Encinas Reales es un pequeño pueblo del sur de la provincia cordobesa que tiene 2.300 habitantes. Más de la mitad del pueblo, el 65% de los encinarrealeños -1.500 personas-, han perdido sus ahorros por la quiebra del Banco Popular. Son los socios de la Cooperativa Olivarera y Caja Rural Nuestro Padre Jesús de las Penas que han perdido 2,4 millones de euros tras invertir en bonos del Banco Popular a través del Banco Santander, que compró al primero tras su quiebra.
Los vecinos afectados de este pequeño pueblo llevaban varios meses intentando negociar con el Banco Santander e hicieron pública su situación para hacer presión. Ahora, sin respuesta del banco, como un David contra su Goliat, acaban de presentar este mismo mes de abril una demanda en los tribunales contra el Santander que ya ha sido admitida a trámite, según confirman a este medio desde la cooperativa.
Los socios de esta cooperativa agrícola acordaron en 2015 contratar con el Banco Santander para gestionar unos ahorros de 2,4 millones de euros. Señalan que el Santander decidió que invirtieran ese dinero en bonos y obligaciones subordinadas del Banco Popular garantizados a su vencimiento. Pero dos años después, sus ahorros “se han esfumado” denuncian. Tras la quiebra del Popular, el Banco Santander “se ha desentendido de la situación de los 1.500 afectados y no se han atendido las peticiones de la cooperativa” para buscar una solución.
La cooperativa contrató con el Santander para que “administrara, asesorara y custodiara los excesos de tesorería de la sección de crédito”. A través de esta intermediación, contrataron 42 bonos garantizados del Banco Popular por valor de 2,4 millones de euros. Pero tras la venta de la entidad al Santander, ese montante “ha quedado reducido a cero, no es recuperable tras la amortización y conversión de los valores y adquisición” por el banco.
Con esta situación, los responsables de la cooperativa iniciaron gestiones con el Santander para recuperar su inversión, esperando que la entidad les ofreciera salidas para sufragar las pérdidas de esta inversión, “teniendo en cuenta el perfil de la cooperativa, el fallo en el asesoramiento y en la elección del producto de inversión”, aducen.
Pero los intentos de negociación con el banco no han dado resultado. De hecho, los socios de la cooperativa preveían abrir la vía jurídica para llegar hasta los tribunales, en España y en Europa, si es necesario, advierten. Aducen, además, que “la documentación que les presentó el Banco Santander para contratar los bonos no respondía a la realidad de su perfil inversor”. Y recuerdan que los miembros de esta cooperativa “son agricultores sin formación ni conocimiento en mercados de valores. Firmamos asesorados por el Banco Santander”, dicen. “Los ahorradores soportamos injustamente las pérdidas de una operación en la que interviene el administrador de su cartera, el Banco Santander”.
Argumentos del Banco Santander
Por su parte, el Banco Santander señaló a finales del pasado año que, para dar una salida a quienes se vieron en una situación como la de esta cooperativa, ponía en marcha una acción para quienes “se han visto afectados por la resolución de Banco Popular, decidida por las autoridades europeas el pasado 6 de junio y han perdido el valor de la inversión”.
Se trataba de la emisión de unos bonos de fidelización a clientes minoristas que hubieran adquirido acciones de Banco Popular -obligaciones perpetuas emitidas por Banco Santander que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del banco- que no han convencido a los cooperativistas de Encinas Reales. La solución del Santander pasaría por que, con esa amortización, el cliente recibiera “el ciento por ciento del valor nominal del bono de fidelización, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente”. Pero, todo eso, al menos después de siete años más.
Sin embargo, las inversiones de la cooperativa cordobesa no se podían incluir en esos supuestos. De ahí que los cooperativistas afectados denuncien que, en realidad, “el Banco Santander no nos ha ofrecido nada, ninguna solución”. Y en su lucha van a permanecer “hasta el final, para defender nuestros derechos y nuestros ahorros”.