El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy medidas urgentes ante la “realidad insostenible” que representan los suicidios en la población infantil y juvenil. “¿De verdad la adolescencia ha incorporado que, cuando te sientes mal, tienes la opción de morirte? Hay que ayudarles ya”, se ha preguntado Jesús Maeztu en el debate sobre el Informe de la Infancia 2021 desarrollado en la comisión específica creada para estas políticas en el Parlamento andaluz.
En 2021, según los últimos datos publicados por el INE en el momento de elaboración del informe, se registraron 22 suicidios entre los 10 y los 14 años en España, y entre los 15 y los 19 años fueron 53. Entre 2020 y 2022 se han registrado casi 2.000 intentos de suicidio de niños, adolescentes y jóvenes, según un reciente estudio de la Fundación ANAR.
“Psicólogos de la sanidad pública están alertando de que cada vez se ven más niños y niñas con tendencias suicidas en la consulta. Muchas familias tiene que acudir a las consultas privadas -las que pueden, claro- por la carencia de profesionales en la sanidad pública”, ha especificado el Defensor para preguntarse, “¿de verdad esto está ocurriendo? Es difícil de creer”. “Estamos llegando tarde, y hablar del suicidio puede salvar dudas”, ha señalado Maeztu, informa la institución en un comunicado.
El Defensor ha demandado un Plan específico en Andalucía para la Prevención del Suicidio en la población infanto-juvenil con entidad propia y medidas claras y consensuadas, herramienta de la que disponen otras comunidades autónomas. La Defensoría inició una actuación de oficio a este respecto, en la que ha conocido la disposición de la Consejería de Salud y Consumo de emprender este trabajo, ha señalado Maeztu, quien ha confiado en una pronta respuesta a este problema y otros planteados a este respecto.
Entre otras medidas, el Defensor ha reclamado “el acompañamiento a las familias, a las asociaciones, a las personas que han conocido de cerca este drama, formar al profesorado para que detecte estos impulsos, e impulsar una mejora de los mecanismos y sistemas de información y prevención”, al tratarse en su opinión de una emergencia social.
“A las edades en que la principal fantasía debe ser comer un helado, hay niños, e incluso más niñas que niños, que están fantaseando con quitarse la vida porque la adversidad les supera”, ha continuado el Defensor, que ha señalado el acoso escolar, la exclusión de los grupos de iguales, y la violencia, como factores que inciden en el suicidio infantil y juvenil.
Si bien el suicidio a veces es la respuesta que están encontrando estos menores ante sus frustraciones e inseguridades, “lo cual debe alarmarnos a todos y todas como sociedad”, el Defensor ha aclaro que no siempre está asociado a casos de salud mental, para los que también ha reclamado medidas específicas.
En este sentido Jesús Maeztu ha pedido luchar contra el estigma de la salud mental con medidas de sensibilización y educación; un sistema de información que permita conocer la realidad y magnitud del problema, debido a la escasez de datos; un incremento de las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad en las personas menores de edad, incluyendo el ámbito educativo; y un aumento de los recursos de atención para atender las patologías mentales, tanto a nivel hospitalario como también en Atención Primaria.
Esta adecuada dotación de recursos y medios contribuiría a frenar otro de los males endémicos que padece la atención a la salud mental infanto-juvenil: la prevalencia de los tratamientos farmacológicos frente a los asistenciales. Por ello, el Defensor ha reclamado un incremento de las plantillas de Psicólogía y Psiquiatría del sistema sanitario público de Andalucía que evite la saturación de los recursos, tanto en Atención Primaria como en la Atención Especializada.
También ha considerado necesario impulsar Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales entre los miembros, así como favorecer la creación de programas de respiro familiar en períodos cortos de descanso de sus progenitores.
Jesús Maeztu ha demandado en último lugar el apoyo institucional a las asociaciones de familiares de menores con patología mentales, y que se propongan medidas para mejorar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional de los organismos que deben atender a la salud infantil y juvenil.
Este Informe analiza y propone medidas sobre la situación de este colectivo en la comunidad autónoma, que representa el 20 por ciento de la población andaluza. Fueron 5.871 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.632 se refieren a quejas y 3.239 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1,846 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.822 fueron instados por la ciudadanía y 24 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 786 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.
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