La propuesta de dictamen de la comisión de investigación sobre las irregularidades con subvenciones de formación profesional para el empleo, que debe elaborar el presidente de la misma, el diputado Julio Díaz (C's), no será entregada a los comisionados de los cinco grupos hasta el 6 de febrero. En principio debía haberles hecho entrega de la documentación este 31 de enero, pero se ha acordado, a petición de Julio Díaz, darle este margen de menos de una semana.
Se da la circunstancia de que los grupos tenían previsto contar con este dictamen, sobre el que luego debían hacer sus enmiendas para elevarlo al pleno, en vísperas de la reanudación del periodo de sesiones. De hecho, este 1 de febrero comienza el primer pleno de 2017, marcado por la agria polémica por las movilizaciones contra la política sanitaria, de lo que tendrán que responder tanto el consejero, Aquilino Alonso, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la sesión de control.
Cabe recordar que el pasado año cada grupo presentó su propuesta de dictamen poniendo las responsabilidades políticas en distintos niveles: desde el máximo del PP-A que apuntaba a Susana Díaz hasta el mínimo del PSOE-A que no ve ninguna, sólo deficiencias administrativas en un caso que califica de “bluf”. Que C's también considerara que había responsabilidades política, en el dictamen que presentó cada uno de los grupos, ha generado cierta expectación sobre dónde pondrá el límite el presidente de la comisión de investigación, habida cuenta de las buenas relaciones que este partido mantiene con el PSOE-A desde el pacto de investidura.
En todo caso, el nuevo plazo para que los grupos presenten modificaciones sobre el texto que les entregue Julio Díaz la próxima semana será el 27 de febrero. Este dictamen se votará en una reunión que tendrá lugar el 6 de marzo y se ha previsto que el mismo se eleve a la Mesa de la Cámara. Será este órgano el que decida si el debate de dicho dictamen se incluye en el orden del día del pleno de los días 29 y 30 de marzo.