El Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga condenó este jueves a cuatro activistas que provocaron desórdenes para evitar que fuese deportado un argelino que temía por su vida si volvía a su país. Los hechos ocurrieron en agosto de 2011, cuando todavía había un CIE en Málaga y se apagaba la protesta del 15-M. El juicio de lo que ocurrió hace siete años reunió en los juzgados de Málaga a cerca de cincuenta activistas malagueños y al propio Sid Hamed Bouziane, el argelino que, tanto tiempo después, sigue en España.
Han pasado siete años desde que todo ocurrió y Bouziane sigue agradecido, así que corrige al periodista: “Sí, me quedé porque me casé, pero también gracias a lo que hizo toda esta gente”. Era agosto de 2011 cuando esa gente acampó frente al antiguo CIE de Capuchinos de Málaga, y consiguió que Bouziane se quedara en España, adonde había llegado en patera tres años antes. Su caso originó protestas y disturbios y este jueves, siete años después, se celebró un juicio contra cuatro activistas a los que el fiscal acusaba de desórdenes públicos, atentado, vejaciones y lesiones.
Cerca de cincuenta activistas (incluyendo las tres concejalas de Málaga Ahora) acudieron a apoyar a los cuatro acusados a la Ciudad de la Justicia de Málaga. Algunos de ellos eran los mismos acamparon en agosto de 2011 frente al antiguo CIE de Málaga, que cerraría poco después y quedaría como un lugar de infausto recuerdo. La acampada era el rescoldo malagueño del 15-M. Plantaron sus tiendas durante 12 días, en plena feria, para protestar contra la orden de deportar a Bouziane, argelino, quien había solicitado asilo político. Bouziane decía temer que si regresaba Argelia sufriría el castigo de las autoridades, pues se había negado a infiltrarse en un grupo terrorista.
Esa era su historia. Hoy Bouziane, de sonrisa tímida y agradable en el trato, dice no querer hablar de esa historia y que prefiere no aparecer en las fotos. “Tenía mucho miedo. Hoy tengo menos miedo, algo ha cambiado en mi país, pero…”. Así que cuenta con detalle lo que ocurrió desde que llegó a la costa de Almería en el año 2008, en una patera con otros 15 argelinos (“Es mejor así, con poca gente. Muchas veces meten más para ganar más dinero”). Tres años después lo identificaron en Sevilla, y emitieron una orden de expulsión contra él. Cuando le volvieron a identificar, en Córdoba, fue directo al CIE de Málaga.
Por entonces Bouziane mantenía una relación con una española, y acababa de recibir desde Argelia la documentación necesaria para casarse. Aquello, dice, fue una suerte. Es probable que de haberlos pedido quince después no los hubiese conseguido. Fue su compañero de piso entonces quien alertó a miembros del 15-M de su encierro e inminente expulsión. Su abogado de entonces, José Cosín, dice que la solicitud de asilo fue rechazada de inmediato, como ocurre generalmente con las solicitudes de argelinos. Quedaron dos bazas: el matrimonio (y pedir residencia por arraigo familiar) y la presión de esa gente.
La boda se celebró en el interior del CIE, la ofició un imam y fue testigo el propio inspector jefe a cargo del centroboda se celebró en el interior del CIE. La presión logró mediatizar el caso con una acampada que duró 28 días. Al final, el Gobierno suspendió la orden de expulsión y Bouziane salió del CIE.
Condena por desórdenes
Si el caso ha llegado hasta hoy es porque, como parte de la estrategia de presión, la mañana del 10 de agosto de 2011 algunos de los acampados intentaron cortar el paso a una furgoneta policial en la que sospechaban que podían llevar a Bouziane. La policía intervino y se produjo un enfrentamiento.
En su día se interpusieron varias denuncias contra los agentes por lesiones, que se sobreseyeron, y tres hombres y una mujer activistas fueron acusados. Según el escrito que presentó el fiscal, “tras sentarse en la vía pública” obstaculizando el paso, “tomaron de una obra cercana sacos contenedores de escombros, arrojándolos al centro de la vía pública, al tiempo que golpeaban a la patrulla policial”. Uno de ellos, según escribió el fiscal, “trató de prender fuego” a un contenedor. Los tres hombres se resistieron y provocaron lesiones que “precisaron sólo una asistencia facultativa”, mientras que ella escupió a un agente, siempre según el escrito de acusación. Por todo esto la Fiscalía pedía tres años y nueve meses de prisión para tres de los acusados, y un año y nueve meses para el cuarto, además de multa.
Pero eso cambió el jueves. El fiscal eliminó de sus conclusiones las supuestas lesiones, el supuesto intento de prender fuego a un contenedor, las pretendidas patadas y los puñetazos y el escupitajo. Sólo dejaba, dijo, el primer párrafo: se sentaron en la vía pública, esparcieron escombros, golpearon “la patrulla policial”. Los acusados se conformaron con la pena de seis meses, que quedó suspendida.
Siete años después, quedó cerrado el caso de los disturbios por la deportación del argelino Bouziane. Hoy tiene 35 años, una hija de cinco, trabaja esporádicamente como camarero en Córdoba y no ha vuelto a su país.