El Consejo de Gobierno ha rechazado este martes la toma en consideración -el contenido- de las dos últimas proposiciones de ley elevadas por Podemos: la de atención temprana y la de emergencia habitacional y pobreza energética. No se ha opuesto a su tramitación en el Parlamento de Andalucía, pero rechaza el planteamiento del grupo de la oposición para dar respuesta a estos dos problemas que entiende que ya están siendo abordados convenientemente. Desde el inicio de la legislatura, son ya ocho las proposiciones de ley del PP-A, Podemos e IU cuyo contenido ha rechazado el Consejo de Gobierno, mientras que en otras tres se ha opuesto también a su tramitación.
Cabe recordar que la proposición de ley de atención temprana viene precedida de una proposición no de ley que aprobaron en comisión parlamentaria todos los grupos de la oposición -PP-A, Podemos, C's e IU- con el rechazo del PSOE-A para hacer frente a la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con las entidades que prestan el servicio. De hecho, toda la oposición también ha mostrado en principio su respaldo a la proposición de ley de Podemos, que si se mantiene permitiría su aprobación porque el PSOE-A está en minoría.
Dada la polémica que ha supuesto el tema, el Consejo de Gobierno se ha valido de varios informes de la Consejería de Salud -responsable de la prestación- para defender su postura contra la propuesta de Podemos. De este modo, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha apuntado que la atención temprana está prestándose a un total de 19.120 niños en lo que va de año, que son 5.800 más que hace un año. Ha explicitado también que se ofrece en 169 centros escolares, o sea 75 más que hace 10 años. “Supone una implantación homogénea en todo el territorio (...)”, ha insistido. Sus cálculos son que la inversión se ha multiplicado por ocho desde 2003: pasando de 1,36 millones de euros a más de 10.
Por otra parte, se ha referido a que el modelo en vigor -que ha originado el rechazo de numerosos colectivos por las nuevas fórmulas de conciertos- tiene apenas un año -entró en vigor el 29 de diciembre de 2014- “y era una demanda del sector, con el que se estuvo trabajando dos años”. Pero “como todo es mejorable”, ha remarcado en que “se está dialogando para un nuevo decreto”, pese a que el antiguo “también surgió de la colaboración” con las entidades. De hecho, ha salido en su defensa porque “suponía una mejora en la financiación cambiando el modelo de subvenciones por financiación mes a mes para los que prestan el servicio”, pese a lo que se revisará con el nuevo decreto, para el que no ha dado fecha. Confía, no obstante, en que sea “cuanto antes”, pero “si hace falta emplear más tiempo” para negociarlo, se hará.
Otras de las mejoras que ha avanzado es que, en el protocolo que ya existe con la Consejería de Educación para la detección de los casos, se quiere incluir a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales “para un trabajo más integral”. En su opinión, “siempre ha existido diálogo” en este tema y el decreto en el que se trabaja cuenta con el respaldo de plataformas que representan a “más del 80%” de los implicados. “La proposición de ley de Podemos supone una marcha atrás. (...) No contribuye (...), sino que sitúa a los afectados en la categoría de enfermos”, ha continuado, incidiendo en que “muchas” de las propuesta del texto de la oposición suponen una involución“.
Finalmente, ha incidido en que desde 2009 está regulada por ley la atención temprana, en concreto con la Ley de Discapacidad, y posteriormente se incluyó en la Ley de Salud Pública de 2011, igual que “está en el Estatuto de Autonomía y en el anteproyecto de Ley de Derechos de Personas con Discapacidad que en breve verá el Consejo de Gobierno”.
En cuanto a la ley de emergencia habitacional y pobreza energética la ha rechazado porque la Junta de Andalucía “ya trabaja en esto”, entre otras vías con la Ley de la Función Pública y con líneas de ayudas por un total de 3,77 millones de euros este ejercicio para personas que estén en inmersas en procesos de desahucios. “Hemos puesto sobre el tapete medidas que no tienen paragón en España”, ha puntualizado, convencido de que la proposición de ley de Podemos incluye cuestiones que se escapan de las competencias de la comunidad autónoma, como la “obligación” de negociar que impondría a las entidades bancarias. “Va contra la Constitución Española”, ha aseverado.
Igual que hizo con la proposición de ley de pobreza energética de Podemos -que no es la misma- el pasado 1 de diciembre, ha mostrado su rechazo también contra la de emergencia habitacional y pobreza energética porque “no contempla valoración económica razonada” ni aclara de dónde provienen los ingresos para su puesta en marcha, si bien ha reconocido que “esto último no es tan importante”, entre otras cosas porque la formación no está obligada a ello para presentar una iniciativa legislativa. “Andalucía es líder en España en la lucha contra los desahucios y con las familias que padecen pobreza energética”, ha repetido el portavoz como motivo “más importante” para oponerse a la idea de Podemos.
“El debate enriquece”
“Conviene debatir porque enriquece”, ha valorado a la hora de explicar por qué esta vez el Consejo de Gobierno no se opone a su tramitación como ha hecho ya en tres ocasiones, si bien ha puntualizado que son dos proposiciones de ley “innecesarias” y más “efectistas que efectivas”. Ha matizado que “no hay un cambio de criterio” a la hora de vetar la tramitación de iniciativas legislativas, lo que se hará si de nuevo se presenta alguna que afecte a los presupuestos autonómicos en vigor, pero si no, ha defendido que se debata, porque “el Gobierno de Andalucía lo hace razonadamente bien” en ese “afán de encuentro con todas las organizaciones políticas y sociales”.
Por el contrario, la tercera proposición de ley que ha visto este martes el Consejo de Gobierno, una presentada por el PSOE-A y que no implica ya a la Junta de Andalucía, sino que “insta” al Gobierno de la Nación, sí ha tenido el criterio favorable tanto a su toma en consideración como a su tramitación. Se trata de la proposición de ley para pedir el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir. Es una medida que se considera necesaria para garantizar el futuro de los regadíos del Condado y la sostenibilidad del entorno de Doñana.
“La predisposición en principio es buena (...), pero se ha perdido una oportunidad importante a la hora de modificar el Plan Hidrológico Nacional para hacerlo”, ha expuesto el consejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien ha dicho que las infraestructuras para ello que correspondían a la Junta de Andalucía estén listas, y las del Gobierno de la Nación, “en ejecución”. En este sentido, ha apuntado que las concesiones temporales que se hacen en estos momentos “ya no caben en Doñana”, sólo el trasvase, “en el que todo el mundo está de acuerdo”.