“No podemos comprar comida ni nada. Hace dos semanas vino Cruz Roja, pero ya se nos ha terminado y no podemos ni salir a comprar”. Desde el asentamiento chabolista de Atochares, en Níjar (Almería), Nora describe una situación dramática que viene de muy antiguo. Bajo el mar de plástico, todos lo saben, viven miles de personas que no tienen nada: no tienen papeles, no tienen luz corriente, ni agua potable, y apenas disponen de un techo para resguardarse. El coronavirus ha confinado a estas personas en chabolas miserables sin suministros básicos. Estos días, según cuentan, apenas tienen trabajo. Las entidades denuncian que el coronavirus ha agravado una situación que ya antes era dramática.
“Cogemos las garrafas y las traemos con un carro. Aquí casi nadie tiene coche”, relata Nora, que luego matiza que hay quien está peor, porque también hay grados en la miseria: en Atochares tienen cerca un punto de abastecimiento de agua, explica. No es potable, pero les vale para asearse.
No lo instaló el ayuntamiento, sino algunos individuos poco antes de que estallara todo. “Hace meses, una organización regaló 400 metros de tubería de polietileno y los propios habitantes cavaron la zanja, hicieron la acometida y pusieron dos puntos. Una acción de cuatro horas de trabajo y 300 euros de material sirvió para facilitar un bien tan básico como el agua. Si lo hicieron ellos, ¿por qué desde los poderes públicos no se interviene en el resto?”, se pregunta José García Cuevas, portavoz del sindicato SOC-SAT en Almería y una de las personas que participó.
Tampoco Juan Miralles, coordinador provincial de Almería Acoge, comprende por qué no se garantiza el suministro corriente. “Les llevamos jabón, pero no tienen agua”, protesta. “Hablamos de una extensión muy grande. Hay conducciones por todas partes. Es llevar una tubería y poner un grifo. No entendemos cómo es tan complicado, aunque sea temporalmente, facilitar una toma de agua cercana a los asentamientos”.
“Enganches tienen”
Según Miralles, las administraciones siempre han sido reacias porque entienden que estarían abriendo la puerta a la regularización. Pero en una crisis como la actual, esa prioridad quizá debería cambiar. Más aún cuando el Decreto del 17 de marzo contempla la prohibición de suspender los suministros básicos a consumidores vulnerables: “No es ni caro ni difícil. El ejército podría hacerlo fácilmente, y también los técnicos municipales”.
Las fuentes consultadas indican que la Unidad Militar de Emergencias apenas ha intervenido en Almería, a diferencia de lo ocurrido en los asentamientos de Huelva, donde se instalaron varias cisternas de agua. Tampoco el ayuntamiento, responsable del abastecimiento de agua, está solucionando el problema, según las entidades sociales. “Por qué, no lo sé. Tenemos la sensación de que se va muy lento”, protesta Miralles. “La propia alcaldesa [Esperanza Pérez, del PSOE] de Níjar dice tener un plan, pero no ha actuado”, añade García Cuevas.
La alcaldesa explica que la situación no es tan mala porque hay muchos tomas ilegales. “Enganches tienen. Se han venido cortando periódicamente, y desde enero no se ha hecho”, prosigue. Esos enganches serían, en todo caso, al agua no potable que usan los invernaderos, procedente de la desaladora de Carboneras. Pérez admite que las condiciones “no son las más adecuadas” y que han recibido peticiones “genéricas” de las ONG, pero dice que Níjar es distinto a otros territorios: “Los asentamientos están junto a los invernaderos, y allí hay canalizaciones. Y se ha podido comprobar que tienen agua”.
“Pusimos un cable pero la Guardia Civil lo cortó”
La falta de suministros básicos como la luz y el agua ya ha dado lugar a quejas y demandas en otros puntos de Andalucía. Este medio informó la semana pasada de que un temporero de la fresa en Huelva había demandado a la Consejería de Salud, el ayuntamiento de Lepe, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa del Gobierno de España por no poder moverse de una infravivienda sin acceso al agua ni a los suministros básicos, lo que supone “una vulneración el derecho al agua y el saneamiento como derecho humano esencial”.
Otro problema es la falta de suministro eléctrico. “Aquí falta la luz, siempre tenemos problemas. Pusimos un cable grande, pero la Guardia Civil vino y cortó el cable hace un mes. Nos dijo que no se podía”, relata Nora. La alcaldesa asegura que Endesa no ha realizado cortes desde enero.
“Cogen la luz y es un peligro, porque los cables están por el suelo de una manera que cualquier día ocurre algo. Sí, es verdad que muchas veces arden los asentamientos. Pero sin luz no pueden vivir porque hace mucho frío”, señala Araceli Fuentes.
Fuentes, religiosa de una orden en la pedanía de San Isidro, conoce a fondo la realidad de los asentamientos y sus habitantes, y estos días se multiplica para ayudar a quienes no tienen nada. La semana pasada repartió víveres en las chabolas con ayuda de la Guardia Civil y militares, y este viernes lo hizo en un local de su congregación. El banco de alimentos y algunos productores locales habían entregado tantos pimientos y tomates que tenía miedo de que se pusieran pochos.
La mujer describe la situación con una frase rotunda: “Están en unas condiciones infrahumanas tremendas”.
La dificultad de trabajar sin papeles
Según el SOC-SAT, hay unas 7000 personas viviendo en estos asentamientos, 4000 en la comarca de Níjar y unas 3000 en otros núcleos. Sólo en Níjar hay unos 90 asentamientos. Algunos como Barranquete, Cortijo Domingo y Los Nietos son auténticos poblados.
La restricción de movimientos de estos días empeora su situación. La mayoría aquí no tiene papeles. Y en estos días de pandemia, estar en situación irregular tiene doble castigo. “Muchos jefes no pueden dejar a la gente sin papeles ir trabajar. Si vas a trabajar te preguntan si tienes papeles, y si no los tienes, no puedes”, dice Nora. Los que trabajan lo hacen a cuatro o 4,50 euros la hora, según asegura.
La imposibilidad de demostrar con papeles que están trabajando limita sus posibilidades de moverse cada mañana en busca de un jornal. “Los jornaleros agrícolas no siempre trabajan en el mismo invernadero, sino que van rotando en un radio de 15 kilómetros”, explica Miralles. “Eso ha bajado. Nos consta que hay agricultores que están viendo la dificultad de encontrar mano de obra cercana”. Según García Cuevas, la inspección laboral está saturada y esto podría facilitar los abusos.
Esta mano de obra pauperizada, en situación irregular y hacinada en chabolas ha ayudado a levantar la gran huerta de Europa. Almería, que volvió a batir récords el año pasado, exportó frutas y hortalizas por valor de 3.079 millones de euros, según datos recogidos del ICEX por la Consejería de Agricultura. El 10,4% más que en 2018. Más del doble que la siguiente provincia andaluza, Huelva. García Cuevas expresa otra paradoja: “Muchos son productos de agricultura ecológica, pero la responsabilidad social brilla por su ausencia”.
El Defensor del Pueblo urge a actuar
Estos días los voluntarios de Almería Acoge se reparten el trabajo con Cruz Roja, Médicos del Mundo y CEPAIM. A ellos les toca “facilitar información en un idioma que comprendan, acompañarlos, tranquilizarlos y preguntar si falta algo”, cuenta Juan Miralles. Visitan los asentamientos y cortijos a diario. Aún hay núcleos donde no son conscientes de la importancia de tomar medidas básicas de prevención, como lavarse las manos con jabón. La entidad, que ha cerrado su atención presencial al público, sí mantiene abierta una lavandería y cinco duchas.
Las entidades también tienen preparado un plan para habilitar un hotel abandonado, donde se aislarían los posibles casos positivos, bajo el control de Médicos del Mundo. Si finalmente se lleva a cabo, tendrá que ser bajo autorización de las autoridades sanitarias.
Este viernes, Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, lanzó una alerta: es “urgente” que las administraciones el Estado, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos se coordinen para garantizar que en estos asentamientos se cubran las necesidades básicas. Las medidas de contención “han acentuado las condiciones precarias en las que viven estas personas”, apunta el Defensor, que advierte: “[Las medidas] resultan imposibles de cumplir cuando no se tienen garantizados derechos básicos como el acceso al agua o a los alimentos”.
Bajo el mar de plástico la vida ha cambiado poco. Cuando llegó el coronavirus, la miseria ya estaba allí. No hay luz, ni agua, queda poca comida y por las noches hace frío, pero los niños siguen saliendo con la pelota la plaza, mientras los hombres juegan a las damas, cuenta Araceli Fuentes: “Tenemos suerte: todavía no hay ningún enfermo, gracias a Dios. Pero si ocurriera algo sería tremendo, porque están muy juntos y salen, no están confinados”.