El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) ha acordado remitir al Tribunal Supremo (TS) la parte de la causa por la ocupación por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca de Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, que afecta como investigado al diputado de Unidos Podemos por Jaén en el Congreso, Diego Cañamero.
Igualmente, el juzgado ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la parte de la causa que afecta en este caso a la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que apuntan que la juez ha acordado enviar a dichos tribunales “los trámites que se realizan” sobre ellos al “ser personas aforadas”, de modo que en su momento el juez decidirá si llama a declarar a ambos investigados.
En concreto, la juez inició la investigación sobre unas 15 personas, entre las que se encuentran los ya mencionados, y apuntaba en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que en la nueva ocupación de la finca el día 5 de junio de este año, tras haber sido desalojada tres días antes, se podría haber cometido un delito leve de usurpación inmobiliaria, a la vez que considera que “pudieran existir indicios” de la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad.
Al respecto, el letrado de la Junta de Andalucía, en un escrito del día 13 de junio de 2016, solicitó un nuevo desalojo de la finca y en su caso, “con apercibimiento a los presuntos responsables de que en caso de no cesar en su conducta, y no desalojar definitivamente la finca o reiteren la ocupación de la misma, podrán incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad”, algo a lo que el fiscal no se opuso y que se llevó a cabo el lunes 20 de junio, aunque la reocuparon a los pocos días dirigentes del SAT.
En un auto del día 16 de junio, la juez se basaba en el atestado policial para determinar que el día 5 de junio, un grupo de personas “dirigidas” por Diego Cañamero y María del Carmen García Bueno “se dirigieron a la finca teniendo pleno conocimiento de que tres días antes se había producido el desalojo, por lo que pudieran existir indicios de un presunto delito de desobediencia a la autoridad”.
“VIOLENTAR CANDADOS”
El auto judicial relata que, “tras violentar los candados de las puertas de acceso a la finca, accedieron a su interior y permanecieron allí, a sabiendas de que el desalojo judicial se había producido tres días antes”. E insiste en que “los imputados y demás personas que ocupan la finca tienen conocimiento de que es propiedad ajena y que la ocupan contra la voluntad de sus propietarios”, lo que, según la juez, “se desprende claramente de los hechos”.
De este modo, expone que en el caso constan “todos los elementos del tipo penal” para considerarlo un delito de usurpación, entre ellos que no ha existido “violencia o intimidación” y que consta “la voluntad contraria de tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble”, la Junta de Andalucía, además de concurrir “dolo en el autor, que conozca la ajeneidad del inmueble y la ausencia de autorización del titular”.
CULTIVOS EN 400 HECTÁREAS
Mientras, el coordinador general del SAT, Óscar Reina, manifestó tras la nueva ocupación que aunque están “apercibidos y existe el peligro, nos pueden detener en cualquier momento, lo que depende de la juez”, pero, en su opinión, “sería una injusticia”. “Nosotros no nos vamos a ir, pues pensamos que hay posibilidad de dar mano de obra cooperativa”, subrayó.
“Seguimos convencidos de que hay que seguir ocupando, es una necesidad ética y vital”, aseveró el dirigente sindical, quien considera que las leyes se deben ajustar a las necesidades de las personas, apuntando que “había leyes injustas, como las del 'apartheid', pero gracias a la lucha se consiguieron cambiar”.
Además, Reina precisó que la intención es seguir ocupando, “pues hay que recoger la cosecha sembrada”, toda vez que, según explicó, “hemos conseguido cultivar 400 hectáreas, mientras que cuando entramos hace cuatro años no daba utilidad ninguna ni beneficio ninguno”. Lamenta que “la Junta recibió 800.000 euros procedentes de la PAC para esta finca que debería invertir aquí”.
La finca fue ocupada por el SAT hace cuatro años, el día antes de ponerse a subasta, según ha recordado el sindicato, que lamenta que la Junta, que disponía en 2010 de unas 20.000 hectáreas de tierra pública, “comenzó a deshacerse de este patrimonio público agrario para malvenderlo a especuladores y terratenientes”.
El SAT indica que actualmente “se calcula que sólo quedan unas 5.000 hectáreas de tierra pública”, frente a lo que el SAT aboga por que la tierra “cumpla una función social en la creación de empleo y riqueza”.
De hecho, el SAT ha invertido en Somonte “unos 70.000 euros y muchas horas de trabajo voluntario, que han convertido la finca abandonada en 400 hectáreas de cultivos de trigo, avena, habas, girasol y colza”. También se han empleado en la creación de un huerto, un gallinero, compra de maquinaria, mejoras de las instalaciones de riego y reparación de caminos y edificaciones.
“Aparte del uso social de la tierra, la ocupación puso a Somonte en el mapa”, después de que en dicha finca “se han realizado multitud de actividades informativas, culturales y reivindicativas”, según defiende el sindicato.