El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión cautelar que ya decretó el pasado enero sobre la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como “antidesahucios”.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe y que cuenta con el voto particular discrepante de cinco de los doce magistrados, el pleno del TC invoca la “especial relevancia de la medida de política económica general de estabilidad del sistema financiero” emprendida por el Gobierno “y la proyección de esta materia en el contexto internacional”.
Así, el Alto Tribunal rechaza las alegaciones que le formularon contra la suspensión de la ley la Junta y el Parlamento de Andalucía, que apelaron a la necesidad de la medida porque su paralización podía perjudicar a las 144 solicitudes admitidas a trámite que podrían acceder a la expropiación temporal del uso de la vivienda.
Por el contrario, la Abogacía del Estado solicitaba mantener la suspensión de la ley porque esta podía tener “un impacto significativo sobre la situación financiera de las entidades, el crédito hipotecario, el mercado de cédulas hipotecarias y en la adecuada finalización de la reforma financiera”.
Los perjuicios que alegaban la Junta y el Parlamento andaluz, señala el TC, han resultado “notablemente reducidos porque el Estado también ha dispuesto normas que atienden a esos intereses”, en concreto con la ley de mayo del pasado año sobre medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Los magistrados recogen la doctrina que ya han formulado sobre este asunto para insistir en que “en el actual contexto de crisis económica y social, el Gobierno del Estado ha hecho de la estabilidad del sistema financiero español uno de los ejes de la política económica general”.