claves sobre la subasta andaluza de medicamentos:
¿Qué es?
La subasta de medicamentos es, básicamente, una medida de ahorro. Su objetivo es comprar a gran escala aquellos medicamentos que más suelen ser prescritos en la red sanitaria pública para conseguir reducir el gasto farmacéutico y contribuir a bajar el déficit impuesto. Se trata de ajustar el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión.
¿Cuántas subastas se han hecho?
Hasta ahora se han realizado dos convocatorias públicas de selección de medicamentos. La primera afectó a los tres grupos más consumidos: protectores gástricos, estatinas para controlar el colesterol y antiagregantes plaquetarios. En la primera subasta 11 laboratorios fueron seleccionados, de los que siete decidieron retirarse del proceso. Cuatro siguieron adelante (Industria Química Farmacéutica VIR, Uxafarma, Medinsa y Auribindo). En la segunda, mucho más amplia, se incluyeron 330 principios, aunque solo se han adjudicado 207. Otras 11 firmas se han presentado a dicha subasta. Salud ha insinuado en alguna ocasión la existencia de presiones desde el Gobierno Central hacia estos fabricantes.
¿Cuánto se ahorraría y por qué?
Con el nuevo planteamiento, el Servicio Andaluz de Salud se hace con el margen de beneficio que hasta ahora obtenían las oficinas de farmacia de la negociación con sus proveedores para identificar una marca concreta y no otra. Ahora es la subasta el mecanismo que identifica esa marca. En los tres subgrupos de medicamentos de la primera subasta la sanidad autonómica gasta anualmente unos 235,5 millones de euros. La caída de 7 de los 11 laboratorios supuso un freno al concurso. Aun así, la subasta realizada con los cuatro laboratorios que siguieron adelante y su concurrencia generó a Salud un ahorro de 44 millones.
Con la segunda subasta, la Junta de Andalucía previó un ahorro de entre 96 y 200 millones de euros anuales. Finalmente, se han adjudicado 207 presentaciones con las que la Junta prevé ahorrar 84 millones de euros al año. Cuando la consejera María Jesús Montero presentó la norma, anunció que podría generar unos ahorros anuales de 244 millones. De momento, el ahorro puede cifrarse en cerca de 130 millones de euros. El capítulo total del gasto farmacéutico andaluz ronda los 2.500 millones de euros. El objetivo es comprar por este método el 50% del total. El resto, por tratarse de medicamentos sujetos a patente, no pueden incluirse.
¿De dónde viene?
Cuando el Gobierno andaluz aprobó en diciembre de 2011 el Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Farmacia, se convirtió en la primera administración en establecer la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública. La asfixia financiera y el límite del déficit animaron a impulsar nuevas fórmulas. La idea venía fraguándose desde el año anterior y supuso una diferencia entre el Ministerio de Salud, entonces dirigido por Leire Pajín, y la Administración andaluza. Antes de iniciar el camino, Salud quiso contar con el apoyo de los Colegios de Farmacia, pero no lo consiguió. Las negociaciones con el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos no fructificaron.
¿Qué experiencias similares hay?
Ninguna. En términos exactos es la primera en España. La compra negociada de medicamentos respetando los precios de referencia sí existe desde hace tiempo entre los servicios de farmacia de los hospitales. Por tanto, a otro nivel, esta fórmula existe para muchos medicamentos de uso hospitalario.
Si las decisiones judiciales no lo frenan, uno de los temores para el Gobierno central es que la fórmula se extienda. Andalucía también fue mirada con lupa y tuvo en contra a los profesionales médicos y la industria en bloque cuando fue el primer servicio de salud en establecer la Prescripción por Principio Activo. Hoy, esa medida está asumida por todas las comunidades autónomas y no se cuestiona.
¿Por qué se critica?
Tanto Farmaindustria, la patronal del medicamento que agrupa a los laboratorios innovadores, como la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), que reúne a los fabricantes de genéricos, se han opuesto a la medida. Creen que se invaden competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado y que este tipo de medidas marginan a la industria innovadora, la que más gasta en investigación.
Los colegios de farmacéuticos y las patronales de la distribución han criticado la medida por considerar que rompe la unidad de mercado y pone en riesgo la equidad en el acceso de la ciudadanía a los medicamentos. La Administración sanitaria central lo ve como un asalto a su competenciales exclusivas a la hora de fijar los precios de los medicamentos. Además, estos sectores han lanzado sospechas sobre la capacidad de algunos laboratorios para garantizar el abastecimiento o han querido cuestionar la calidad de los mismos.