La muerte de Piotr Piscozub, en octubre de 2014, puso el foco en la atención sanitaria a las personas sin hogar en los servicios de urgencias de los centros sanitarios públicos de Andalucía. El joven falleció mientras esperaba la cola para comer en un albergue municipal de Sevilla, horas después de recibir al alta hospitalaria. Perdió la vida a causa de bronconeumonía. Un juzgado está investigando la posible responsabilidad penal en la atención médica que se le dispensó. ¿Otro tipo de actuación, dentro del ámbito social, podría haber evitado tan lamentable muerte o al menos las circunstancias que la rodearon? Este viernes, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha hecho llegar al Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) un estudio acerca de cómo es la atención que reciben las personas sin hogar cuando pasan por las urgencias hospitalarias y las propuestas de mejora para que el caso de Piotr no se repita.
Tanto la APDHA como el DPA coinciden en destacar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendría que poner los esfuerzos en ofrecer “un plus” en la atención social que reciban estas personas en las urgencias, en conocer sus circunstancias vitales y en contar con personal especializado que las interprete y, principalmente, ejerza un acompañamiento y tutela del paciente. Además, sería conveniente establecer una mejor coordinación con los servicios sociales comunitarios municipales de manera que el paso por el hospital de una persona sin hogar o con una especial vulnerabilidad no sea como el de otra persona cualquiera.
Los hospitales andaluces cuentan con unidades de atención social pero, por ejemplo en el caso del Hospital Unversitario Virgen del Rocío, se limita a un horario de 10h a 14h. Fuera de ese intervalo, a la persona sin hogar se le da el alta o se le deriva a los servicios sociales sin determinar cómo o porqué ha llegado hasta Urgencias y con probabilidad de que esa visita hospitalaria, por multitud de circunstancias, se vea reiterada con posterioridad, engordando además el gasto público sanitario. Asimismo, volvería sin más a sus hábitos y a un estado de exclusión que ningún servicio, ni médico ni social, habría podido advertir ni posiblite su rehabilitación social, según ha explicado en rueda de prensa la coordinadora del área de cárceles de APDHA, Maribel Mora.
La representante de la asociación ha criticado las nuevas instrucciones del SAS en relación a este tipo de casos, vigentes desde marzo de 2014, ya que entiende que ha sido más bien “un lavado de cara” al protocolo tras la “alarma social” generada por la muerte de Piotr y que realmente tiene “grandes lagunas” para una mejor atención social en los grandes centros sanitarios públicos hacia los sin hogar, el “reflejo extremo” de la desigualdad en la sociedad actual.
Unas actuales directrices “abstractas” y a criterio de cada hospital
Mora ha denunciado la “falta de transparencia” de la Consejería de Salud al no responder a sus peticiones para acceder a las instrucciones aprobadas hace un año y que, a su juicio, no suponen grandes cambios respecto a lo existente con anterioridad al caso de Piotr, ya que incluyen “directrices abstractas” y “dentro de la disponibilidad” de cada hospital y una importante “falta de recursos, de comunicación y coordinación” a partir del alta hospitalaria, cuando se derivan a servicios sociales externalizados y sin conexión ni continuidad en la atención médica ni seguimiento de la, digamos, etapa de convalecencia.
El estudio '¿Qué pasa en las Urgencias con las Personas sin Hogar?' propone en ese sentido la implantación de una Unidad de Trabajo Social operativa las 24 horas en las Urgencias; la creación de una espacio “híbrido” habilitado para la recuperación de las personas en riesgo social; una red coordinada de albergues; que los protocolos de atención a las personas sin hogar en Urgencias se centren fundamentalmente en la asistencia sanitaria, en la “adherencia al tratamiento” y no en la derivación a recursos sociales externos que, por otra parte, “son muy precarios e inexistentes” para personas sin hogar enfermas, apunta APDHA. Por último, proponen la formación específica de los profesionales sanitarios para la detección de casos de riesgo o excusión social.
Maeztu, por su parte, ha acogido de buen grado las propuesta de APDHA, que valorará y engarzará con las que ya están coordinando las distintas defensorías autonómicas para mejorar la situación de los servicios de urgencias a nivel estatal. Ha comentado que están haciendo “un seguimiento y una evaluación” del cumplimiento del nuevo protocolo que el SAS tiene puesto en marcha a fin de, una vez analizadas las conclusiones y enganchadas con el estudio de APDHA, poder debatir “a tres bandas” con la Junta de Andalucía y garantizar, según ha destacado, la continuidad de la atención social tras el alta hospitalaria a las personas sin hogar.
¿Qué hubiera pasado con el polaco Piotr si hubieran existido unos protocolos que pusieran tan sólo “un poco de atención a las necesidades de las personas sin hogar”? La pregunta no se ha planteado en la comparecencia ante la prensa pero Maribel Mora, que además ejerce la acusación popular en la causa judicial abierta, ha querido recordar aquella historia que, aunque “no es un caso excepcional”, según ha insistido, trascendió en su momento a la opinión pública:
Aquel joven, como tantos otros sin techo, fue “aparcado” en las urgencias hospitalarias por los agentes de la policía que le recogieron en la calle con un estado de extrema delgadez a causa de la desnutrición. Casi sin mantenerse en pie, pasó por admisión, por la sala de triaje, por el médico, etc. “Nadie sabía de dónde venía ni si venía solo o acompañado”. Estaba solo. Fue derivado a los servicios sociales, de los que apenas pudo hacer uso, ya sin médico ni enfermero que le cuidase. Un equipo de intervención social, podría haber evitado, quién sabe, ya no el fallecimiento, en aquel caso al parecer inevitable por las graves dolencias físicas que padecía, sino una muerte sin asistencia sanitaria, en la soledad de unas sillas de plástico, guardando cola para poder llevarse algo a la boca.