La Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Tod@s lamenta “que la Iglesia use para fines espurios los millonarios fondos derivados de las entradas de un bien fundamental del patrimonio cultural andaluz” y exige a la Junta de Andalucía “que obligue al Cabildo a actuar con transparencia y rigor en su gestión económica, tal como la ley estipula para el resto de ciudadanos, según indica la plataforma en un comunicado.
El Cabildo Catedral destina el dinero que obtiene por la explotación comercial de la Mezquita Catedral de Córdoba a salvar multinacionales en quiebra afines ideológicamente, tal y como se hizo eco el otro día este periódico, incluido el rescate de la compañía eléctrica Abengoa, recuerda la plataforma.
La información filtrada por el diario económico Expansión pone sobre la mesa el “absoluto descontrol en las cuentas de la Mezquita Catedral, que, al menos, hasta diciembre pasado permanecían en la opacidad fiscal y no declaraban a Hacienda, como es preceptivo para cualquier contribuyente”. “Además, desmiente las reiteradas declaraciones efectuadas por el Cabildo Catedral acerca del uso de los beneficios en proyectos de conservación del inmueble y ayudas de naturaleza social y benefactora”.
“Es preciso recordar que el Estado, a través de sus diversas administraciones, ha sido el principal financiador de la rehabilitación y mantenimiento de la Mezquita Catedral y desde el siglo XIX ha librado de forma sistemática decenas de millones de euros en sus presupuestos para innumerables proyectos que han permitido que el monumento omeya llegue a nuestros días en óptimas condiciones. No es de recibo que la Iglesia, además de apropiarse de forma unilateral del edificio y quedarse en exclusiva con los beneficios de su explotación comercial, encima los destine a inversiones mercantiles que nada tienen que ver con el fin patrimonial del monumento”, añade.
La Plataforma Mezquita Catedral espera que la Junta de Andalucía, administración competente en la vigilancia y tutela del patrimonio histórico andaluz, cumpla con su obligación de garantizar la gestión transparente y responsable de un monumento histórico artístico de dimensión universal, en la misma medida que las leyes fiscalizan las cuentas de otros bienes culturales, como es el caso de la Alhambra.