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El Constitucional al completo estudiará los recursos de los condenados por los ERE de Andalucía

Alberto Pozas

20 de junio de 2023 13:08 h

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El Constitucional estudiará en pleno el caso de los ERE de Andalucía. En una reunión celebrada este martes, el tribunal de garantías ha decidido que serán sus 11 integrantes y no solo una de las secciones los que estudien los recursos planteados por José Antonio Griñán y otros ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por la trama que sepultó más de 670 millones de euros. La mayor parte de ellos ya están cumpliendo condena entre rejas pero el expresidente andaluz Griñán está a la espera de que los jueces determinen si el cáncer que padece puede ser tratado en la cárcel y si, por tanto, debe ingresar en prisión.

Los recursos ya habían sido admitidos a trámite y hoy el debate era organizar las deliberaciones. Finalmente será el pleno de 11 magistrados y magistradas el que estudie el caso, frente a la posibilidad de que lo hubiera hecho una de sus secciones, compuesta por seis togados. Esto también implica que será el pleno el que decida no solo sobre el fondo del asunto sino también sobre las peticiones de algunos condenados de suspender su ingreso en prisión de manera cautelar.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de septiembre la mayor parte de las condenas que la Audiencia de Sevilla impuso a antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía por un sistema de ayudas que estuvo en marcha más de una década y cuyo descontrol desembocó en la adjudicación irregular de más de 670 millones de euros en ayudas. En el caso de José Antonio Griñán, la condena de seis años de cárcel le atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, con dos magistradas apostando por absolverle de este segundo delito.

En el caso del expresidente andaluz, los tribunales todavía tienen que decidir si, como el resto, entrará en prisión a cumplir su condena o si su estado de salud impide su encarcelamiento. Griñán padece un cáncer y en la actualidad los jueces estudian si puede recibir el tratamiento en prisión, algo que los médicos han descartado.