El empresario y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, conocido como Sandokán, ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública. Así lo ha estimado el juez del Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba que en su sentencia conocida este lunes condena a Gómez “como autor responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública”, por los que se le impone además una multa de casi 112 millones de euros.
En concreto, por el primero de los delitos se le pide un montante de 102.281.202,40 euros, mientras que por el segundo de los delitos a los que ha sido condenado se le pide una multa de 9.641.778,84 euros. Pero, además, como “responsable civil directo por el daño causado a la Hacienda”, deberá indemnizar a la Hacienda Pública con casi 28 millones de euros más. En total, la sanción asciende a 140 millones de euros para el empresario cordobés.
Por su parte, sus cuatro hijos que igualmente habían sido juzgados en la misma causa contra la Hacienda Pública como miembros de los consejos de administración de las empresas familiares, han quedado absueltos. A cada uno de ellos, la Fiscalía le pedía 19 años de cárcel por la comisión de siete delitos contra la Hacienda Pública. De la misma manera, el juez absuelve a las entidades mercantiles Grupo Inversor Arenal 2000 S.L., Arenal 2000 Inversiones, S.L., Grupo Inmobiliario Arenal 2000 S.L. y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez, de los hechos enjuiciados.
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, llega tras el juicio que se desarrolló durante el pasado mes de enero y donde se juzgaba a Rafael Gómez y sus hijos por un presunto fraude de 53 millones a la Hacienda Pública entre 2003 y 2006.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado señalaron la “ignorancia deliberada” del empresario y sus hijos como modus operandi en un entramado societario que desarrollaba “un conjunto de acciones tendentes a defraudar” a la Hacienda Pública tanto en las declaraciones de las empresas como en las del IRPF del propio Gómez.
La defensa del empresario y sus hijos, sin embargo, se escudó en la falta de formación de estos y en la confianza depositada en los asesores –internos y externos a sus empresas- que eran los encargados de llevar la contabilidad y fiscalidad de las sociedades, así como de presentar las distintas declaraciones de impuestos ante la Agencia Tributaria.