El Consejo de Gobierno ha ratificado este martes el anteproyecto de la futura Ley de Formación Profesional, que llega en medio de las investigaciones por el presunto uso fraudulento de subvenciones para cursos y con las convocatorias paralizadas desde hace casi tres años. Se trata de una de las leyes incluidas en el pacto que firmaron el PSOE-A e IU y que trae como grandes novedades el principio de no exoneración -no se concederán nuevas subvenciones si hay pendientes justificaciones de otras que se hayan recibido anteriormente- y la obligación de que siempre se otorguen por concurrencia competitiva para que todos los aspirantes tengan las mismas opciones. Se las llevará la mejor oferta, para lo que se fijará un baremo en un reglamento que todavía tiene que desarrollarse. Eso sí, se fijará un tope de cuatro millones de euros por solicitante para garantizar que no sean siempre los mismos los que las acaparen.
Esta ley es mucho más amplia, porque entre otras cosas regula estas enseñanzas que están experimentado una creciente demanda, y que engloban tanto la FP clásica como los cursos orientados a desempleados y a trabajadores: todo ello quedará congregado bajo el nuevo Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía. No obstante, todos los ojos están puestos en la regularización que establecerá para las subvenciones que se destinan a cursos organizados por diversos colectivos -hasta ahora, sobre todo, los principales sindicatos y la patronal- y que se han caracterizado por su concesión sin exigir que se hubiera completado la justificación de fondos públicos recibidos previamente. Si hasta el momento los sindicatos CCOO-A y UGT-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) eran de algún modo privilegiados a la hora de obtener estas subvenciones para desarrollar los cursos a través de academias privadas y mediante convenios entre las partes, la idea es derivar el protagonismo hacia lo público, es decir, hacia los institutos, y otros promotores.
No se podrá optar a subvención sin justificar las anteriores
Lo más importante de la nueva norma es que recogerá el principio de no exoneración: no se podrá optar a una nueva subvención sin haber justificado primero las anteriores, un requisito que no se exige en todas las comunidades autónomas, sino que se permite -como hasta ahora ha hecho Andalucía- que este trámite se cumpla con posterioridad. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido en repetidas ocasiones en que es un principio que ha fijado ella, si bien hay que matizar que hasta la fecha no ha podido aplicar este compromiso porque desde 2011 no se conceden y lleva en el cargo apenas un año. De todas maneras, conviene aclarar que la exoneración no significa que a los beneficiarios se les exima de justificar el uso de las subvenciones, sino que se les da tiempo para hacerlo sin que se les prive de optar a nuevas. El problema radica en que, por un lado, lo que se preveía como “excepción” se ha convertido en norma, y por otro, en que la propia Junta de Andalucía tarda en comprobar el papeleo, lo que puede truncar las intenciones de los promotores de cursos.
La segunda gran novedad de la norma será que se establecerá la concurrencia competitiva para todas estas subvenciones, es decir, serán por concurso público y no mediante convenios que beneficiaban casi siempre a los protagonistas del pacto de concertación social que precisamente expiró este año sin que se haya afrontado la negociación de uno nuevo. Y que, como reconocen los sindicatos, está “en punto muerto”. Y con este mismo objetivo de que sea transparente la concesión de estos fondos públicos y que todos tengan opciones, se establecerá también un tope de cuatro millones de euros por oferta en cada convocatoria.
Estos tres criterios ya regirán la convocatoria que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte debe sacar antes de finales de año. Corresponde a 2013 y estará dotada con unos 90 millones de euros. De hecho, la Consejería la había paralizado a la espera de que se aprobara la nueva norma. El objetivo es convocarla incluso aunque no haya dado tiempo a desarrollar todo el reglamento que llevará aparejado la futura ley.
Para adaptarse a la Lomce
Esta normal, además, pretende convertirse en un instrumento para caminar hacia el nuevo modelo productivo que defiende el Gobierno de Andalucía de manera que la oferta conecte mejor con la demanda y se logre generar empleo con una formación de calidad y ajustada a lo que exige el mercado laboral. Paralelamente, la definición de la nueva FP exigirá la adaptación a la Ley Orgánica de Mejora de Calidad de la Educación (Lomce), cuya aplicación ha recurrido en el Tribunal Constitucional la Junta aunque no ha logrado su paralización. La Lomce establece una ratio de 30 alumnos por aula, pero Andalucía lo dejará en 20, igual que completará el currículo con 100 horas troncales más. El consejero del ramo, Luciano Alonso, calcula en 241 millones de euros el coste de la aplicación de la Lomce para la FP (en dinero destinado a equipos, instalaciones, personal...) de los que, según él, el Gobierno de la Nación ofrece menos de la mitad, pese a lo cual la Junta de Andalucía mantendrá su oferta.
Esta norma llega en un contexto de crisis del modelo en Andalucía tras las diversas operaciones ejecutadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil y cuyos resultados se están destapando a lo largo del último año. Desde la operación Cirene (en dos entregas), que se refiere a fondos públicos gestionados por el sindicato UGT-A, hasta la operación Edu, destapada el pasado mes de abril en Málaga y relacionada con un presunto entramado de empresas que recibían estas subvenciones y no ejecutaban los cursos, pasando por la operación Óscar, por la que este verano ha sido detenido el exconsejero Ángel Ojeda y cuyo fraude se ha calculado en más de 50 millones de euros.
De hecho, el PP-A ha pedido una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por este último caso, que será debatida por la comisión permanente este jueves, si bien no tiene visos de prosperar, igual que ha ocurrido anteriormente. Bien es cierto que IU -cuyo voto lo haría posible- cada vez coquetea más con la idea de acabar aceptando una de estas propuestas de la oposición, sobre todo, a medida que se acercan las elecciones municipales. “Nosotros vamos a garantizar que no se produzcan estas golfadas, pero también que vamos a conocer la verdad, que no quepa la menor duda”, decía el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, hace unos días.
Críticas de los sindicatos
Por eso la Junta de Andalucía ha optado por acelerar la aprobación de esta norma que de hecho tenía previsto haber pasado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio, y tras no ser posible, ha querido que sea la primera del curso político, todavía en agosto. Como telón de fondo, el informe de la Cámara de Cuentas presentado el pasado mes de enero que alertaba de que la mayoría de los fondos públicos se concedían sin concurrencia competitiva. Hay que sumarle también el plan de choque impulsado por la Consejería de Educación después del estallido de los primeras operaciones policiales para revisar más de 8.000 expedientes de este tipo de subvenciones de entre los años 2007 y 2011 (los anteriores no se miran porque ya han prescrito) en busca de errores de justificación. Una tarea que, por cierto, ha reconocido Luciano Alonso que no concluirá hasta finales de 2015, o sea, que llevará unos dos años porque empezó en septiembre de 2013.
En este contexto, el sindicato CCOO ha criticado que para el anteproyecto no se haya hablado con el Consejo de Formación Profesional. También han criticado otros sindicatos que no esté claro cuándo se aplicará la no exoneración dado que a la hora de justificar las subvenciones se pasa por diversos trámites hasta que hay una resolución firme. “Si esta burocracia no va acompañada de un refuerzo del personal encargado de las verificaciones se seguirá eternizando el proceso. Y si por tanto se puede seguir optando a subvenciones mientras no haya resoluciones firmes sobre expedientes anteriores, significará que no se solucionan los problemas de fondo”, subrayan.
De hecho, los sindicatos no han tenido el papel que esperaban en la redacción de este texto porque la concertación social que hasta ahora amparaba los convenios por los que, junto a la CEA, se beneficiaban de los cursos, se había prometido para antes del verano. Sin embargo, a estas alturas no hay fecha cerrada para sentarse a hablar y, además, la desconfianza está instalada entre las partes.