Hay una especie de karma irónico y vindicativo en el debate sobre el veto parental con el que Vox está presionando al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla: la base teórica que sustenta esta propuesta es idéntica a la que esgrimen PP y Ciudadanos cuando defienden el llamado “derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos”. Se trata de un derecho “retórico”, porque en realidad las familias no tienen ningún impedimento legal para matricular a sus vástagos en la escuela que más les guste, y en el 93% de los casos consiguen plaza a la primera (en el 98% si se cuenta la segunda opción).
Este eufemismo retórico disfraza el modelo educativo de los partidos conservadores, proclives a concertar más colegios privados en función de la “demanda social” (como recogía la ya derogada Ley Wert). En este caso, los socios del Gobierno andaluz defienden que la política de planificación escolar debe plegarse a la voluntad de las familias, es decir, que si los padres eligen mayoritariamente plazas en un colegio privado concertado, la Administración debe concertar más unidades en caso de que no haya para todos. Es un planteamiento político que luego frustra las expectativas de las familias, porque cuando los técnicos tienen que traducirlo sobre el papel terminan subrayando la evidencia: “Los colegios no son chicles”.
Con el llamado pin parental ocurre lo mismo: la idea de Vox es que los colegios deben plegar sus proyectos educativos a las exigencias de las familias si, por ejemplo, discrepan de ciertas actividades programadas en el currículum por razones políticas, morales o religiosas. Del derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos al derecho de los padres a elegir los contenidos que estudian sus hijos. Un boomerang que lanzaron PP y Cs y que Vox les ha devuelto en forma de amenaza y órdago al Gobierno: o implantan la censura parental en las escuelas andaluzas o les retiran su apoyo de legislatura y dejan caer todas las leyes, decretos y órdenes que lleven al Parlamento. A final de mes se debatirá la Ley de protección a la Infancia, de la Consejería de Igualdad, y la ultraderecha ya ha lanzado una enmienda a la totalidad para tumbarla.
Los populares se ven ahora presos de su propia retórica política y tratan de disuadir a sus socios de ultraderecha con argumentos que desmontan el mito del “derecho de los padres a decidir”: “El pin parental es algo que se han inventado ellos, eso no existe”, dice el portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio Nieto, que ya califica a sus antiguos socios como un partido “desestabilizador”; “Esa medida es un sinsentido, ridícula, responde a la necesidad de Vox de que se hable de ellos cada semana por cualquier cosa”, advierte el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero; “Lo que pide Vox sencillamente no se puede hacer, porque no lo permite la ley [en realidad, no lo permiten cinco leyes] y, además, supondría una injerencia en la autonomía pedagógica del centro y en la libertad de cátedra de los profesores”, insiste, con evidente hartazgo del tema, el consejero de Educación, Javier Imbroda.
Pero Vox no está en un debate jurídico, ni administrativo ni tan siquiera educativo. El pin parental ha sido uno de los detonantes que ha hecho saltar el Gobierno de PP y Cs en Murcia, después de que los populares incluyesen esta medida en un acuerdo de Presupuestos que sus socios naranjas no aprobaban. El portavoz en el Parlamento andaluz de Vox, Alejandro Hernández, se limita a enseñar el acuerdo firmado con los socios de la Junta, hace un año, en el que se comprometían a desarrollar una norma que obligase a las escuelas a “pedir una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias” [de carácter obligatorio], lo que ellos llaman pin parental. Luego enseña un papel, firmado hace unas semanas por Imbroda, en el que se comprometía a desarrollar “los cambios normativos necesarios” para garantizar “el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a la Constitución”.
Sobre estos acuerdos hay lecturas discordantes y sus firmantes se acusan mutuamente de tener problemas de comprensión lectora: “Es un problema semántico”, dice el consejero de Educación. “Es una traición, es un trilero y un estafador”, le replican desde Vox. Esta semana, en una comparecencia ante la prensa en el Parlamento, un periodista le pidió a Hernández que explicase con detalle cómo debía funcionar en la práctica el pin parental, para saber dónde estaban las discrepancias entre la Junta y su formación. Para Imbroda, una “autorización expresa” de los padres, como reza el acuerdo con Vox, puede ser simplemente la matrícula del alumno en su escuela. Las familias tienen acceso al proyecto educativo del colegio antes de inscribir a sus hijos, incluidas las actividades complementarias (talleres, excursiones, etc.) que forman parte de las asignaturas obligatorias, y de las actividades extraescolares, que son voluntarias.
Esto está regulado por ley, pero la explicación que ofreció el portavoz de Vox mostraba evidentes lagunas sobre la materia: “El pin parental, me da igual el nombre que le pongan, consiste en que los padres, si no les gustan las actividades escolares asociadas a una asignatura, puedan sacar a su hijo del aula sin que se le penalice”. Hernández plantea que las actividades complementarias (obligatorias) tengan la misma condición en el currículum del alumno que las extraescolares (voluntarias), un cambio normativo que dependería de la legislación básica y, por tanto, no es de competencia autonómica.
Al escuchar que las familias pueden conocer el proyecto educativo de un colegio antes de matricular a su hijo (y por tanto, no inscribirlo si no le gusta su metodología), el portavoz de Vox buscó otra explicación: “Según tengo entendido, la escolarización es ahora en marzo y el curso empieza en septiembre. Cuando los padres se enteran de las actividades, su hijo ya está matriculado y es demasiado tarde”. En realidad, las escuelas tienen la obligación de tener publicado el proyecto educativo del centro ya durante el mes de inscripción (marzo) y mostrárselo a las familias que quieran consultarlo, para que tengan toda la información antes de elegir escuela. El proyecto de centro está validado por el Consejo Escolar de cada colegio, donde están representados los profesores, la Administración y también los estudiantes y sus familias. Cuando Imbroda se refiere al acuerdo firmado con Vox, insiste en que se puede mejorar esta parte de transparencia e información a las familias: “Conocimiento previo, sí. Veto previo, no”.
Tras lanzar la amenaza de ruptura al Gobierno andaluz, el presidente Moreno Bonilla instó a la Consejería de Educación a volver a reunirse con Vox y renegociar los términos del acuerdo. Hubo una primera reunión a la que asistieron la viceconsejera, María del Carmen Castillo; el jefe de inspección educativa; y el portavoz parlamentario de Vox en materia educativa, Macario Valpuesta. Del primer encuentro salió poco o nada tangible, pero sí se colaron un par de ideas interesantes de la valoración posterior que hizo Valpuesta ante los periodistas: la primera, que cualquier modificación normativa se postergaba al próximo curso escolar, es decir, que el Gobierno andaluz gana tiempo frente a la amenaza de ruptura de sus socios, que no aclararon si mantendrán retirado su apoyo en el Parlamento mientras dure la negociación; y la segunda: “Que si hay que decidir entre el derecho a elegir de las familias y el derecho de cátedra de los profesores, debe primar lo primero”.
Esto, obviamente, no tiene traslación legal a una norma autonómica. Es una suerte de trampantojo, un falso dilema, porque el derecho de los padres a elegir es un lema, una consigna política, un eufemismo que PP y Cs extraen de una lectura interesada del artículo 23 de la Constitución, que garantiza el derecho fundamental a la “libertad de enseñanza”. Mientras que la autonomía pedagógica del centro y la libertad de cátedra están reconocidas literalmente en la legislación estatal y autonómica.
El derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, entendido como el derecho de entrar en esos colegios, sea cual sea la oferta y la demanda de plazas, es un planteamiento perverso porque, llevado al límite, puede desbordar la capacidad de unas escuelas en detrimento de otras, que quedarían vacías por falta de solicitudes. No hace falta imaginarse este escenario, porque ha ocurrido recurrentemente en los barrios acomodados de las grandes ciudades andaluzas, como Sevilla, con un Gobierno autonómico del PSOE y un Ayuntamiento socialista.
En la práctica, este desequilibrio se traduce en una expansión de colegios privados concertados frente a un retroceso de escuelas públicas. En los primeros prevalece un alumnado con una renta superior a la media, y en los segundos se cuadruplica la tasa de estudiantes inmigrantes, con necesidades educativas especiales o con alguna discapacidad física o psíquica (que requieren un sobreesfuerzo educativo e inversor a la Administración pública). Así lo avalan los datos de escolarización del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación andaluza.
El veto parental es, en todo caso, un artilugio que tensa las relaciones políticas dentro del Gobierno de Moreno Bonilla. El PP muestra incomodidad y Ciudadanos muestra a ratos incomodidad y a ratos hartazgo e indignación. Vox consigue acaparar el foco mediático sobre una de sus guerras culturales –la pandemia, el millón de parados y un Presupuesto en vigor de más de 40.000 millones de euros quedan al margen– y los grupos de izquierda agitan el fantasma de la ultraderecha para hacer mella en el perfil moderado de Moreno Bonilla.
Esta semana ha sido el PSOE quien ha devuelto el asunto al Parlamento andaluz, en preguntas al consejero de Educación, con una intervención muy dura de la diputada Beatriz Rubiño acusando a la Junta de su dependencia de la ultraderecha. Imbroda subió a la tribuna y expuso una propuesta a Vox que dista mucho de ser una censura previa o un derecho de veto, pero que representa un gesto político de entendimiento con sus socios para recuperar su apoyo parlamentario. “Se va a estudiar la posibilidad de que en todas las actividades complementarias cuenten con la presencia de un docente en el aula y se están analizando las posibilidades normativas para establecer un procedimiento específico que permita organizar las actividades en los centros y justificar su vinculación al currículo”, reza el comunicado de prensa de la consejería.
Para mejorar la información que reciben los padres, “en abril se pondrá en funcionamiento una nueva versión de la plataforma virtual PASEN, que contribuirá a la mejora de la comunicación de las actividades complementarias. Otra de las actuaciones que se está analizando es garantizar que todas las actividades que se realicen estén vinculadas al currículum y reforzar los mecanismos generales de control, supervisión, asesoramiento y evaluación de las actividades complementarias”, concluye el consejero.
Para una docena de profesores consultados, es difícil distinguir lo que pasa ahora en las aulas con las actividades complementarias de lo que está escrito en este párrafo. Las actividades ya están vinculadas al currículum, puesto que emanan del contenido de las materias obligatorias o troncales. Y lo habitual, dicen, es que siempre haya un docente presente en el aula, la mayoría de las veces porque son ellos mismos quienes organizan y desarrollan estas actividades y otras, porque si hay alguien ajeno al centro escolar invitado a dar una charla o un taller a los alumnos como complemento a una asignatura, el maestro le acompaña.
Pese a todo, Vox celebró el gesto de Imbroda como un triunfo político y proclamó en redes sociales que la Junta había accedido a implantar el pin parental. Es la enésima vez que lo hacen y la enésima vez que Educación lo desmiente, lo matiza o lo corrige. Los socialistas tomaron por cierta la palabra de Vox. Y así, hasta el siguiente capítulo.
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