El Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar a fondo el caso de los ERE de Andalucía. Los magistrados de una de las secciones del tribunal de garantías han admitido a trámite los recursos que el expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros antiguos altos cargos de la Junta presentaron contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó sus condenas por un fraude que, según la Justicia, superó los 670 millones de euros. La mayor parte de los sancionados con penas de prisión ya están cumpliendo condena entre rejas salvo el expresidente Griñán, a la espera de que los tribunales determinen si el cáncer que padece puede tratarse en la cárcel.
La decisión del Constitucional no implica la interrupción del cumplimiento de las condenas en prisión por parte de los acusados que ya ingresaron en la cárcel. Los tiempos habituales del tribunal de garantías implican que el asunto no será llevado a pleno hasta dentro de varios meses. Dos magistrados del sector conservador, César Tolosa y Enrique Arnaldo, han votado en conta de la admisión al entender que el caso no tiene ninguna relevancia constitucional y que no merecía pasar ese primer filtro.
El Tribunal Supremo sentenció en firme un caso que puso bajo la lupa más de 670 millones de euros en ayudas económicas de la Junta de Andalucía adjudicados de manera irregular entre los años 2000 y 2009. Ayudas que, por ejemplo, iban destinadas a personas desempleadas y terminaron en manos de empresas y trabajadores que no tendrían que haberlas cobrado, todo por la ausencia total de control sobre estos fondos.
José Antonio Griñán fue condenado finalmente a seis años de prisión y Manuel Chaves a nueve años pero de inhabilitación. Ellos crearon o heredaron un sistema para que millones de euros en ayudas públicas fueran adjudicadas eludiendo “la fiscalización previa” y de la manera más rápida posible, llegando a hacer uso de transferencias de financiación a empresas públicas saltándose los procesos de control necesarios.
La sentencia del Supremo entendió que habían cometido delitos de prevaricación y, en algunos casos, malversación, siendo este segundo delito el que ha acarreado las condenas de prisión. Pero la sentencia no fue unánime y dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, criticaron precisamente que Griñán y otros procesados fueran condenados por malversación, argumento que han desplegado en sus recursos que ahora estudiará el Constitucional.
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