“No tienes cojones ni para quitarte la vida, moro de mierda… Vete a tu país y en la cárcel de Mohamed VI di que Mohamed y Moustapha te han pegado, a ver si alguien te hace caso…”. Son palabras atribuidas a funcionarios de prisiones de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, que constan en la denuncia interpuesta por un preso de origen marroquí, con problemas de salud mental, tras sufrir una agresión en su celda de aislamiento la mañana después de intentar suicidarse. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre y, más de dos semanas después, esta persona no ha sido reconocida por un médico forense para dar fe o para descartar que sus lesiones fueron provocadas por la fuerza física de las personas que le custodian en prisión, como él mantiene, “lo que limitará absolutamente la viabilidad de su denuncia”, apunta su abogada.
Este mismo martes, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) alertaba de que, según los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al diputado Jon Iñarritu, Andalucía casi ha duplicado entre 2015 y 2019 las denuncias por malos tratos en prisión. Desde la organización advierten que es la comunidad autónoma andaluza donde más casos de tortura o malos tratos se denunciaron dentro de prisión en 2019, por lo que han presentado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz pidiendo que lleve a cabo un estudio específico para identificar las causas que explican este aumento a pesar del descenso de la población penitenciaria. Las cárceles de Puerto III, Huelva y Sevilla II son las prisiones que más denuncias registraron en 2019.
Precisamente en la cárcel de Sevilla II, que desde hace años acumula denuncias de ese tipo, se sucedieron los hechos que constan en la referida denuncia, presentada el 14 de septiembre por APDHA al tener conocimiento de lo sucedido a través de la pareja del preso, que se enteró por la madre de un preso amigo que le comentó que había intentado suicidarse. “Para denunciar torturas y malos tratos las personas bajo custodia del Estado suelen tener que enfrentarse a la incomunicación inicial que impide el acceso rápido a la denuncia y el desinterés de los órganos de la Administración encargados de investigar los hechos”, comenta la abogada, Ana Castaño.
El preso denunciante tiene problemas relacionados con la salud mental y recibe un tratamiento farmacológico que no alivia su sufrimiento psíquico, apunta la letrada. Tras varios registros en su celda y una amenaza de parte disciplinario, aquella noche intentó quitarse la vida ingiriendo por vía bucal cristales rotos, varias pilas y un mechero roto, todo eso justo antes de intentar ahorcarse. Mientras colocaba el cordel, varios compañeros de las celdas contiguas alertaron a los funcionarios, que llegaron en apenas unos minutos y exigieron al preso que sacara las manos por la trampilla de la puerta para esposarlo, relata la denuncia. Tanto en la celda con luego en el módulo de enfermería le esposaron “con violencia” entre cuatro funcionarios. La esposa de la mano derecha estaba a la altura de la cadera y uno de los funcionarios la retorció y la apretó poniendo su pierna encima de la misma; la esposa de la mano izquierda estaba por encima de la cabeza y la sujetaba otro funcionario, que la retorcía también, se relata en la denuncia. Ya de madrugada, una ambulancia condujo al interno al Hospital Universitario Virgen de la Macarena.
Las pruebas solicitadas, “indispensables para acreditar las lesiones”
A su vuelta al mediodía siguiente volvieron a darle “golpes y empujones”, produciéndose además presuntamente los insultos racistas que recogen al comienzo de esta información. Fue cuando el preso decidió llamar a su pareja para contarle lo sucedido y fue cuando ella interpuso una queja en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pidiendo al tiempo que la abogada de APDHA fuera a verlo para denunciar los malos tratos que le infligieron varios funcionarios cuando descubrieron que intentaba suicidarse. Llevaba un par de días vomitando lo que se tragó para suicidarse, pero el mechero se le había doblado en el estómago y no salía, provocándole unos dolores tremendos, por lo que pidió que lo trasladaran de nuevo al módulo de enfermería. La abogada, en representación de APDHA, se entrevistó con él, “muy magullado y dolorido”, y presentó escrito de denuncia en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº2 de Morón, en funciones de guardia, solicitando de manera urgente la práctica de las dos diligencias de prueba: la asistencia de médico forense, conforme a lo establecido en el Protocolo de Estambul, con detalle fotográfico de las lesiones; y la realización de una analítica completa con determinación de C.P.K., un marcador de lesión de fibras musculares que puede detectarse entre uno y cinco días después de los hechos. La jueza se negó a recibir a la abogada, sostiene, y una vez terminada la guardia envió automáticamente la denuncia a reparto.
Ya una semana después de los hechos, el día 17 la letrada llamó al Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución de Morón de la Frontera, donde le dijeron que, aunque ya se había repartido formalmente la denuncia (recae en el Juzgado nº2, el mismo que estuvo de guardia cuando se registró la denuncia), ésta no la tendría físicamente el juzgado hasta esa tarde cuando el Servicio Común hiciera el reparto, recordándole además la persona que le cogió el teléfono que el viernes 18 y el lunes 21 eran días de fiesta en Morón de la Frontera, emplazándole a llamar ya el martes. Ese mismo día 17, la abogada presenta un escrito de impulso reiterando que se practiquen “con urgencia y a la mayor brevedad posible” las diligencias de prueba propuestas.
Desde entonces, nada. Señala la abogada que el reconocimiento del médico forense es fundamental para que la denuncia tenga viabilidad, recordando que la entrada de dispositivos móviles no están permitidos en prisión, por lo que no existen imágenes ni fotografías de las lesiones en hombros, costillas y muñecas presuntamente causadas por los funcionarios. “Las pruebas solicitadas son indispensables para acreditar las lesiones sufridas”, explica la letrada, pero más de dos semanas después no se han practicado.
Una “intolerable realidad”
Según APDHA, a tenor de los datos del Ministerio del Interior, si en 2015 se abrieron 26 procedimientos por tortura en las cárceles andaluzas, en 2019 el número de denuncias registradas fue de 44, “un número especialmente preocupante teniendo en cuenta que en los últimos cinco años la población privada de libertad ha disminuido”, sostienen desde la asociación. Si en 2015 había 14.359 personas en las prisiones andaluzas, en 2019 había mil personas menos (13.356). Sin embargo, como inciden desde APDHA, “a pesar de este descenso de las personas privadas de libertad, el número de denuncias en Andalucía se ha incrementado”. La disminución se ha producido también en el ámbito estatal. En diciembre de 2015 había un total de 52.804 personas encarceladas y en el mismo mes de 2019 había 50.129.
Andalucía acumula el 34% del total de las denuncias registradas por el Ministerio del Interior durante el año pasado. Según los datos, de las 44 denuncias por tortura o malos tratos en los centros penitenciarios andaluces, las prisiones con mayor número de procedimientos son Puerto III (Puerto de Santa María, Cádiz) -con 14 denuncias-, Huelva -con 10- y Sevilla II (Morón de la Frontera) -con 9-. Tal y como afirman desde la asociación, “resulta alarmante que esos centros no sólo acumulan el mayor número de denuncias en el ámbito autonómico, sino también en relación con el resto de cárceles dependientes de la Administración General del Estado”.
Además, como apuntan desde APDHA, “si se comparan los datos totales de los últimos cinco años tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, 2019 fue el año en el que se registró el mayor número de denuncias por tortura dentro de prisión”. En este sentido, destacan que “si se presta atención al total de denuncias por año, se observa una tendencia al alza desde el 2015”. De este modo, si en el año 2015 se registraron 89 denuncias por tortura o malos tratos para el total de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, en 2019 se iniciaron 129 procedimientos por el mismo motivo.
Desde el área de Cárceles de APDHA, manifiestan una “profunda preocupación por una práctica que debería estar totalmente erradicada en nuestro Estado, ya que es contraria a todas las convenciones internacionales que garantizan los derechos humanos”. De igual modo señalan, aludiendo a las conclusiones alcanzadas por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa en su última visita al Estado, que “es igualmente preocupante el hecho de que, dada la amplia incidencia y frecuencia de los malos tratos físicos en las cárceles, ningún procedimiento penal llegó a la fase final de la investigación entre los años 2014 y 2016”. Por todo ello, desde la entidad andaluza han solicitado al Defensor del Pueblo Andaluz “que intervenga llevando a cabo un estudio específico que esclarezca las causas de esta intolerable realidad”.