El Congreso pide al Gobierno que considere a García Caparrós “víctima de la represión política”

Cada año en vísperas del 4 de diciembre las hermanas García Caparrós (Purificación, Loli y Paqui) se citan con los periodistas en la esquina donde en 1977 mataron a su hermano Manuel José. Allí, bajo la placa que honra su memoria, suelen lamentar el poco caso que el Estado les hace desde aquella mañana de domingo en que las calles de Málaga latieron por la autonomía andaluza y a su hermano le metieron un balazo entre el pecho y la axila por llevar una bandera blanca y verde.

Este 2 de diciembre no ha sido distinto. “Estamos aquí para lo de siempre: a ver si se pueden desclasificar los documentos”, ha arrancado Purificación. Luego han subido el tono: “Ya se están riendo de nosotras muchos años y no quiero que se rían más. Estamos hartísimas. No es de recibo”.

Las hermanas García Caparrós dicen estar dispuestas a acudir a la vía penal para denunciar el bloqueo de la desclasificación completa de las actas de la Comisión de Investigación abierta en el Congreso hace más de cuatro décadas. “Más pronto que tarde vamos a poner una querella criminal al Ministerio del Interior. Hace 47 años ocultó el crimen y hoy sigue siendo cómplice. Llevamos 47 años con muchas piedras en el camino, y no hay forma de saber qué se dijo en esa Comisión de Investigación. Todos los años pedimos lo mismo y nos lo deniegan”. “¿Es que quedan algunos vivos que no quieren que salga a la luz, o qué están ocultando?”, se ha preguntado Loli.

Años de ocultamiento

Manuel José García Caparrós, trabajador de Cervezas Victoria, 18 años, sindicalista y muy futbolero, murió de un disparo el 4 de diciembre de 1977, cuando miles de andaluces (200.000 solo en Málaga, según las crónicas) salieron a la calle a exigir más autonomía.

Francisco Cabezas, gobernador civil, había advertido de que no toleraría que se colocara la bandera en la sede provincial, y cuando un joven, José Manuel Trinidad, trepó para burlar la orden, se desató la tormenta. En connivencia con el Gobierno civil, la extrema derecha reventó la protesta. La Policía cargó, hubo botes de humo, disparos al aire, y también disparos a matar, uno de los cuales acabó con la vida de Manuel José.

Ni la investigación judicial ni la comisión parlamentaria (presidida por Juan Rovira, alto cargo de Hacienda durante el franquismo) llegaron a conclusión alguna y ni siquiera se encontró la bala que mató a García Caparrós. Muchos años después se confirmó lo que cualquiera sabía desde el principio: que aquel proyectil vino del arma de un policía, que el informe balístico se ocultó y que ni siquiera murió donde se dijo. “Hoy por hoy se sabe que fue la Policía Armada quien disparó por la espalda a un chaval que solo llevaba la bandera de Andalucía. Por eso lo mataron”, ha recordado este lunes su hermana Loli.

PNL en el Congreso

Como cada año, las hermanas han estado acompañadas de dirigentes locales y regionales de Izquierda Unida, que desde hace años impulsan iniciativas ante el Parlamento andaluz y el Congreso para la desclasificación de todo el material y el reconocimiento de Manuel José García Caparrós, que por entonces tenía 18 años y militaba en CCOO, como víctima del terrorismo o de la Transición.

La última es una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que incluya casos como el de García Caparrós en el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Democrática y que inicie los trámites para aplicarla efectivamente al joven malagueño. “Es de justicia que la máxima institución de la soberanía popular homenajee a Caparrós, le repare y le reconozca como víctima de la represión”, ha valorado este lunes Toni Valero (Sumar), que ha impulsado la PNL.

El texto fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Interior con los votos a favor de los diputados de la coalición del Gobierno (PSOE y Sumar) y sus apoyos (Bildu, ERC, PNV), la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Para lograr la aprobación se recondujo el ámbito de la PNL de la categoría “víctima de terrorismo” (que pretendía aplicar a García Caparrós) a “víctima de la represión por razones políticas”. “Hemos tenido que negociarla y cambiar cosas. Lo que se pide es que inicie los trámites, que haya una institución, en este caso el Gobierno, que haga lo solicitud”, explica Valero.

Sumar espera que esto sirva de palanca para los siguientes pasos: que se le declare víctima del terrorismo (como pretenden sus hermanas) y que se desclasifique de una vez todo el material, sin censurar, obrante en el Congreso de los Diputados desde que en 1977 y 1978 se celebró una “Comisión de Encuesta” (de Investigación) que a día de hoy sigue estando clasificada como secreta al menos en los nombres.

Además, la PNL recoge el compromiso de que el Congreso rinda homenaje al joven, cuyo contenido tendrá que concretar la Mesa o la Presidenta de la cámara, Francina Armengol.

Como recurso final asoma también la querella, que hoy han aireado las hermanas sin dar más detalles. “La clave es que fue un Policía. Independientemente de quién fuera, eso permite querellarte contra el ministerio. ¿Fue en el año 77? Sí, pero al final fue el Estado, no un grupo paramilitar”, apunta Valero.

“La querella se va a poner tarde o temprano”, ha advertido Loli García Caparrós. “Esperemos que el año que viene tengamos mejores noticias y sepamos ya la verdad. Y que no me lo tapen más ni lo quieran blanquear con otras leyes. Porque no vamos a parar”.