El exinterventor general de la Junta de Andalucía Adolfo García ha defendido este martes, en la comisión de investigación sobre el fraude con subvenciones de formación creada en el Parlamento de Andalucía, la respuesta “contundente e inmediata”, e incluso “fuera de lo habitual”, de su departamento tras saltar a finales de 2012 la primera alarma por irregularidades porque se lo advirtió el interventor provincial de Huelva, Miguel Ángel García.
Y ha incidido en tres cuestiones que son polémicas para la oposición: hay “riesgo de menoscabo de fondos públicos”, porque no puede decir que se haya producido dado que se centra en los expedientes que no han prescrito; la legislación de la Junta de Andalucía en la materia es “especialmente exigente” y quizá por ello no se ha cumplido siempre, descartando la “impensable” hipótesis de que esté ideada para el fraude; y las exoneraciones son una “figura garantista”.
Ha comenzado recordando que desde ese primer aviso en 2012, encargó en 2013 informes especiales a los ocho interventores provinciales sobre expedientes desde 2009, que son los que no han prescrito. De ellos derivaron en 2014 unas recomendaciones para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la gestión de estos fondos públicos. En todo caso, en 2015 tuvieron que desembocar en nueve informes de actuación, que es una medida extraordinaria que supone un segundo nivel de exigencia, porque dichas recomendaciones no se estaban implantando. De hecho, en 2016 la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio acaba de dar su informe de conformidad con estas exigencias a la interventora provincial de Sevilla, Victoria López, tal y como ella ha revelado también este martes.
Esos estudios que encargó a los interventores provinciales como medida “preventiva” porque vio un “riesgo” tras la denuncia de Huelva, se han hecho con una muestra de 527 expedientes en las ocho provincias, es decir, un 12,5% del total y por un importe de 119 millones de euros, de los que se han abonado a los beneficiarios 78. En todo caso, hay que recordar que los interventores provinciales que han declarado previamente en la comisión de investigación han puesto el énfasis no ya sólo en la falta de medios para un estudio de este nivel, que hacían por primera vez, sino tambien en que el SAE no les facilitó toda la documentación para ello. La explicación recurrente del SAE, según han trasladado, es que las competencias en la materia han pasado por varias consejerías los últimos años.
El propio exinterventor general ha aceptado esta explicación cuando ha dicho que dentro de la administración se dice coloquialmente que “un cambio de competencia con movilidad de expedientes conlleva un pequeño incendio”, a lo que la portavoz de IU en la comisión de investigación, Elena Cortés, ha replicado que “esto era el coloso en llamas”. E incluso le ha preguntado si el hecho de que 18 juzgados iniciaran diligencias por este fraude “sea culpa de una mudanza”. También la portavoz del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, ha ironizado con esta metáfora porque con estos traspasos de competencias “se han causado dos graves incendios en la formación”. La popular ha ido más lejos cuando ha sugerido que uno fue causado por el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otro por su sucesora, Susana Díaz, “en su afán de tapar las irregularidades” con la “pérdida de documentación”.
En cualquier caso, con todo este trabajo del cuerpo de interventores se espera del SAE que verifique si se han justificado debidamente las subvenciones que todavía podrían reclamarse si hubiera incumplimiento. Es decir, las concedidas entre 2009 y 2011, cuando fue la última convocatoria porque desde entonces la Junta de Andalucía no ha hecho más tras estallar este escándalo. En este sentido, el compromiso era una nueva convocatoria para 2015, que finalmente se ha dejado para el primer trimestre de este año sin que todavía se haya hecho pública.
En este contexto, el paso de Adolfo García por la comisión de investigación, con muchas respuestas en las que manifestaba que “lo desconozco”, se ha centrado en defender la labor de su departamento, más que en hablar de las “irregularidades” e incluso “relajación” en los controles del SAE, como sí ha hecho la mayoría de los ocho interventores provinciales que le han precedido en esta primera ronda en un órgano que busca posibles responsabilidades políticas desde 2002.
“Tenemos que vanagloriarnos de eso”, ha comentado Adolfo García sobre esta labor, incidiendo en que se ha aplicado el “modelo anglosajón”, más centrado en seguir las recomendaciones para que no se repitan las irregularidades, que en el francés, que pone el foco en la fiscalización previa. También ha hecho referencia a su cese, toda vez que fue llamado a comparecer cuando era interventor general, pero días después presentó su dimisión. Ha dejado claro que su renuncia no ha tenido “nada que ver” con el tema. De hecho, ha insistido en que está “muy satisfecho” por el trabajo en una de las intervenciones generales “más eficientes del país”.
Sus tres argumentos
Por otra parte, Adolfo García ha matizado una de las cuestiones en las que los grupos de la oposición están haciendo especial hincapié: si ha habido o no menoscabo de los fondos públicos. Hasta el momento, la mitad de los ocho interventores provinciales que ha comparecido considera que sí se ha producido, entre otras cosas, porque hay dinero de expedientes previos a 2009 en los que si se hubiera dado una irregularidad en la justificación del gasto, es un dinero que ya no se puede reclamar porque ha prescrito el plazo, riesgo que corren otros si no se reclaman ya las cuantías. El exinterventor general no ha querido entrar en esto y se ha limitado a los expedientes todavía vivos diciendo que lo que se ha detectado es un “riesgo de menoscabo de fondos públicos” y, en todo caso, individualizado y contabilizado, porque dependería de los expedientes que se vieran afectados.
En segundo lugar, ha considerado que quizá la falta de cumplimiento se ha debido a las normas en la materia son estrictas en Andalucía porque, en su opinión, no tiene cabida que el marco se haya diseñado para el fraude, como ha insinuado por ejemplo el PP-A. “Quizá hayamos subido tanto el listón que hemos tenido dificultades en cumplirlo”, ha comentado en defensa de la Junta de Andalucía. Pero por el contrario, también ha reconocido que el proceso tal vez es “mejorable” cuando Elena Cortés le ha preguntado por qué no se han tenido en cuenta las reiteradas advertencias de los fiscalizadores en esta materia.
En este sentido, la parlamentaria se ha remitido a un informe del Tribunal de Cuentas de 1998 que ya advertía de irregularidades en el proceso de estas subvenciones y a otro de 2007 de la Cámara de Cuentas de Andalucía que también recomendaba cambios en el modelo y que no fueron tenidas en cuenta como el mismo organismo ratificó en otro dictamen en 2012. Se ha preguntado por qué estando estas advertencias, “incluso antes de que hubieran nacido algunos de los que luego fueron alumnos de estos cursos”, no se llevaron a cabo. “Si no se cumplen las recomendaciones de sus informes de actuación, ¿qué ocurre?”, le ha preguntado sobre los dictámenes emitidos con él como interventor general en 2015.
Y en tercer lugar, ha salido a colación otro tema polémico: las exoneraciones, es decir, la concesión de nuevas subvenciones a beneficiarios que no hubieran justificado otras previas, lo que en vez de ser una excepción se convirtió en norma en la Junta de Andalucía. El exinterventor general no ha querido hacer sangre con esto y ha dicho que las exoneraciones son “una figura garantista propia de nuestra administración” y ha explicado que es el gestor órgano -el SAE- el que determina “en qué casos esa barrera que se ha establecido se debe levantar”.
Las preguntas de los diputados
Un momento tenso ha llegado cuando, de nuevo Teresa Ruiz Sillero, le ha preguntado quién sería el responsable político de todo esto -objetivo último de la comisión de investigación- y le ha acusado de ser “tibio” y de no “mojarse como otros interventores provinciales”, que han apuntado a directores generales o secretarios generales, porque no le ha querido contestar. “Los políticos dirán que las responsabilidades son de los funcionarios y no queremos que haya cabezas de turco”, le ha insistido la diputada del PP-A, a lo que él ha contestado: “Sería temerario y no tibio, puesto que no es mi competencia dar opiniones sin evidencia suficiente”.
Por su parte, Marta Bosquet (C's) se ha centrado en el riesgo de que prescriban los expedientes que no se hayan justificado y le ha interrogado sobre si “los andaluces deben hacer un acto de fe” con esto. Es más, le ha preguntado “si existe un registro de expedientes prescritos”, a lo que el profesional le ha replicado que no.
Mientras, desde el PSOE-A, y al contrario que con otras comparecencias más duras de los interventores provinciales, han alabado el “rigor” de la exposición de Adolfo García. La diputada Marisa Bustinduy ha expresado su satisfacción y ha aprovechado incluso para censurar que “algunos partidos hayan intentado distorsionar el papel de la Intervención General (...) como si la Junta de Andalucía no hubiera controlado nada”.
Previamente, habían comparecido los dos interventores provinciales que quedaban, el de Málaga y la de Sevilla. Esta última, Victoria López, ha sido especialmente crítica con el tema. “Todos los expedientes estaban excedidos en el plazo de justificación”, ha dicho sobre los 75 de la muestra que tuvo que verificar en 2013, y donde fue la única de sus siete colegas que optó por “denegar” su opinión -fórmula que le permite la ley- porque consideraba que no tenía documentación suficiente para ello. De hecho, ha criticado, cosa que han hecho también sus homólogos, que no le llegaron los expedientes con toda la documentación, que había incluso carpetas vacías. Pero también “información contradictoria” en los mismos, e incluso detectó irregularidades como que había ciclos que empezaban con un número determinado de matriculados, pero terminaban con menos del 15%, “lo que va contra la norma”, o propuestas de subcontratación de los cursos, lo cual tampoco es legal, si bien ha matizado que, precisamente por esa falta de datos, no puede determinar si finalmente se llevaron a efecto estas ilegalidades.
Ha recordado que ella emitió un informe de recomendaciones que debía asumir el SAE, la más urgente, el inicio del procedimiento de reintegro de las subvenciones en el caso de las subvenciones no justificadas por los beneficiarios y cuyo plazo para hacerlo estaba próximo a caducar o se perdería el derecho a devolver ese dinero a la hacienda pública. Sin embargo, como el SAE “no asumió” esto, fue necesario el mencionado informe de actuación. Con fecha del 14 de febrero de 2016 le ha llegado el documento de conformidad por parte del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, lo que ha calificado de “extemporáneo” por cuanto que sus recomendaciones ya debían haberse implantado.
Mientras, el interventor provincial de Málaga, Juan José Delgado, quien también ha incidido en la “falta de control” por cuanto en los 67 expedientes por él supervisados en 2013 faltaban las actas de asistencia de los alumnos, informes de inserción o visitas de control a los centros de formación. “No se ha cumplido con la legalidad”, ha apuntado, igual que ha criticado la “falta de diligencia” por parte del SAE.