La convocatoria de elecciones generales para el próximo 26 de junio pararía durante los 15 días de campaña las comparecencias en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en el presunto fraude con subvenciones de formación para el empleo, en caso de que no hayan terminado. En todo caso, esa fecha pillaría muy cerca a la presidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz, a la hora de tener que dar explicaciones en este órgano, porque es la última que está previsto llamar. Este nuevo parón, no obstante, no impediría que la primera ronda de comparecencias concluyera con el presente periodo de sesiones, dado que tendrían julio para terminar, y en todo caso se quiere concluir con este turno en mayo.
Es potestad del presidente de la comisión de investigación, el diputado de C's Julio Díaz, tomar esta decisión, porque es el que convoca las sesiones desde que la misma echó a rodar. De momento, baraja hacerlo, igual que su formación lo reclamó -y contó para ello con el voto del PSOE-A y el PP-A- durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre cuando en octubre de 2015 se programaron los trabajos de la comisión de investigación. Sólo Podemos e IU mostraron su férrea oposición a que esto se produjera, y entonces se votó, pero ahora no será necesario porque depende del presidente. “Se pararían las comparecencias, pero no el trabajo de la comisión de investigación”, subrayan desde C's, destacando que los integrantes de la misma tienen mucha documentación que leer para preparar sus interrogatorios a los comparecientes, de lo que a día de hoy queda un tercio de los previstos.
Desde que el pasado 4 de marzo comenzara la primera ronda de comparecientes, para la que los cinco grupos pactaron un total 69, han pasado por la misma 47, por lo que quedan 22, sin que con el ritmo que se esté garantizado que les dé tiempo a todos antes de que se paren por la campaña. De este modo, con las elecciones generales son el 26 de junio, la campaña empezaría el 10 de dicho mes. Por ello, echando mano del calendario, para las comparecencias quedarían libres tres semanas hasta la campaña. Hasta el momento, se suele ir a un ritmo de 10-12 citados por semana y quedan 22. Puede dar tiempo, pero si se cumple estrictamente, lo que no siempre ha ocurrido.
Cabe recordar que la comisión de investigación tiene comparecencias en sesiones de mañana y tarde los lunes, martes y viernes de las semanas en las que no hay plenos en el Parlamento de Andalucía. De hecho, esta última semana de abril no hay comparecencias porque toca pleno, lo mismo que ocurrirá la segunda y la cuarta de mayo y la semana misma en la que comenzaría la campaña. Desde C's defendieron en su día parar estas comparecencias durante la campaña para evitar la “contaminación” del objetivo de la misma, igual que hicieron el PSOE-A y el PP-A. En estos momentos, pese a que insisten en que no van a pronunciarse cuando no se han convocado los comicios todavía, sostienen que van a ser coherentes con el criterio manifestado entonces.
Balance: 47 comparecientes
Hasta el momento, han comparecido 47 personas en la comisión de investigación, de las que nueve se han negado a contestar a los diputados. En concreto, se han acogido a este derecho los exdelegados provinciales de Empleo Francisca Pérez Laborda (Almería), Antonio Fernández Ramírez (Córdoba), Marina Martín (Granada), Manuel Muñoz García (Huelva), Irene Sabalete (Jaén) y Aurora Cosano y Antonio Rivas (Sevilla). Este último incluso plantó a los comisionados durante el tiempo en que hacían sus preguntas, cosa que no habían hecho los demás para evitar que su comparecencia fuera considerada inconclusa y pudieran ser denunciados. Tampoco han contestado el exalcalde de Punta Umbría (Huelva) y empresario Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE) ni el extesorero de UGT-A Federico Fresneda, mientras que otros dos citados ni siquiera han ido en la fecha para las que se les ha reclamado y se suman a los pendientes: María de la O Ustarán, presidenta de CioMijas, y José Sivianes, de la empresa Formación Integral para el Empleo.
La idea ha sido comenzar por los interventores, para pasar luego a los delegados provinciales, jefes de servicio y directores generales, siguiendo un orden de menor a mayor responsabilidad política e intercalándolos con empresarios e incluso el único alumno previsto en el listado. Por ello, entre los pendientes están, junto a Susana Díaz, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio José Sánchez Maldonado y seis exconsejeros (Luciano Alonso, Antonio Ávila, Manuel Recio, Antonio Fernández, José Antonio Viera y Mar Moreno); la ministra en funciones Fátima Báñez; María Dolores Genaro Moya, consejera del Tribunal de Cuentas; y varios altos cargos en el periodo investigado (desde 2002 hasta hoy).