Otras dos proposiciones de ley de Podemos serán sometidas a debate este martes en el Consejo de Gobierno: la de atención temprana, que pretende garantizar una asistencia universal, gratuita y de calidad como derecho para niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo, y la de emergencia habitacional y pobreza energética, que persigue amparar a ciudadanos en riesgo de exclusión social que estén en peligro de desahucio o cortes de suministros básicos. Dos proposiciones de ley de marcado carácter social pero que en principio contarán con el criterio contrario del Consejo de Gobierno, que especialmente en el caso de la primera, se ha puesto las pilas para preparar un argumentario que lo justifique cuando toda la oposición (los proponentes, el PP-A, C's e IU) se ha mostrado hasta el momento a favor de respaldarla.
Y habrá de hacerlo en vísperas de las elecciones generales y con la certeza del uso que el resto podrá hacer de ello. De hecho desde el PSOE-A -que gobierna en minoría- han caído ya críticas sobre el “uso electoralista” por parte de la oposición con este asunto cuando la Junta de Andalucía está ultimando un decreto. Es más, en el mitin que el pasado fin de semana la presidenta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, protagonizó en Sevilla junto a Pedro Sánchez, hizo todo un alegato del compromiso de su gobierno con la atención temprana. Es un tema que se le ha atragantado a la Junta de Andalucía después de que el pasado verano fuera renovado el concierto por el que se presta este servicio con fuertes críticas por parte de los afectados.
En este contexto, la Consejería de Salud, encargada de este servicio, ha preparado los correspondientes informes para incidir no sólo en el trabajo que se ya se desarrolla en la materia, sino en el hecho de que la Junta de Andalucía ultima el decreto para desarrollar todo el marco regulatorio que ya existe en este campo y que entiende que la proposición de ley de Podemos “no contempla con todas las garantías que merece el servicio”. En principio será un dictamen contrario a su toma en consideración, o sea a su contenido, pero no a que sea tramitada para su debate en el pleno del Parlamento de Andalucía.
Habrá de justificarlo con una fuerte campaña en contra por parte de la oposición que, en mayor o menor medida, ha hecho bandera con este tema. No ya sólo porque en comisión parlamentaria el pasado mes de septiembre se aprobara con el rechazo del PSOE-A una proposición no de ley presentada por los cuatro grupos de la oposición para que la Junta de Andalucía haga frente a la deuda con los colectivos que prestan este servicio, sino porque Podemos registró luego la citada proposición de ley con el compromiso -de momento- de que la respaldarán también todos los demás, incluido C's que normalmente se alía con los socialistas en estos casos y cuyo voto permitiría su aprobación en el pleno, lo que la convertiría en la primera ley que salga de la oposición.
En paralelo, una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org, que lleva ya más de 15.000 recogidas. Es más, Podemos ha recurrido a la promoción de su iniciativa mediante un vídeo en el que incluye testimonios de afectados para concienciar más sobre su importancia.
Preguntado por ello este lunes, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, manifestaba: “Estamos a la espera de que el Gobierno de Andalucía adopte alguna medida al respecto de la atención temprana”. Por ello, pedía esperar a que que la Junta de Andalucía presente sus propuestas para un tema en el que se partido se ha mostrado “especialmente sensible”.
En cuanto a la proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética, el criterio contrario a su toma en consideración, y en este caso también a su tramitación, estará basado en los mismos argumentos usados en el Consejo de Gobierno del pasado 2 de diciembre cuando se rechazó la proposición de ley de pobreza energética -que no es la misma pese a lo parecido del enunciado- igualmente presentada por Podemos. Entre otras cosas, se consideró que la propuesta recordaba a la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar emergencias habitacionales y pobreza energética “del Gobierno de Cataluña que fueron recurridas” por el ejecutivo de Mariano Rajoy en el Tribunal Constitucional (TC).
De hecho, la proposición no de ley presentada en Andalucía se basa en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña pero que está en estos momentos recurrida en el TC, y por tanto está suspendida, una situación a la que ve innecesario que camine la Junta de Andalucía mostrándose a favor de su tramitación.
En total, el Consejo de Gobierno se ha mostrado hasta la fecha en contra de la tramitación de una proposición de ley de Podemos y de dos en materia fiscal presentadas por el PP-A, mientras que en lo que respeta a su toma en consideración, ha emitido su criterio contrario en otras seis, unos informes que en todo caso no vetan que sean debatidas en el Parlamento de Andalucía. Este martes se conocerá a qué lista se suman finalmente estas dos nuevas proposiciones de ley.