La comunidad educativa se rearma contra el Gobierno de Moreno para frenar el “desmantelamiento” de la escuela pública

“En cada pueblo de Andalucía hay protestas en los centros de salud y un AMPA en la puerta de un colegio protestando para que no se cierren líneas”. Es el diagnóstico que hace el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, para referirse a los dos talones de Aquiles del Gobierno de Juan Manuel Moreno: la sanidad y la educación pública.
Esos dos frentes concentran las críticas de los grupos de izquierda en la oposición, que acusan a Moreno de aplicar en sanidad y educación “la misma hoja de ruta” basada en “recortes y privatización”, como señala Susana Rivas, portavoz de Educación del grupo socialista en el Parlamento andaluz. Sin embargo, la contestación social creciente que recibe el Gobierno andaluz en las calles por el “deterioro de la sanidad pública” contrasta con la falta de movilización de la comunidad educativa en Andalucía.
Aun siendo el sector público de mayor peso en la comunidad (la Junta contabiliza a más de 108.000 docentes), las protestas convocadas por los colectivos educativos siguen siendo dispersas y locales, con escasa capacidad de movilizar al profesorado y a las familias, pese a la magnitud de su denuncia: “el desmantelamiento de la escuela pública”. Sindicatos y representantes de izquierdas coinciden en que “no hay ni un solo colectivo que esté satisfecho con el modelo de gestión del Partido Popular”. Y aseguran que “el malestar se respira en todos los colegios de Andalucía”. Pero la “falta de implicación” de la ciudadanía en general ha provocado que ese hartazgo no haya llegado a traducirse en una gran movilización capaz de agitar al Gobierno andaluz.
Con el objetivo de aunar fuerzas y trabajar por conformar ese “gran frente por la educación pública” que dicen echar en falta, las asociaciones de madres y padres de alumnos han convocado una manifestación este sábado 17 de mayo, con una doble cita: en Sevilla (a las 11:00) y en Málaga (a las 12:00). Esta acción cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales como USTEA, CGT y CCOO, así como de los grupos políticos de izquierda con representación parlamentaria, junto a otros colectivos del ámbito educativo. Y con un desafío común: plasmar en las calles el descontento que acumula el sector de la educación con una jornada de protesta masiva.
“El gran olvidado del sistema educativo andaluz”
La convocatoria del próximo sábado pretende aglutinar todo el malestar compartido por el mundo educativo, desde las guarderías hasta los claustros universitarios, con el denominador común de la “defensa de la educación pública” (lema de esta doble manifestación). Además de reclamar reivindicaciones históricas como la bajada de la ratio, en esta ocasión, han colocado en el centro de sus demandas los derechos del alumnado más vulnerable.
“El alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo (NEAE) lleva años siendo el gran olvidado del sistema educativo andaluz y sus familias son víctimas de un maltrato institucional insoportable”, denuncian desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAMPA). “Pedimos un aumento de las plantillas para garantizar una atención a la diversidad real porque la situación del alumnado con necesidades especiales y los profesionales que los atienden es insostenible”, asegura Rocío Begínez, presidenta de FAMPA Sevilla.
En ese sentido, Begínez explica que “la atención al alumnado y sobre todo a quienes más lo necesitan, se hace prácticamente imposible en unas aulas masificadas y en unos centros con un enorme déficit de docentes y especialistas en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje”. A ello hay que sumar que las condiciones de trabajo de estos profesionales son “lamentables”, teniendo que dividirse en varios centros, lo que “repercute en el alumnado más vulnerable, que requiere de una atención más personalizada”, como explica Patricia Alba, secretaria de Educación del PSOE andaluz.
“Las familias se ven obligadas a matricular a sus hijas e hijos fuera de su barrio o su localidad porque no hay especialistas, ni plazas suficientes en las aulas específicas y esa falta de profesionales obliga a las madres, abuelas, tías y hermanas a suplir con su tiempo, esfuerzo y desgaste físico y metal las deficiencias que la administración conoce y no quiere solucionar”, añaden desde las asociaciones de familias convocantes.
De su lado, desde el Gobierno andaluz defienden que, actualmente, el sistema cuenta con “la mayor plantilla de atención a la diversidad de su historia”, integrada por 13.600 profesionales entre docentes, maestros especialistas, orientadores y Personal Técnico de Integración Social (PTIS), lo que supone un incremento de un 34% respecto al 2018. Pero FAMPA considera que esos recursos siguen siendo “claramente insuficientes”, teniendo en cuenta que en el curso 2022/2023 había 144.667 alumnos NEAE y “desde entonces esa cifra ha aumentado”.
La portavoz de Educación del PP en el Parlamento andaluz, María Remedios Olmedo, reconoce que el número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se ha incrementado y que existen “aspectos susceptibles de mejora” en el sistema educativo andaluz. No obstante, se muestra optimista con la situación actual la educación pública: “Yo, como maestra de audición y lenguaje que he sido, sé de dónde venimos y ahora hay más especialistas y recursos que nunca”, destaca. “Probablemente, necesitemos más, pero los recursos son limitados y tenemos que ir adaptándonos a esas necesidades”, añade la parlamentaria popular, incidiendo en que en su Gobierno “no somos para nada triunfalistas, somos realistas”.
Bajar la ratio y dedicar más recursos a la pública
Los sindicatos y demás organizaciones en defensa de la educación pública que secundan esta convocatoria señalan las mismas deficiencias: “Las ratios en las aulas de las grandes capitales y zonas metropolitanas son muy altas, por lo que la atención individualizada del alumnado es imposible”, como expresa Marina Vega, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía. Por eso, defiende que “los alumnos NEAE deberían contar el doble a efectos de ratio para que haya más especialistas o menos niños por aula”.
Al hilo, Alejandra Durán, portavoz de Educación de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, recuerda que “uno de los motivos por los que se moviliza la educación en Andalucía es que el PP rechazó al inicio de legislatura aquella iniciativa legislativa popular para reducir la ratio, que ahora se vuelve especialmente necesaria en un contexto donde el alumnado con necesidades especiales específicas ha aumentado”.
A ello se suma la denuncia del “proceso de privatización encubierta” que sindicatos como USTEA le atribuyen al Gobierno del Partido Popular: “Desde que el PP está en la Junta, se han recortado 2.400 líneas a todos los niveles educativos y eso se ha traducido en que se hayan perdido muchos puestos de trabajo en la pública, mientras los conciertos educativos siguen aumentando”, critica Francisco Fernández, portavoz de Educación de USTEA.
Siguiendo esa línea, Iván Menudo, secretario general de CGT Enseñanza de Andalucía, denuncia que se esté “privatizando el sistema educativo” a base de cerrar miles de unidades “con la excusa de la bajada de la natalidad”, mientras que “los conciertos en la privada se incrementan año tras año”, a base de autorizar nuevos institutos privados de Formación Profesional, más conciertos y más universidades privadas. “Si tenemos problemas de natalidad, es el momento perfecto para bajar la ratio”, sugiere el representante de CGT.
Junto a estas reivindicaciones, exigen que se estabilicen a los docentes interinos –quienes han iniciado esta semana una huelga indefinida– y que los recursos económicos se destinen a mejorar los centros educativos andaluces. “Queremos que esta lucha vaya en contra del desmantelamiento de lo público y en favor de una educación de calidad para todos y todas”, resumen los colectivos convocantes.
Llamamiento a la comunidad educativa
En definitiva, las asociaciones de familias, sindicatos y grupos políticos sostienen que “sobran los motivos” para salir a la calle a defender la educación pública este próximo sábado. Y confían en movilizar al profesorado, a sabiendas de que está “totalmente quemado”. Las familias, por su parte, se declaran “en pie de guerra”, desde el encuentro que mantuvieron con el delegado provincial de Desarrollo Educativo, Miguel Ángel Araúz, el pasado mes de enero.
Según las AMPAS presentes en la reunión, las familias salieron “llorando” porque el responsable las “despreció” al preguntarse “¿para qué quiere un niño con autismo un personal técnico en integración social, para que le enseñe a mover la lengua enfrente del espejo?”. Aquella escena –que la Consejería ha negado– “fue la chispa que nos impulsó a decir basta ya, hay que volver a salir a las calles para hacer ver que esto ya no lo para nadie porque la realidad los ha arrollado”, recuerda la presidenta de FAMPA Sevilla.
Por todo ello, desde las asociaciones convocantes hacen un llamamiento a toda la comunidad educativa, y a la sociedad andaluza en general, para que participen en las manifestaciones convocadas este sábado 17 de mayo. “Esperamos que sea un éxito porque el Gobierno andaluz tome nota y revierta la situación y cambie el modelo de gestión, reconociendo esa educación pública precisamente como el eje vertebrador de la igualdad, de la cohesión, de la democracia”, defiende desde Por Andalucía Alejandra Durán.
En nombre del PSOE, Susana Rivas asevera que su formación “acompañará” a la comunidad educativa en la calle, mientras que “en el Parlamento de Andalucía seguiremos exigiendo al señor Moreno Bonilla y a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que escuche de una vez por todas a la comunidad educativa y que apuesten por una educación pública inclusiva y de calidad”.
Para lograr que esta convocatoria refleje la conflictividad social que se respira en el sector educativo, sindicatos como USTEA están movilizando autobuses desde el resto de provincias: “Queremos que esta movilización sea un éxito y que marque un punto de inflexión para frenar las políticas de recorte de la Junta”, expone Francisco Fernández desde USTEA. Con este llamamiento a la acción, sindicatos y colectivos educativos esperan llenar las calles de Málaga y Sevilla con el mensaje de que hay que cuidar la educación pública por ser la “principal garantía de la igualdad de oportunidades”.
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