La comisión de investigación de la formación decide 69 comparecientes sin fijar el orden todavía

Un total de 69 personas, encabezadas por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y sus predecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha sido elegido este viernes para comparecer en la comisión de investigación creada para depurar posibles responsabilidades políticas en el fraude de la formación, sin que todavía se haya decidido una de las cuestiones más polémicas: el orden por el que serán citados los comparecientes.

Entre los elegidos hay 33 cargos públicos, principalmente, exconsejeros, directores generales, jefes de servicio de Formación Profesional para Empleo y delegados provinciales con estas competencias en el periodo investigado (desde 2002 hasta la fecha), igual que los interventores. El testigo protegido del caso (el funcionario Teodoro Montes) y uno de los principales investigados (el exconsejero y empresario Ángel Ojeda) figuran también en la elección, donde hay un alumno de los cursos, representantes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de la extinta Faffe y un sindicalista, así como algún otro perceptor de las subvenciones.

El listado ha sido aprobado por la mayoría de los cinco grupos con representación en el Parlamento de Andalucía que integran la que es la décima comisión de investigación que se constituye en la institución y supone el doble de comparecencias que en la que tuvo lugar hace tres años, la del caso ERE, cuyo trabajo en este sentido se prolongó por más de seis meses. Para decidir este listado, los grupos han estado reunidos desde las 10.00 horas, por lo que han sido más de ocho de intenso debate, con algún receso.

Cabe recordar que cada grupo presentó un listado con sus propuestas, siendo el más extenso el del PSOE-A, con 275, dado que incluyó a todos los beneficiarios de subvenciones; mientras que el PP-A propuso 96; C's, 145; Podemos, 36; e IU, 58. Dado que muchos nombres se repetían, sumaban más de 300 diferentes, que han sido vistos uno a uno con las razones de cada partido para proponerlos, salvo los que venían de un único proponente que se han descartado automáticamente para acelerar la cosa. Ya están los definitivos para la primera ronda de comparecencias. este sentido, el presidente de la comisión de investigación, el diputado de C's, Julio Díaz, ha dicho que en pocos días habrá otra reunión donde se debatirá el orden con el que serán convocados.

La mayoría de la oposición quiere primero a los interventores

Se trata ésta de una cuestión conflictiva, dado que tanto el PSOE-A como C's están presionando para que la primera en declarar sea Susana Díaz, lo que la mayoría de la oposición (PP-A, Podemos e IU) entiende como un intento de evitar que tenga que dar explicaciones sobre las revelaciones que hagan otros comparecientes. Como por ejemplo, los interventores que eran los primeros que toda la oposición -incluido C's- había decidido en la reunión del pasado 19 de enero que fueran citados de manera independiente mientras que se daban de plazo hasta el 26 para presentar el resto de sus propuestas y debatirlas este viernes. Sin embargo, tal y como adelantó eldiario.es/andalucia, esta orden fue paralizada, como pretendía el PSOE-A que amenazó con impugnarla, por decisión de los letrados, porque no se habían especificado los nombres.

Se da la circunstancia de que este sábado el PSOE decide la fecha de su próximo congreso y dependiendo para cuándo se fije la comparecencia de Susana Díaz podría o no tocarle en las proximidades del cónclave pasar por la comisión de investigación. De momento, la cuestión ha quedado sobre la mesa para una próxima sesión para la que Julio Díaz no ha puesto todavía fecha. En todo caso, el PSOE-A no ha conseguido, como quisiera, su intención de apuntar fuera: se llamará a Fátima Báñez y a una consejera del Tribunal de Cuentas, pero no a representantes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ni a consejeros de otras comunidades autónomas del PP, ni tampoco munícipes de esta formación, todo ello en su listado.

Este viernes sí se han especificado los nombres de los interventores, cuestión nada complicada de resolver, puesto que son públicos. El PP-A, Podemos e IU esperan que finalmente sí sean los primeros en ser llamados, tanto el interventor general de la Junta de Andalucía como los ocho provinciales, “porque hay que cumplir con lo aprobado en la reunión de la comisión de investigación pasada”. En estos términos se han expresado desde IU, que ha sido la primera formación en hacer declaraciones tras la extensa reunión. Lo ha hecho su portavoz Elena Cortés, quien ha celebrado que de las 58 comparecencias propuestas por IU, estén 49, por lo que su listado “ha concitado un consenso razonable”. De hecho es la formación que más grado de coincidencia ha logrado si se mira proporcionalmente.

En cualquier caso, la diputada ha considerado que la decisión de este viernes “tiene una descompensación” porque faltan beneficiarios de subvenciones que ellos han constatado que eran “empresas fantasma o empresas pantalla”. Por el contrario, “hay mucha más presencia de altos cargos y técnicos al servicio de la Junta de Andalucía, que es positivo, pero no equilibrado”. Tampoco le ha gustado que no se haya decidido el orden -más allá de que confía en que los interventores sean los primeros- porque hubiera sido “lo razonable, como se hizo en la del caso ERE, para establecer por dónde empezamos”. De hecho, ha explicado que “la sesión ha acabado de manera abrupta” cuando se iba a hablar de esto. Eso sí, IU tiene una propuesta para el orden de las intervenciones: que se empiece por los interventores, luego los primeros funcionarios y, en función de la responsabilidad política que se vaya revelando, comenzar de menor a mayor con estos cargos públicos.

Como estaba previsto, en el caso de Susana Díaz, el PSOE-A ha votado en contra de que sea convocada, mientras que lo han sacado adelante el PP-A, Podemos y C's, e IU se ha abstenido. Como también lo ha hecho la coalición de izquierdas en el caso de Fátima Báñez, donde el que ha votado en contra ha sido el PP-A, mientras el resto se ha pronunciado a favor y han conseguido que se escribiera su nombre. Los citados están obligados a acudir, pero no a declarar, y de hecho, en la comisión de investigación del caso ERE, hubo muchos que se acogieron a este derecho.

Por su parte, los representantes del PP-A en la comisión de investigación, Teresa Ruiz-Sillero y Miguel Ángel Torrico, han lamentado que, a pesar de que su propuesta era “la indispensable”, de sus 96 peticiones sólo se han incluido 48 comparecientes porque “C's sigue las instrucción del PSOE-A”, según han criticado en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. “El PSOE-A miraba a C's dando instrucciones y C's obedecía”, ha apostillado. Es más, la primera ha censurado que C's, tras un receso de la reunión, ha intentado que personas que ya habían sido aprobadas no se incluyeran entre los comparecientes, entre ellas el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE-A), administrador de una de las empresas que se han beneficiado de estas subvenciones (El Paraíso), pero ante la amenaza del PP-A de levantarse de la mesa, se ha dado marcha atrás en esta petición. En cambio, no han logrado convencer con su propuesta para llamar a Fracisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo imputado por el caso ERE. En su día este hombre dijo: “Lo de los ERE no era nada comparado con los cursos”.

Mientras, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez, de cuyo grupo se han aceptado una treintena de los propuestos en la larga relación, ha insistido en que debían comparecer los representantes de todas las entidades que hubiera recibido subvenciones de más de un millón de euros, pero se han tenido que conformar con la lista que ha configurado la mayoría. Eso sí, no ha valorado la posibilidad de que Susana Díaz sea la primera en ser citada, que es precisamente donde está el centro de la polémica.

Por su parte, el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, ha considerado que el listado es correcto, y ha criticado a Podemos e IU porque, en su opinión, el resto le “ha hecho el trabajo”, precisamente porque estos dos grupos apostaban por ir directamente a técnicos que han tenido el control de primera mano de las subvenciones en lugar de centrarse tanto en los políticos, como ha ocurrido finalmente.

Listado completo de comparecientes

Éstas son las personas que componen el listado de comparecientes con los cargos que ocupan u ocupaban:

  1. Susana Díaz, presidenta de la Junta Andalucía y secretaria general del PSOE-A, exconsejera de Presidencia y exsecretaria de Organización del PSOE-A.
  2. Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía.
  3. José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Economía y Hacienda.
  4. Luciano Alonso, exconsejero de Educación, Cultura y Deporte, con competencias en la formación.
  5. Antonio Ávila, exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia, cuando su departamento tenía las competencias en formación.
  6. Juan Bouza, exdelegado provincial de Empleo en Cádiz.
  7. Manuel Brenes, director general de Formación Profesional para el Empleo en el periodo investigado.
  8. Carlos Cañavate, director general de Formación Profesional para el Empleo en el periodo investigado.
  9. Jorge Cara Rodríguez, secretario general de Formación Profesional para el Empleo en el periodo investigado.
  10. Aurora Cosano, exdelegada provincial de Empleo en Sevilla.
  11. Antonio Fernández, consejero de Empleo 2004-2010.
  12. Antonio Fernández Ramírez, delegado provincial de Empleo en Córdoba en el periodo investigado.
  13. Teresa Florido, directora director general de Formación Profesional para el Empleo en el periodo investigado.
  14. Manuel Jesús García Martín, director general de Formación Profesional para el Empleo en el periodo investigado.
  15. Antonio González Marín, director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el periodo investigado.
  16. María José Lara González, directora general de Formación Profesional para el Empleo en el periodo investigado.
  17. Gaspar Llanes Díaz-Salazar, secretario general de Empleo.
  18. Juan Carlos Lomeña, delegado provincial de Empleo en Málaga en el periodo investigado.
  19. Marina Martín, delegada provincial de Empleo en Granada en el periodo investigado.
  20. José Martínez Iglesias, secretario provincial de la Delegación Provincial de Empleo de Huelva en el periodo investigado.
  21. María Moreno Herrerías, directora general de Evaluación, Control y Calidad del SAE.
  22. Mar Moreno, exconsejera de Educación.
  23. Manuel Muñoz García, delegado provincial de Empleo en Huelva en el periodo investigado.
  24. Ángel Ojeda, exconsejero y empresario.
  25. Francisca Pérez Laborda, delegada provincial de Empleo en Almería en el periodo investigado.
  26. Manuel Recio, exconsejero de Empleo.
  27. Antonio Rivas, exdelegado provincial de Empleo en Sevilla.
  28. Irene Sabalete, exdelegada provincial de Empleo en Jaén.
  29. Andrés Sánchez Hernández, director general de Empleabilidad y Formación Profesional.
  30. José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, Empresa y Comercio.
  31. María José Simó, secretaria general del SAE.
  32. Antonio Toro, director de la gerencia del SAE.
  33. José Antonio Viera, consejero de Empleo 2000-2004.
  34. Isabel Almendros, jefa de servicio de la Dirección General de Formación de Málaga.
  35. Teresa Arrieta, interventora adjunta al interventor general de la Junta de Andalucía para fondos europeos y subvenciones.
  36. Magin Bolívar, jefe de servicio de la Dirección General de Formación de Granada.
  37. Magdalena Carril, jefa de servicio de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.
  38. Juan José Castillo, interventor provincial de Almería.
  39. Nieves Chao Serrano, interventora provincial de Cádiz.
  40. Juan José Delgado Utrera, interventor provincial de Málaga.
  41. Antonio Escudero Miralles, interventor provincial de Córdoba.
  42. Daniel Fito García, jefe de servicio de la Dirección General de Formación de Sevilla.
  43. Miguel Ángel García Bermúdez, interventor provincial de Huelva.
  44. Adolfo García Fernández, interventor general de la Junta de Andalucía.
  45. Noelia García Lucena, jefa de servicio de la Dirección General de Formación de Granada.
  46. Manuel Gavilán Jiménez, jefe de servicio de la Dirección General de Formación de Córdoba.
  47. María Dolores Genaro Moya, consejera del Tribunal de Cuentas.
  48. José Ángel Gil Flores, jefe de servicio de la Dirección General de Formación de Huelva.
  49. Carmen Gómez Laguillo, jefa de servicio de la Dirección General de Formación de Sevilla.
  50. Pedro González Gámez, interventor provincial de Jaén.
  51. Miguel Gutiérrez Pedrosa, interventor provincial de Granada.
  52. Victoria López Gutiérrez, interventora provincial de Sevilla.
  53. Rocío Marcos Ortiz, Intervención General de la Junta de Andalucía.
  54. Blas Méndez Capel, jefe de servicio de la Dirección General de Formación de Almería.
  55. Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta Andalucía.
  56. José Luis Valentín Martos, jefe de servicio de la Dirección General de Formación de Jaén.
  57. Antonio Vidal Agarrado, jefe de servicio de la Dirección General de Formación de Cádiz.
  58. Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.
  59. José Gutiérrez Muñoz, exdirector gerente del consorcio Andalux Formación Integral Industrias Ocio mijas (Málaga).
  60. Luis Marqués, exgerente de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe).
  61. Javier Martín Redondo, alumno de curso de Cárnicas Zumaquero.
  62. Joaquín Morales, director de Organización y Sistemas de Faffe.
  63. Fundación Forja XXI.
  64. María de la O Ustarán, presidenta de la UTE CIOMIJAS.
  65. Fernando Villén Rueda, exdirector general de Faffe.
  66. José María Pérez, empresario vinculado a cursos para los trabajadores de Delphi.
  67. Gonzalo Rodríguez Nevado, administrador de El Paraíso y alcalde de Punta Umbría (Huelva) con el PSOE-A.
  68. José Sivianes, Formación Integral para el Empleo.
  69. Federido Fresneda, extesorero de UGT-A.