Los consejeros del PSOE-A e IU se reúnen este martes en el Consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz, el primer cara a cara de todos ellos tras la crisis que a punto ha estado de romper el pacto después de que la Consejería de Fomento y Vivienda, controlada por IU, comenzara el pasado miércoles a realojar provisionalmente a familias expulsadas de la conocida como Corrala Utopía en Sevilla, pese a las órdenes en contra de la presidenta, quien durante unas horas les quitó las competencias en materia de adjudicación de vivienda protegida. Todavía este lunes, dirigentes de uno y otro partido seguían enviando mensajes de templanza y de que la alianza por la que gobiernan la comunidad autónoma ha salido “fortalecida” tras este enfrentamiento, pero pocos dudan de que la desconfianza se ha instalado en la relación.
La reunión de este martes servirá para medir los ánimos en un encuentro en el que tanto desde el PSOE-A como desde IU han augurado que la presidenta insistirá en la necesidad de hacer equipo y “poner a cada uno en su sitio”. Para la ocasión, un orden del día en principio ligerito y que conllevará la comparecencia ante la prensa -junto al portavoz Miguel Ángel Vázquez- de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Jesús Sánchez Rubio, dado que está previsto aprobar una modificación legal para la investigación con preembriones humanos.
En este contexto, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha exigido que el Gobierno de la Nación “retire el recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de la Función Social de la Vivienda”, que ha defendido como “una vía perfectamente legal”ecurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de la Función Social de la Vivienda“, para hacer frente a los desahucios, ”que es el verdadero problema“. En su opinión, el ”candado“ que el PP ha puesto a esta norma ha privado a la comunidad autónoma de dar solución a la falta de vivienda que padecen ”miles de ciudadanos“. Ha evitado hablar de ilegalidad en el proceso seguido por sus socios con la corrala y se ha limitado a decir que había ”pasos pendientes“. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla debe ahora valorar si los realojados cumplen con los requisitos de riesgo de exclusión social. También ha eludido pronunciarse sobre la falta de confianza que se haya podido generar entre las dos formaciones. ”Lo que ha ocurrido sólo debe servir para afianzar este mensaje de que es posible gobernar de otra manera dentro de la ley“, ha insistido. Igualmente, ha rechazado la petición de una comparencia en el Parlamento de Andalucía para explicar la gestión de este tema, y ha acusado a los populares de ”carroñería“ por ”el aprovechamiento político de esta situación“.
Respondía a la exigencia por parte del PP-A de la convocatoria de un pleno “urgente”, hecha por su vicesecretaria general, Virginia Pérez. Esta ha dicho que el Gobierno de Andalucía “debe dar explicaciones” y facilitar todos los expedientes de los realojos, así como los informes jurídicos para conocer qué es lo que ha pasado. Verónica Pérez ha recordado que en la corrala había “un cuñado de la delegada de la Consejería de Fomento y Vivienda en Sevilla”, Granada Santos, y ha reiterado que una portavoz del colectivo “es miembro de IU”, en referencia a que Irma Blanco iba la número 9 en la lista por Sevilla de la coalición de izquierdas para las elecciones municipales de 2003. Es más, ha proseguido, “trabaja en el Ayuntamiento de Villaverde del Río gobernado por IU”.
¿Quién ha perdido más?
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, insistía este lunes en que el Gobierno de Andalucía sale “fortalecido” tras la crisis, y ha dejado claro que trabajará para que “se acabe la legislatura”. Lo mismo que decía el número 2 del PSOE-A, Juan Cornejo, cuando, tras horas de negociación, llegaron a una salida de consenso. Y es que, como suele ocurrir en una negociación, no hay perdedores y ganadores absolutos. Tanto unos como otros han tenido que pagar un precio para evitar la fractura.
Por un lado, IU ha tenido que admitir que los primeros realojos provisionales que planteaba -que eran 22 según consta en el escrito que elevó al Ayuntamiento de Sevilla- necesitaban de un examen más exhaustivo. De hecho, el realojo ha quedado en ocho familias de momento. Ha tenido pues que demostrar la viabilidad de su actuación -IU sostiene que es una operación legalmente impecable- ante un socio que ha cuestionado su capacidad de gobierno, lo que ha podido proyectar una imagen al votante indeciso de falta de experiencia a la hora de gestionar el poder. Este “examen” implica una quiebro en la confianza a partir de ahora y posiblemente el aumento de suspicacias. Tendrá que explicar también ahora su posición y cómo se ha llegado a este punto frente a un sector de la federación que reclamaba encendido una respuesta contundente, en forma de portazo a la afrenta de los socios, casi desde el primer escollo de la crisis.
El PSOE por su parte ha tenido que dar marcha atrás a un decreto que ha sido un gesto de autoridad y fuerza de la presidenta. En sólo 24 horas se publicaron dos decretos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por este tema: uno retirando las competencias de adjudicación (un viernes) de vivienda protegida a IU y otro devolviéndoselas (un sábado). Si bien puede explicar su retirada en el “restablecimiento de la normalidad” y la “legalidad” que exigía Susana Díaz para ello, y se puede interpretar como una carta arriesgada pero bien jugada, otras fuentes del partido consideran que ha sido demasiado transigente con la federación y ha sucumbido a sus deseos.
En cuanto a las consecuencias en el votante -no hay que olvidar que Susana Díaz ha reconocido que hubiera optado por convocar elecciones autonómicas si esta crisis no se hubiera reconducido- el PSOE calcula que con su moderación ha podido convencer a un electorado más de centro que se le habría podido resistir hasta ahora, mientras que IU ha podido decepcionar a los virados más a la izquierda, que hubieran optado por romper un pacto que ni siquiera querían que se firmara. En todo caso, tampoco ha sumado porque esos votantes ya los tenía. Eso sí, a los dos partidos se les puede achacar una falta de comunicación inicial que probablemente hubiese reconducido la situación mucho antes.
Dos decisiones determinantes de los populares
Mientras, el PP ha sido algo más que un mero espectador avivando la llama. Dos gestos suyos han sido determinantes para desencadenar la crisis. Por un lado, cuando la Delegación del Gobierno en Andalucía, comandada por Carmen Crespo, incumplía el compromiso del 5 de marzo -como aseguran tanto la Junta de Andalucía como el Defensor del Pueblo Andaluz- de paralizar el desalojo de la corrala mientras se estaba negociando y ya “estaba casi hecho” que Ibercaja -propietaria del inmueble que ocupaban en la avenida Juventudes Musicales- se hiciera cargo de estas familias de manera temporal. Una solución con un privado mientras las administraciones trabajaban con tranquilidad en el caso. Todos los presentes -incluido el Ayuntamiento de Sevilla- respaldaron esta salida. Y por otro, con la contundente carta que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, envió a Susana Díaz advirtiéndole de los “comportamientos tendentes al incumplimiento de la ley” de sus socios.
Con (esta) crisis cerrada, también parece que todos ganan. Porque mantienen un pacto beneficioso para ambos. Es más duro gobernar en solitario sin la garantía de una fuerza política que vaya a apoyar decisiones trascendentales, cuando desde Madrid se ejerce mucha presión sobre lo que algunos tildan de “aldea gala”. También es duro para IU dejar el poder y con él la oportunidad de demostrar que es capaz de gobernar y desmentir a los que les acusan de falta de madurez política. Y también sería duro admitir que, la primera vez que gobiernan en coalición, en la primera crisis se fractura el pacto. Un pacto del que han presumido, que han calificado de sólido y que ha soportado hasta cambios de cabeza de cartel como el relevo de José Antonio Griñán por Susana Díaz.