Pocas sorpresas este martes en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Como estaba previsto, la Comisión de Desembalse de la CHG ha aprobado una declaración de situación excepcional por sequía extraordinaria en el 80% de la cuenca y se dispone a pedir al Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que apruebe un Real Decreto que le permita tomar medidas de ahorro y tratar de paliar los afectos de la sequía para 4,3 millones de personas, de 554 municipios y 890.000 hectáreas de regadío que hay en la cuenca.
Aunque el abastecimiento para el consumo humano está garantizado para dos años, los números que deja el año hidrológico recién acabado dejan una situación “compleja y preocupante”, según ha reconocido el presidente de la CHG, Joaquín Páez, quien ha recordado que los últimos ocho años han sido “años secos” y que, de hecho, solamente el 2017-2018 se aproximó a la media de precipitaciones de los últimos 25 años. La precipitación acumulada, a pesar de las lluvias registradas a finales de octubre, se sitúa en 42 l/m², muy por debajo de la media histórica para el mismo periodo que alcanza los 71 l/m².
Según los datos aportados en rueda de prensa, la cuenca del Guadalquivir registra con respecto a la media de los últimos 25 años un 17% menos de precipitación acumulada, el 57% menos de aportaciones a los embalses y hasta el 20% menos de volumen medio, situándose hoy en día al 26,2% de su capacidad total. Los números provocan que se haya declarado la situación excepcional de sequía en diez de las 23 unidades territoriales de escasez, incluida la del Sistema de Regulación General, con cuatro provincias afectadas (todas ellas andaluzas: Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada). “Si la cosa empeora y no llegan las precipitaciones, otras unidades se irán incorporando”, ha vaticinado. Las previsiones mantendrían la actual tendencia y la posibilidad de tener un año normal es solo del 33%, ha detallado Páez.
La declaración de sequía, que se ha hecho pública durante la celebración de la Junta de Gobierno de la CHG, órgano participado por los representantes de las administraciones central, autonómica, local y los distintos usuarios de la cuenca hidrográfica, motivará la puesta en marcha de medidas previstas en el Plan Especial de Sequía de la Demarcación como las restricciones al uso industrial, la reserva de 400 hm³ para el abastecimiento en el conjunto de los embalses, la reserva de 100 hm³ para situaciones de emergencia con el objetivo de evitar una pérdida permanente de cultivo para aquellos cultivos vulnerables y la intensificación de campañas de educación y concienciación del ahorro, entre otras. Además, los desembalses que se produzcan a partir de ahora serán solo y exclusivamente para el mantenimiento de los caudales ecológicos mientras se mantenga esta situación y ante la ausencia de precipitaciones. En la misma línea se ha anunciado el incremento de la vigilancia y el control de la Comisaría de Aguas y del Servicio de Explotación para evitar detracciones de caudal para riegos.
A día 1 de noviembre están en situación de emergencia las unidades de Guadiamar, Hoya de Guadix, Dañador, Sierra Boyera, Rumblar, Guadalentín, Guardal, Guadalmellato, Bembézar-Retortillo, y el subsistema de las Vegas Altas de Granada, Cubillas-Colomera. También el Sistema de Regulación General, cuyos 17 embalses pueden albergar hasta 5.721 hm³, el 70% de la capacidad de embalsado del Guadalquivir. El presidente de la CHG también ha informado del balance de la campaña de riego 2021. “Planificamos 965 hm³ -925 hm³ hasta septiembre y 40 hm³ para los cultivos leñosos de octubre- y ese volumen se ha cumplido escrupulosamente y con mucho esfuerzo”, ha destacado, agradeciendo el compromiso del regadío de la demarcación que ha cumplido con lo aprobado en la comisión de desembalse de abril. “Llevamos tres años consecutivos con restricciones al regadío, del 10%, del 20% y del 50% respectivamente, y no se prevé una mejoría”, señalando que para el próximo año hay “un 70% de probabilidad de que se dé regadío de supervivencia, es decir, que solo se garantizaría el riego de la arboleda”.
En ese sentido, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha demandado la condonación de los cánones y tarifas de riego para todos los regantes del Guadalquivir, así como otras medidas fiscales y económicas compensatorias para paliar los efectos socioeconómicos de la sequía, según ha comunicado su presidente, José Manuel Cepeda, quien ha subrayado que se trata de medidas que “ya fueron aprobadas por el Gobierno de España en 2006, 2007 y 2008”, con la cuenca del Guadalquivir en una situación similar a la actual, por lo que entienden que deben ser concedidas de nuevo en esta ocasión, “máxime si tenemos en cuenta que venimos de tres campañas con importantes restricciones, la última con una dotación de solo el 50% de una campaña normal, lo que hizo que el sector arrocero solo pudiera sembrar la mitad de su superficie, condicionó la planificación de cultivos y ocasionó además caídas en la producción de entre el 20-30%”.
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