La Andalucía que no se resigna

Celebramos un nuevo 28F cuando se cumplen 10 años desde la aprobación de la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en un 2007 de éxtasis de burbuja inmobiliaria, crédito fácil y especulación sin límite. En el espejismo de la hegemonía neoliberal, pocas organizaciones -Izquierda Unida era una de ellas y lo hacía con valentía- alertaban de lo insostenible de ese modelo económico y la necesidad de afrontar un cambio en el modelo productivo. Se nos calificó, en su forma más diplomática, de aguafiestas. Clamábamos en el desierto frente al espejismo neoliberal, pero clamábamos con razón y razones.

Se perdió -en esos años de burbuja- una oportunidad para afrontar el cambio de modelo económico, hacerlo de forma democráticamente planificada y participada, en un gran debate social y no en los despachos de grandes empresas extraterritoriales.

Diez años después, noveno año de la crisis, nos encontramos con más de un millón cien mil personas en paro. El 40% de la población está en riesgo de pobreza y el deterioro de los servicios públicos es continuado mientras los desahucios siguen ejecutándose y la precariedad se pretende configurar como el nuevo orden laboral.

El modelo productivo no ha cambiado pese a la crisis. Si entonces era copado por la construcción y los servicios, éste sigue igualmente teniendo estos sectores entre los más destacados. El primer sector, la construcción, unido a los riesgos de crear de nuevo una burbuja inmobiliaria que demuestre que no hemos aprendido nada, -lejos de la  importancia sostenida del sector en el  marco de la rehabilitación de viviendas construidas. El segundo sector, el de los servicios, unido a la precariedad como mecanismo de intervención laboral.

Hay una Andalucía que se resigna: la que mantiene que hemos de seguir con ese modelo productivo, subsidiado, clientelar, periférico y dependiente. Y plantean -creo que erróneamente- que no hay otra salida que potenciar lo realmente existente. “Si la construcción y los servicios son los sectores que más se mueven [junto con el sector agroindustrial], sigamos por esa senda y no demos más vueltas” nos vienen a decir.

Quizá convendría repasar el Estatuto de 2007: “La política económica de Andalucía se rige por los siguientes principios: el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en el acceso al mismo, la cohesión social, la creación y redistribución de la riqueza”. 

El vaciamiento de los objetivos estatutarios hoy es palpable: la crisis ha provocado una situación de efectiva intervención, pero no del autogobierno precisamente como se recoge en la Constitución andaluza, sino intervención de la Comisión Europea, del FMI y del Banco Central a través de su terminal. En eso se convirtió el poder ejecutivo central.

Pasamos del desarrollo sostenible al pago de la deuda por encima de cualquier otra prioridad con la reforma del artículo 135 de la Constitución española aprobado por PSOE y PP. Pasamos del pleno empleo al destrozo del mercado laboral llegando a un 60% de desempleo en las mujeres andaluzas menores de 30 años. Pasamos de la calidad en el trabajo a la precariedad estructural y explotación pura y dura. Pasamos de la igualdad en el acceso laboral a la discriminación de la mujer, donde el campo es el ejemplo más elocuente. Pasamos de la cohesión social a una sociedad rota en una dualidad insostenible. Pasamos, por último, de la creación y redistribución de la riqueza a la destrucción de la misma y la concentración en pocas manos de aquella que se genera.

En consecuencia, reivindicar el cumplimiento del Estatuto deviene en un acto de afirmación política previa a cualquier otra reivindicación. No se trata sino de su aplicación: de su desarrollo en forma de leyes y de su exigencia en forma de financiación que pasa por el cumplimiento del punto 2 de la Disposición Adicional Tercera: “La inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años”.

Pero, además de un debate estatutario, hay también pendiente un reflexión sobre el paradigma en el que se desarrolla la política andaluza, sobre cómo se dan las relaciones del gobierno andaluz con el tejido social y económico. Andalucía hoy está arrastrada por un gobierno que vincula la conservación del poder al mantenimiento de una mentalidad clientelar que convierte derechos en favores lo que obstaculiza objetivamente el desarrollo de nuestra tierra.

El hecho de que la debilidad institucional motivada por la crisis no satisfaga todas las demandas que sostienen ese pacto clientelar, va destejiendo la red que se mantiene, no obstante, en niveles de conexión determinantes para el sostén del actual gobierno y su modelo de alianzas sociales.

Paralelamente, y penetrando poco a poco pero de manera creciente, hay una Andalucía que nunca se ha resignado a ese estado de cosas. Hay una Andalucía que no ha dejado de luchar y sigue haciéndolo. Es la Andalucía que se ha organizado sin concesiones y ha tejido y teje redes de lucha, de movilización y de reivindicación. Se trata de la Andalucía que ha llenado y llena las calles contra los recortes y la precariedad, que ha tomado conciencia desde el sufrimiento individual o grupal y lo convierte en instrumento de lucha organizada. La Andalucía que reivindica pan, trabajo, techo y dignidad como espejo desmontador de la otra Andalucía resignada.

En la hegemonía por la defensa del modelo público de servicios -sanidad y educación principalmente- emerge una reivindicación social que reafirma el fortalecimiento del modelo mediante una evidente mejora de la gestión. Y lo hace frente a los discursos defensivos -y ofensivos a la inteligencia colectiva- de un gobierno andaluz, conservador y apático, que acusa, a quienes se manifiestan por la sanidad y la educación, de hacerles el juego a quienes están interesados en la privatización. 

Los enemigos de la sanidad o la educación públicas no están entre quienes defienden la mejora de lo público. Los enemigos están entre quienes aprovechan errores de gestión para justificar el cambio de modelo público a privado y también entre quienes negándose a mejorar y corregir los errores de gestión pueden abrir las puertas a una privatización con mínimo coste social. Nos opondremos firmemente a ese intento.

Izquierda Unida se siente orgullosa de haber mantenido la llama de la reivindicación de un 28F que se ganó en la calle y cuya aspiración a una Andalucía soberana en un  Estado federal sigue vigente. Pero no basta. 

Cuando las que limpian los hoteles se organizan por una insultante explotación laboral, necesitan apoyo. Encontramos ahí un primer nivel de actuación. Luego observan y agradecen que no se sienten aisladas y contemplen que hay otras luchas que son las mismas que las que ellas sostienen. Ahí encontramos un segundo nivel de actuación: la organización. Pero hay un tercer nivel -fundamental para convertir la rabia y la indignación en esperanza e ilusión de cambio- que nos incumbe a todos. Se trata de construir un sujeto político que permita convertir las reivindicaciones y las luchas organizadas en alternativas de otras políticas, a través de la consecución de un gobierno amigo del pueblo andaluz.

De la resignación, a la alegría del cambio. A eso nos encomendamos con sostén y firmeza, y este 28F es un hito que empiece a construirlo.

 

Celebramos un nuevo 28F cuando se cumplen 10 años desde la aprobación de la Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en un 2007 de éxtasis de burbuja inmobiliaria, crédito fácil y especulación sin límite. En el espejismo de la hegemonía neoliberal, pocas organizaciones -Izquierda Unida era una de ellas y lo hacía con valentía- alertaban de lo insostenible de ese modelo económico y la necesidad de afrontar un cambio en el modelo productivo. Se nos calificó, en su forma más diplomática, de aguafiestas. Clamábamos en el desierto frente al espejismo neoliberal, pero clamábamos con razón y razones.

Se perdió -en esos años de burbuja- una oportunidad para afrontar el cambio de modelo económico, hacerlo de forma democráticamente planificada y participada, en un gran debate social y no en los despachos de grandes empresas extraterritoriales.