Exhumaciones de fosas comunes y entrada de la Memoria en el currículum educativo. Dos de las patas principales que sustentan la Ley de Memoria Democrática de Andalucía han sido los argumentos principales debatidos en la comisión informativa sobre la tramitación del marco legislativo andaluz. Un texto que, tras una legislatura de parón con el Gobierno nacional del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy (PP), puede servir de ejemplo y abrir camino a otras regiones, como pusieron de relieve varios expertos y colectivos civiles.
La sociedad civil, encarnada en asociaciones de víctimas, historiadores y expertos en diversas materias, ha realizado de este modo sus aportaciones durante la Comisión de Cultura convocada con tal fin. Una de las posiciones discordantes más repetidas queda en la potestad que tendrá la administración autonómica en los procesos exhumatorios, que evita la privatización de estas actuaciones y no quedan así en manos de las propios colectivos ciudadanos. Y la del PP, centrada en la apertura del melón educativo para que la Memoria entre en las aulas, ha quedado huérfana, pues los comparecientes citados por este partido, CSIF y la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos, no han aparecido en el debate.
Reivindicar la intervención en las más de 600 fosas comunes con víctimas de la represión franquista que existen en Andalucía ha sido una petición casi unánime. “Los muertos no descansan en paz”, describe el antropólogo Juan Manuel Guijo, profesional de reconocido prestigio y con múltiples trabajos de apertura de enterramientos ilegales y exhumación de asesinados por las fuerzas rebeldes. “Las víctimas no quieren ningún tipo de venganza, solo justicia”, ha dicho, poniendo como ejemplo el caso de Luis Vega en Paterna de Rivera (Cádiz), que contó eldiario.es Andalucía y aparece como paradigma del terror fundacional del franquismo.
“Ideologizar” vs “ocultar realidades”
“La democracia no debe permitir construir la realidad sobre las víctimas”, subraya el filósofo Manuel Reyes Mate. Una represión en Andalucía que cifró el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, Fernando Martínez, durante su comparecencia: 57.413 ejecutados a manos franquistas por 8.715 en zona republicana. La ley andaluza debe servir “para terminar con esta anomalía democrática” que supone la desmemoria, refiere el exdirector de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo. La preocupación del PP sobre la pertinencia de que el contenido memorialista entre en el sistema educativo ha sido contestada, tras una interpelación directa, por la catedrática de la Universidad de Huelva, Encarnación Lemus: “una cosa es ideologizar y otra ocultar realidades”.
Que la ley recoge las recomendaciones de la ONU fue reivindicado por historiadores y colectivos como la Asociación Nuestra Memoria, que realiza además varias propuestas como “el rechazo” a que el contenido memorialista “estén en la consejería de Cultura” o que se aumente “el ritmo de apertura” de fosas, como piden otra organizaciones, caso del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT, que enumeró “una serie de artículos de la ley que nos suscitan dudas”.
La actualización del mapa de fosas regionalmapa de fosas, reivindicación asumida por la actual dirección de Memoria Democrática de la Junta, ha sido otra petición reincidente y también la apertura de “todos” los archivos para acceso de proyectos de investigación. Una de las claves de la ley andaluza es la ampliación del concepto de víctima del franquismo, un paso que felicita uno de los colectivos afectados y que representa en la Comisión la Asociación por la lucha de madres de Bebés Robados en Andalucía (Alumbra). El PP puso en cuestión que “todos” los niños secuestrados a sus familias “lo fueran por motivos políticos”.
Políticas de memoria... y de comunicación
La represión aplicada por los rebeldes, y la consecuencia criminal oculta en enterramientos ilegales casi ocho décadas después del estallido golpista, ha sido explicada en intervenciones como las del investigador Juan José López y el caso de El Madroño (Sevilla), con 1.041 habitantes en 1936 y que cuenta “57 vecinos muertos, un 5,5% de la población”. “En mi pueblo se han exhumado ahora 35 cuerpos y los familiares están deseando cerrar su dolor”.
Una de las aportaciones novedosas llega de los representantes del grupo de investigación Memoria y Comunicación de la Universidad de Sevilla. Proponen que las políticas de memoria estén acompañadas de un plan de comunicación como instrumento de “sensibilización” social y para “desarrollar la cultura de Memoria Histórica”.
María Garzón, de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, apunta cómo “la legislación internacional dice que los crímenes franquistas lo son de lesa humanidad y por tanto no pueden estar sujetos a prescripción”. Este posicionamiento tiene un freno en la ley de Amnistía aprobada en 1977. Cristina Almeida, en representación de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (Amesde) recuerda a su vez casos como el de Ascensión Mendieta y cómo logra recuperar “los huesos de su padre” por mandato exhumatorio de la justicia argentna y cómo “que lo cuente Wyoming en El Intermedio” hace saltar su historia, apelando así a la necesidad de visibilizar públicamente a las víctimas.