No es la primera vez que la familia Benjumea, propietaria de la multinacional sevillana Abengoa se ve envuelta en escándalos económicos. Ayer martes, el ministro de Economía definió como “poco presentable” la indemnización de más de once millones de euros recibida por Felipe Benjumea. Pagada tras ser desalojado de la presidencia ejecutiva de la empresa días antes de presentar ésta un pre concurso de acreedores.
Pues hace ocho años, exactamente el 16 de marzo de 2007, fue el entonces presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe, el que calificó públicamente de “lamentable” la decisión de la Audiencia Nacional de archivar definitivamente la causa por “administración desleal” y “falseamiento de cuentas” abierta contra Felipe y Javier Benjumea, y otros directivos de Abengoa.
Conthe se manifestó entonces decepcionado, ya que el tribunal tomó dicha decisión porque ninguno de los posibles perjudicados por la supuesta administración desleal (los accionistas de Abengoa) había presentado denuncia, aunque la Fiscalía Anticorrupción sí que insistía en la existencia de un delito.
La causa se remonta al mes de septiembre de 2003, cuando el fiscal anticorrupción David Martínez Madero presentó una querella contra ellos en la Audiencia Nacional, por la operación de compra venta de un paquete del 3,7% de la compañía Xfera Móviles, por 25 millones de euros, a través de una sociedad instrumental perteneciente a los consejeros de la multinacional: Inversión Corporativa.
Según el relato de la Fiscalía, los accionistas habrían comprado el paquete a través de la instrumental. Cuando las expectativas de negocio de Xfera se desvanecieron, le habrían vendido el paquete a Abengoa, de forma que las pérdidas las asumiera la compañía y no los accionistas.
De ahí el enfado y las manifestaciones de Conthe, ya que, dijo entonces, la Audiencia Nacional “no toma en cuenta que … en una sociedad cotizada una posible administración desleal afecta a una pluralidad de personas aunque ninguna denuncie el hecho ante los tribunales”. Añadió que el auto del tribunal era un “pésimo mensaje”, que va en contra “del buen gobierno corporativo”.
Pelotazo inmobiliario
Aquel fue un duro otoño para los hermanos Benjumea, si bien no exento a la vez de suerte,ya que otro escándalo surgido un mes después, en octubre de 2003, tampoco fue denunciado ante los tribunales. Mejor aún para ellos, en este caso tampoco actuó de oficio ninguna fiscalía ni juzgado.
El escándalo, muy airreado en su día, fue destapado por el Ayuntamiento de Sevilla. Se centraba en una operación de recalificación de suelo, que debía financiar el traslado de sus talleres de toda la vida a unas nuevas instalaciones industriales más alejadas del centro de la capital andaluza.
El día 28 de octubre de ese año, el entonces delegado de Urbanismo de Sevilla, Emilio Carrillo, anunció la recalificación de los 300.000 metros cuadrados ocupados por los talleres de Abengoa y la fábrica de cerveza Cruzcampo para dar paso a la edificación de 2.400 viviendas. Sorpresivamente, dos días después, el 30 de octubre, el mismo Carrillo hacia público a través del Diario de Sevilla que el gobierno municipal estudiaba paralizar la recalificación de la parte de suelo propiedad de Abengoa, 41.000 metros cuadrados.
El motivo, explicó, airadamente, era que sospechaban de la existencia de una operación de especulación inmobiliaria escondida tras lo que se había solicitado como traslado de una instalación industrial, que había sido ya rodeada por el casco urbano.
Según el relato de los hechos contado entonces, Abengoa habría vendido dichos suelos a una sociedad propiedad de la familia Benjumea, Inversión Corporativa (la misma sociedad utilizada en la operación de Xfera), por unos 28 millones de euros, en diciembre de 2002. Es decir, apenas cinco días antes de que el ayuntamiento iniciase el proceso de recalificación de los terrenos, privando así a la sociedad de las posibles plusvalías que pasaban a la sociedad familiar. “El Ayuntamiento no permitirá ninguna operación que tenga consecuencias de índole especulativa”, afirmó rotundo el delegado Carrillo.
Aunque la familia Benjumea negó los hechos, y aseguró que los 28 millones pagados por la sociedad familiar a Abengoa a cambio de los terrenos suponían un beneficio de más de 25 para Abengoa, el hecho es que el Ayuntamiento no se echó atrás, y un mes después, el 28 de noviembre, anunció que la parcela de Abengoa ya no podría acoger viviendas, limitandola a usos comerciales y espacios verdes.
Además, Carrillo afirmó entonces que incluso ese uso quedaba supeditado a la “firma de un acuerdo de garantías”, que asegurase que “todas las plusvalías que se generasen en la operación” fuesen destinadas “íntegramente” a financiar las nuevas instalaciones que Abengoa proyectaba en las afueras de la ciudad, su actual sede de Palmas Altas.
Efectivamente, pocas semanas después, el 17 de diciembre, el caso que tanto revuelo y escándalo había generado en la capital sevillana llegaba a su fin, tras anunciar el delegado de Urbanismo que se había logrado cerrar ese acuerdo de garantías que vinculaban los futuros beneficios monetarios al traslado de las instalaciones.
La familia Benjumea pudo entonces concentrarse en defenderse de la imputación por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia nacioanl por el caso Xfera.