La Consejería de Educación del Gobierno andaluz presentó esta semana el nuevo decreto de escolarización con el marchamo de que “había sido negociado” con la comunidad educativa, y contaba con aportaciones y el aval de la misma. Pero la comunidad educativa andaluza, que es muy heterogénea, respondió a las 24 horas con una ristra de denuncias contra el consejero del ramo, Javier Imbroda, al que acusan de haber diseñado un decreto que facilita la matriculación de alumnos en la escuela privada concertada en detrimento de la pública.
Este miércoles, los sindicatos de profesores con más representación, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes han dado un paso más convocando una huelga en el sector el próximo 4 de marzo, tres días después de iniciarse el plazo de matriculación en Andalucía para el próximo curso. “Queremos mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza”, dice el comunicado.
El Consejo de Gobierno aprobó este lunes un nuevo decreto de escolarización, que modifica algunos aspectos del sistema de planificación de la oferta de plazas públicas y concertadas en los colegios de una comunidad con 1,6 millones de alumnos. La norma es menos ambiciosa de lo que había previsto el Ejecutivo de PP y Ciudadanos. En el inicio de la legislatura, los populares firmaron un acuerdo político con Vox para garantizarse el apoyo de la ultraderecha a la investidura de Juan Manuel Moreno, y el punto 14 de ese documento planteaba “eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”.
La implantación del distrito único escolar habría supuesto la asunción del modelo de matriculación que rige en la Comunidad de Madrid, que ha provocado un aumento de la oferta privada concertada y ha duplicado los desplazamientos de familias en coches para llevar a sus hijos al colegio elegido, admiten desde la Consejería de Educación. En la capital madrileña, la oferta de plazas privadas alcanza el 55% frente al 45% de las públicas, mientras que en Andalucía la diferencia es de 23% de la red concertada y 77% de la pública.
Con todo, el nuevo decreto andaluz de escolarización introduce algunos cambios que van encaminados a favorecer las opciones de las familias de llevar a sus hijos a una escuela privada concertada. No es que la norma en sí misma decante a los padres por esa opción frente a la pública, pero sí genera un marco normativo más propicio. Lo que verdaderamente abre la puerta a la progresiva privatización de la enseñanza andaluza no es este decreto, sino la determinación del Gobierno de PP y Ciudadanos de ir adaptando la oferta de plazas a la “demanda social” de las familias. Y esa premisa no depende de una ley andaluza, sino de la legislación estatal en materia de educación que está en vigor (LOMCE), diseñada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esa norma básica blinda los conciertos existentes y prima la demanda de los padres por encima de otros requisitos de planificación educativa, como puede ser la prioridad de la oferta pública frente a la privada concertada.
La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, constituida por las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CGT y Ustea, la Confederación de Asociaciones de padres y madres (Codapa) y el Frente de Estudiantes (FdE) ha puesto en jaque al consejero de Educación con el anuncio de la huelga. La comunidad educativa ya había mostrado su malestar con el intenso debate político en torno al mal llamado pin parental, una exigencia de Vox a los socios del Gobierno andaluz para que las familias adquieran el derecho a vetar determinados contenidos curriculares en los colegios de sus hijos, si los consideran contrarios a sus principios morales. Ciudadanos desechó la medida de plano, en un abierto enfrentamiento con Vox, y luego el PP también declinó desarrollar la iniciativa.
Pero el debate quedó abierto, ignorando que la normativa autonómica y estatal impide a los padres condicionar la metodología de los profesores de sus hijos, y eso acrecentó el cabreo entre los docentes, que vieron cómo el grupo ultraconservador ponía el foco sobre su trabajo. En el comunicado que ha hecho público la plataforma de profesores, estudiantes y padres de alumnos se hace notar ese malestar. “Son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo”, dice la nota, en referencia al decreto de escolarización.
Y continúa: “La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto”. Los sindicatos de profesores, representados en la mesa sectorial de Educación, han pedido un encuentro con el consejero. Denuncian la “discriminación positiva” que el nuevo sistema de escolarización extiende sobre los centros privados concertados, y vaticinan que esto “abre la puerta a la supresión de unidades públicas”.
Es cierto que la Consejería de Educación ha introducido un elemento de corrección en la escolarización para primar la apuesta por la escuela concertada, aunque en la práctica tendrá un efecto muy relativo. A partir de ahora, la Junta asignará un colegio concertado -el más próximo a su domicilio- a las familias en cuya zona de escolarización no haya uno. Así, un alumno que viva en un distrito escolar donde no haya escuelas concertadas recibirá, a partir de ahora, la misma puntuación por domicilio familiar (14 puntos) que el niño que viva enfrente.
El problema es que el 97% de padres que no logra matricular a su hijo en el colegio concertado que ha elegido como primera opción vive en una zona donde sí hay centros concertados. La mayoría de estas denuncias se concentran en los barrios más acomodados de las grandes capitales -Sevilla y Málaga- donde las empresas del sector ven rentable abrir un colegio privado concertado. En esas zonas la oferta de escuelas concertadas es notable, pero a veces la sobredemanda en determinados centros de cierto prestigio popular hace que muchos niños se queden fuera, vayan a un sorteo de plazas e incluso terminen denunciando a otras familias por falsificar los datos de sus hijos para poder entrar. Es algo porcentualmente minoritario en Andalucía, ya que el 93% de los niños logra entrar en el colegio elegido como primera opción (el 9/% si se cuenta la segunda opción). Además, el 82% de los municipios andaluces no tiene colegios privados concertados.
La plataforma de profesores, estudiantes y padres de alumnos asegura que “no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública”.
Por último, afirma que “se hace preciso dejar rotundamente claro” que la aprobación de este decreto “no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto”.
El resto de sindicatos integrantes de la mesa sectorial de Educación -CSIF y ANPE- también han mostrado su rechazo al decreto de escolarización por su “falta” de consenso, toda vez que han anunciado movilizaciones.