Caso 1: adosado en la calle Sigerico, en Dos Hermanas, propiedad de un banco tras un proceso de desahucio. Ocupado desde hace unos meses por una pareja con dos menores. Se trata de la segunda ocupación del mismo inmueble el último año, pero los actuales habitantes no tienen nada que ver con los anteriores, que lo desmantelaron para venderlo por piezas, y obligaban a los vecinos a llamar cada dos por tres a la policía por el ruido y las molestias. “Se fueron por aburrimiento, supongo, y porque ya habían vendido todo lo que podían”, cuenta una vecina. Los nuevos llegaron un día, hablaron con los vecinos y les dijeron que iban a ocupar la casa “porque no tenían donde vivir, pero que no querían problemas”. En poco tiempo, repusieron ventanas, persianas, rejas... “todo lo que los otros se llevaron”. Y hasta hoy, sin problemas.
Caso 2: adosado en la calle Julián Gayarre, también en Dos Hermanas, e igualmente propiedad de un banco con embargos sobre el constructor judicializados. Lleva dos años ocupada por cuatro adultos y otros tantos niños, que llegaron después de que el inmueble, recién terminado, estuviera seis meses alquilado. La relación con el resto de vecinos es “distante”, cuenta uno de ellos. Describe “peleas, gritos e insultos a diario, que se escuchan en toda la calle”, donde destaca que la mayoría de las demás viviendas ya luce placas de empresas de seguridad en sus fachadas. “Dejan mucha suciedad por toda la calle. Tienen los suministros eléctrico y de agua puenteados, pero no escatiman en gasto”, agrega.
Son dos ejemplos que ilustran varios elementos predominantes en las ocupaciones: en más del 80% de los casos son viviendas propiedad de entidades bancarias o fondos de inversión fruto de desahucios u operaciones inmobiliarias fallidas; muchas veces el problema con el resto de vecinos es más de convivencia que otra cosa (caso 2) o no (caso 1); y conlleva también otros riesgos no siempre considerados, por los enganches irregulares a los servicios básicos por ejemplo. Pero lo que ha calado es el miedo a la ocupación de segundas residencias o viviendas vacías de particulares y se ha disparado la contratación de servicios de seguridad a la vez que se han intensificado las muestras de rechazo a estas personas.
El surgimiento estos últimos cinco años de empresas especializadas en expulsar a usurpadores (la pionera fue en 2016 Desaokupa que dice llevar desde entonces más de 1.500 casos con más de un 90% de éxito), muchas de ellas con una cartelería que deja claro que cuentan con auténticos matones si hace falta; una intensa campaña mediática; y la ofensiva de determinados partidos produce la sensación de que se ha convertido en un problema de primer orden y que una personas va a ir a trabajar y cuando llegue se va a encontrar su vivienda con la cerradura cambiada.
Y se produce la polarización entre los que apuntan que hay mafias especializadas en alentar las ocupaciones y los que piensan que el negocio lo hacen las empresas dedicadas a su expulsión, o entre los que se preguntan si lo están aprovechando las compañías de seguridad con sus persistentes anuncios de alarmas y los políticos que lo usan para atacar a sus rivales por su supuesta permisividad a la vez que prometen cambios legislativos y mano dura, como muestra que tanto el PP, como Vox y Ciudadanos hayan registrado proposiciones de ley en la materia en el Congreso de los Diputados mientras despliegan toda su artillería en redes sociales.
La propia consejera de Fomento e Infraestructuras de Andalucía, Marifrán Carazo, ha urgido “un cambio en la legislación estatal” en esta materia, y ha anunciado que tras este verano se pondrá en marcha una oficina de “información y asesoramiento para propietarios de viviendas ocupadas” en las delegaciones territoriales.
El problema hace unos años eran los desahucios; hoy lo son las ocupaciones. Entonces habían una crisis; ahora, otra todavía peor. Vamos, pues, a ver qué dicen los datos en todos los sentidos respondiendo a tres preguntas.
¿Hay más ocupaciones y tantas probabilidades de que entren en mi segunda residencia?
Entre enero y junio de 2020 ha habido en el conjunto del país 7.450 ocupaciones, lo que supone un crecimiento de un 5,5% con respecto a ese mismo periodo de 2019 (7.093). Es más, en Andalucía han bajado en el mismo porcentaje: de 1.236 a 1.183. Como también han descendido en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Melilla, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra; y se han mantenido en La Rioja y Asturias. El incremento, pues, se han concentrado en los otros siete territorios, pero sobre todo en Catalunya (de 3.190 y 3.611). De hecho, no es muy significativo reseñar, por ejemplo, que en Ceuta se han multiplicado por tres porque hayan pasado de 4 a 12 ocupaciones en el periodo. El problema se da, pues, sobre todo en Catalunya.
El balance del primer semestre, que ha publicado el Ministerio del Interior a partir de datos de los juzgados y de manera inusual porque no suele hacerlo hasta cerrado el año, hace prever, según los expertos, que haya otro ligero incremento cuando acabe 2020. Hay una tendencia creciente de este fenómeno en los últimos cinco años, si se comparan las 9.998 de 2016, cuando se venía de una etapa de descenso, con las 14.621 de 2019 en el conjunto del país. En el caso de Andalucía también hay un crecimiento el último lustro: de las 1.862 (2016) a las 2.535 (2019).
Cierto es que esta cifra puede estar desvirtuada ligeramente por que haya afectados que directamente acudan a la mediación de una de esas empresas que buscan “una salida negociada” y “legal”, como dicen, pero también es verdad que desde las mismas apuntan que la mayoría de sus clientes es gente que está “desesperada” de aguardar una solución por la vía judicial, por lo que su denuncia consta también en esos datos del Ministerio del Interior.
También hay que tener en cuenta que no refleja el volumen de viviendas actualmente ocupadas, porque es un volumen cambiante en función del éxito de las acciones para recuperar la propiedad de las mismas y las nuevas usurpaciones que se vayan produciendo. El Instituto Cerdá ha hecho un estudio del parque de viviendas ocupadas y calcula que ronda las 100.000 en España, siendo “Bankia la más afectada”.
¿Hay más desahucios de viviendas?
El vecindario puede mostrar tanto rechazo a las ocupaciones en un momento dado, montando incluso guardias para evitarlas, como simpatía con una familia que vaya a ser desahuciada, apostándose a la puerta para evitarlo. Pero estos meses está menos de moda hablar de desahucios, que llegaron a acaparar el interés mediático en lo peor de la anterior crisis. En 2019 hubo, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 27.055 ejecuciones hipotecarias de viviendas en España, estando a la cabeza Catalunya con 5.757 y seguida de cerca por Andalucía con 5.681 y, en tercer lugar, la Comunidad Valenciana, con 5.356, siendo los únicos territorios con más de 5.000. Supusieron, en todo caso, dos veces menos que cinco años antes, porque en 2015 fueron 70.078, y Andalucía lideró la lista con 16.275, por delante de Catalunya (14.230) y la Comunidad Valenciana (11.252). De manera que pese a ese descenso en los desahucios, todavía representan más del doble que las ocupaciones.
¿Hay más miedo?
Parece que sí, como lo demuestra el auge de las empresas que echan a ocupantes y a “inquilinos precarios” (como denominan a los que han dejado de pagar y no se van) y la contratación de alarmas. “Trabajamos día a día para hacer del mundo un lugar más seguro para las familias y los propietarios”, dice Desokupa, la pionera.Tras su estela, Desokupamos, la primera en aterrizar en Andalucía, Fuera Okupas, Desocupaexpres. Las hay que incluso compaginan la expulsión de los usurpadores con negocios inmobiliarios.
Para ver la evolución del mercado de las alarmas, los más exhaustivos son los informes del observatorio sectorial de DBK de Informa. En 2017, había 1.845.305 conexiones activas, que pasaron a 2.047.356 en 2018 y que superarán las 2.250.000 en 2019 a falta de cerrar este último balance de su informe Centrales receptoras de alarma. ¿Son de particulares o de empresas? Más de la mitad son del segmento residencial. Sí, de viviendas. Desde 2017 hablamos de un incremento de más del 20%, y en los últimos cinco años, del 35%, porque eran 1.581.158 en 2015.
“La demanda se ha visto favorecida por un contexto económico favorable, marcado por el repunte de la inversión empresarial, la recuperación del mercado inmobiliario y la mejora de la renta disponible de las familias. Pero además, la tendencia de sustitución de servicios de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad y el desarrollo tecnológico han sido otros factores dinamizadores del negocio”, explica Juan Ortín, director del observatorio sectorial de DBK de Informa.El estudio es de antes de la propagación de la pandemia de la COVID-19 en España, “por lo que no tenemos valorado su impacto en el sector”, prosigue.
La mayor parte de los contratos se concentra en Catalunya y Comunidad de Madrid, con más del 20% cada una. Luego figuran Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El grado de concentración de la oferta continúa aumentando, de manera que los cinco primeros operadores reúnen ya el 75% del número total de contratos. De hecho, hay menos empresas del sector: a finales de 2018 el número las autorizadas por el Ministerio del Interior y por las administraciones autonómicas para operar en el mercado de centrales receptoras de alarmas se situó en 146, una decena menos que en 2017.
El miedo no es solo de los que temen la ocupación de su segunda residencia, sino que también se instala en el mercado del alquiler porque está el modus operandi del cambio de la cerradura, pero también el de pagar un par de meses la renta y luego de dejar de hacerlo. Esto ha traído el encarecimiento de los alquileres y las exigencias a los interesados -avales, fianzas, nómina- igual que propició el más rentable mercado de las viviendas para fines turísticos hasta la debacle del coronavirus.
Y es que en esto ocurre eso de que el árbol a veces no deja ver el bosque. Mientras se muestra como el gran problema de nuestra sociedad estos meses el peligro de ocupación de la vivienda de cualquier particular si se despista un poco, se deja de lado otro más sostenido con los datos y en el tiempo: en España hay más de 3,5 millones de inmuebles vacíos según el último censo del Instituto Nacional de Estadística -será interesante ver la evolución con el que está ultimando para 2021- mientras los registros de demandantes de viviendas de promoción pública están hasta arriba. Solo en Andalucía suman más de 100.000 solicitudes.