“Demoras o retrasos en el dictado de resoluciones” por parte del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en particular cuando se trata de reclamaciones frente a las administraciones locales. Lo denuncia el útimo informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz, que considera que dichas dilaciones “puede afectar al derecho de acceso a información y documentación públicas”, por lo que pide “una mejora en la dotación de medios personales y materiales” para este organismo, que funciona desde enero de 2016 en virtud de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, “con objeto de lograr un alto grado de garantía de los derechos de los ciudadanos y de cumplimentación respecto de las obligaciones administrativas”.
El informe del Defensor Andaluz se hace eco de la queja 19/4025, promovida sobre el funcionamiento y dotación de medios personales y materiales del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), iniciada ante la Consejería de de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, explicando que la Defensoría viene recibiendo en los últimos años “numerosas quejas referentes al ejercicio del derecho de acceso a información y documentación pública, y las dificultades o limitaciones que los ciudadanos encuentran al respecto”. En ese sentido detalla que el número de expedientes de quejas en materia de transparencia pública, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía, ha ascendido a 70. Dentro de ellos, once quejas se refieren a reclamaciones concretas frente a la actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
En lo referente a las quejas que afectan al citado Consejo, los promotores denuncian básicamente incidencias y retrasos en el funcionamiento como órgano de control en esta materia. Así, entre otras cuestiones, se denunciaba, en unos casos inactividad del Consejo, en otros la no ejecución de sus resoluciones o reclamación contra la propia resolución del Consejo y, mayoritariamente, el incumplimiento en los plazos de respuesta y resolución legalmente establecidos.
Plazos “inadecuados”
Comenta el informe que, en estos últimos expedientes de queja, las respuestas del Consejo a las peticiones de informe y colaboración de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han sido “diligentes y acordes a su disponibilidad de medios personales y materiales”. No obstante, últimamente, “se vienen produciendo demoras o retrasos en el dictado de resoluciones por parte del Consejo, así como en el traslado de las mismas al Defensor del Pueblo Andaluz”. En particular, detalla el informe, estas dilaciones se producen cuando se trata de reclamaciones frente a las administraciones Locales, habiéndose detectado retrasos de hasta diez meses, “unos plazos inadecuados si se tiene en cuenta que la norma estatal básica, la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 24.4 que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución (formulada ante el Consejo de Transparencia) será de tres meses.
“Consideramos que, en estos casos, el retraso producido puede afectar al derecho de acceso a información y documentación públicas conforme a las previsiones establecidas en el artículo 105 b) de la Constitución Española, derecho que no es absoluto sino que la propia Ley establece límites a su acceso”, constata el informe. A su vez, “tales retrasos pudieran comportar un ineficaz control por el Consejo en el cumplimiento del deber y obligaciones de transparencia en la actividad pública de las administraciones y entidades concernidas”, señalan desde el Defensor.
Consultadas por esta denuncia expuesta por la Defensoría, fuentes del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía achacan dichos “retrasos” a que las dos RPT (relaciones de puestos de trabajo) con las que cuenta el órgano “no están dotadas suficientemente”, incluyendo aún “muchas vacantes por cubrir”, registrándose una carga de trabajo que provoca “cierta ralentización” en la ejecución de resoluciones, a la espera de que se reactive el concurso de funcionarios. Detallan que un tercio de la RPT de transparencia está vacante (tres de diez, de los cuales dos tiene un perfil de alta cualificación).