Llega un momento importante para intentar que determinados procesos judiciales no se eternicen. Este lunes 9 de mayo, la Sala Primera del Tribunal Constitucional delibera la admisión a trámite de una demanda de amparo que presentó un abogado contra el señalamiento de un juicio laboral a más de tres años vista por parte del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla. Esta jurisdicción, encargada de resolver despidos, reclamaciones de cantidad o de prestaciones de la Seguridad Social, es de las más dañadas por la acumulación de asuntos, no solamente desde la pandemia y sus consecuencias laborales para miles de personas, pese a que cada año se inaugura algún nuevo órgano judicial de este tipo en Andalucía para intentar mejorar los tiempos de resolución.
El abogado Daniel Sánchez Bernal se está haciendo oír en este tiempo, sabedor de que solamente abordando la cuestión pueden conseguirse mejoras de calado en la Administración de Justicia, al menos en este punto. Pasó con la historia de Consuelo, que iba a ser juzgada en Sevilla en 2022 y que finalmente fue readmitida tras adelantarse su juicio, una vez el juzgado que tramitaba su caso, el Social número 5, advirtió las circunstancias concretas de aquel asunto. Ahora, el Tribunal Constitucional podría atajar en corto los tiempos con los que tienen que lidiar los operadores jurídicos y los justiciables. “Soy positivo y confío en la admisión a trámite de la demanda”, un asunto del que será ponente la magistrada Inmaculada Sánchez Montalbán, según consta en el orden del día previsto para este lunes.
Sánchez Bernal indica a elDiario.es Andalucía que no hace mucho tiempo el tiempo de espera para la celebración de juicios podía ser de uno o dos años pero la espera a día de hoy “no tiene sentido”. “No podemos tolerarlo ni podemos normalizar que esto pase”, indica, lamentando en ese sentido el “escaso apoyo institucional, al menos en la práctica,” que ha tenido desde que hiciera pública su cruzada.
“Esto necesita de la implicación de todos” y, según asegura, no ha tenido respuesta formal de apoyo ni de los colegios oficiales de abogados ni de los partidos políticos con los que ha contactado, algo que le “entristece”. “Ellos tienen poder de decisión”, señala, lamentando de nuevo la “inseguridad jurídica” que supone que haya señalamientos “tan tardíos”.
Juicios para 2026
Los juzgados de lo Social registraron en el tercer trimestre del año pasado, momento en que el letrado presentó su demanda de amparo, un total de 16.475 asuntos, quedando casi 100.000 casos por resolver. Fuentes judiciales indicaron que esta jurisdicción, al menos en Sevilla, están señalando juicios para 2025 ó 2026, más allá incluso del 2024 que lamentaba el abogado en su caso particular, si bien en algunos de esos órganos estaban surtiendo efecto los refuerzos aprobados por la Sala de Gobierno del TSJA y están siendo más ágiles.
En cualquier caso, según informó el TSJA, las fechas de juicio en asuntos urgentes oscilan, según los distintos juzgados sociales de Sevilla, entre diciembre de 2022 y julio de 2024, al tiempo que las fechas de juicio en asuntos ordinarios oscilan entre mayo de 2024 y marzo de 2026, siendo el más retrasado el Juzgado de lo Social número 2.
"No podemos cruzarnos de brazos ante esta situación", insiste pese a ser "consciente" de "las carencias estructurales de las que adolece nuestra Administración de Justicia". "Pero ello no puede servir de excusa para fijar estos señalamientos tan tardíos"
“En Sevilla ya se están señalando juicios y vistas para el año 2026. Es un auténtico despropósito, una aberración jurídica, intolerable. No deben señalarse juicios y vistas para dentro de 3, 4 o 5 años. ¿Qué tipo de tutela judicial se puede recibir dentro de 5 años? Justicia tardía no es Justicia”, apunta este abogado, que recuerda que ha recurrido multitud de señalamientos efectuados por diferentes órganos judiciales para los próximos años. El abogado argumenta que el hecho de que le hayan señalado hace unos meses un juicio para noviembre de 2024 “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones. Pese a interponer los correspondientes recursos, el juzgado le ha mantenido la fecha fijada inicialmente. ”Es un atropello“, sentencia.
“No podemos cruzarnos de brazos ante esta situación. No podemos mirar a otro lado”, insiste pese a ser “consciente” de “las carencias estructurales de las que adolece nuestra Administración de Justicia” en cuanto a medios materiales y humanos. “Pero ello no puede servir de excusa para fijar estos señalamientos tan tardíos”, y “no como una pretensión individual sino porque esta situación, insisto, afecta a los únicos perjudicados que son, tristemente, los justiciables”. “Muy previsiblemente, si no ponemos nuestro granito de arena, esta situación se irá agravando, lamentablemente”, opina.