El caso Torrijos o cuando la Justicia también puede ser injusta

Para muchos la Justicia es un sentimiento más que un vericueto de leyes y jurisprudencia tramposa. Y como todo sentimiento, fácil de manipular por las emociones. Hay un caso paradigmático de esto que digo: el de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof, crimen que no cometió, pero que nadie, ni familiares de la víctima, ni policías, ni fiscales, ni jueces, ni jurado popular dudó en creer que, pese a la falta de pruebas, sí la mató, sostenida su culpabilidad por el clamor mediático y el carácter “frío y calculador” de la acusada. Parece un desvarío, pero así fue. Un año y siete meses estuvo Dolores Vázquez en la cárcel hasta que otro crimen, el de Sonia Carabantes, dio con el asesino de ambas niñas, el británico Tony King. La Justicia llegó a hacer justicia, pero el sufrimiento de Dolores Vázquez es indeleble y cabe la posibilidad de que Sonia hoy estuviera viva. ¿Quién responde y paga por los errores de la Justicia?

Esa misma pregunta se la han debido hacer en los últimos días los exconcejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, después de que tras ocho años de pena de banquillo por el caso de mordidas de Fitonovo, por la adjudicación de once campos de césped artificial, la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que les juzgaba les instara a levantarse del banquillo después de que el fiscal retirase la acusación. Pese a lo sostenido por la instrucción judicial durante años, los exediles no habían participado en la licitación. Después de ocho años de calvario, de renuncia a la vida política, personal y los ahorros, ¿todo se queda en un “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala?”, se pregunta José Manuel en una entrevista con elDiario.es. El absurdo elevado al absurdo por respuesta. De esto es de lo que deberían preocuparse los apoltronados en el Poder Judicial y Constitucional, pero no.

El mismo José Manuel García considera que lo de Antonio Rodrigo Torrijos es peor. Para el exdirigente de IU de Sevilla era el cuarto proceso judicial al que se enfrentaba y del que salía absuelto o sin acusación. Trece años estuvo penando con el sambenito de corrupto el edil que contribuyó, junto al alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, a la dotación de viviendas sociales, servicios públicos y la modernización de Sevilla. Esta ciudad siempre le recordará como el edil pionero en los carriles bici que luego copiaron otras urbes.

Hijo de la primera alcaldesa de España, Amalia Torrijos (en la República, en 1933), el exdirigente de IU sufrió un varapalo cuando a 16 días de las elecciones municipales de 2011, justo al comienzo de la campaña, la jueza Mercedes Alaya (la del caso de los ERE) dicta un auto de imputación en su contra por el caso Mercasevilla. Torrijos era candidato a la Alcaldía por IU; y por el PP, el juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, que gana por mayoría absoluta. Cuatro años después, la misma jueza también dicta auto de imputación por el caso Fitonovo contra José Manuel García, entonces candidato él a la Alcaldía por IU, en víspera a su vez de las municipales. Juan Espadas, ahora líder del PSOE andaluz, se hace con la Alcaldía en minoría, pero IU ya no tiene la fuerza y representatividad que en el periodo que cogobernó con los socialistas la capital andaluza.

Las investigaciones judiciales contra Torrijos, de las que de todas ellas ha sido absuelto, fueron un instrumento político despiadado en manos del PP en Andalucía

El caso del comunista Antonio Rodrigo Torrijos de hace una década podría entenderse como un precedente de persecución política a través de la Justicia contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Unidas Podemos; así lo ven algunos izquierdistas. Las investigaciones judiciales contra Torrijos, de las que de todas ellas ha sido absuelto, fueron un instrumento político despiadado en manos del PP en Andalucía. Este partido aireó sin escrúpulos una fotografía manipulada, la de Torrijos y un directivo de Mercasevilla ante una mariscada en la feria del pescado de Bruselas (había otras personas en la comida cuyas imágenes fueron pixeladas) como escándalo de corrupción. Aquella foto, junto a las acusaciones judiciales, sirvieron de munición para hundir el honor y la carrera política de Torrijos de una forma vergonzosa. “¿Dónde está escrito que un comunista no pueda comerse una mariscada?”, pregunta Torrijos con toda lógica en Diario de Sevilla.

La imagen maldita de la mariscada suplantó durante mucho tiempo a la del concejal verde del carril bici, que podría ser la intención de los adversarios políticos. Las sucesivas investigaciones judiciales sin sentido, como luego ha quedado acreditado, alimentaron el monstruo de la persecución hasta dejar en la cuneta, sin futuro político y en el paro, a Torrijos. La justicia como un cúmulo de emociones fáciles de manipular, insisto. No ha sido el único caso. La instrumentalización de la justicia o investigaciones policiales como arma arrojadiza contra el adversario es un vicio oculto de la política en España. Todos los partidos han jugado a ello, pero ninguno con tanto éxito como el PP. Y no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Esta se persigue con mejores medios y profesionales para que un proceso no dure ocho años y dé pie a que pueda ser munición de los partidos para la destrucción de sus adversarios.

Ante casos como el de Torrijos y otros tirados a la cuneta política, el sentimiento final, que es el que cuenta, es el de que la Justicia también puede ser injusta y solo cabe, como en Matar a un ruiseñor, “llorar por el infierno puro y simple en que unas personas hunden a otras, sin detenerse a pensarlo tan solo”.

Para muchos la Justicia es un sentimiento más que un vericueto de leyes y jurisprudencia tramposa. Y como todo sentimiento, fácil de manipular por las emociones. Hay un caso paradigmático de esto que digo: el de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato en 1999 de Rocío Wanninkhof, crimen que no cometió, pero que nadie, ni familiares de la víctima, ni policías, ni fiscales, ni jueces, ni jurado popular dudó en creer que, pese a la falta de pruebas, sí la mató, sostenida su culpabilidad por el clamor mediático y el carácter “frío y calculador” de la acusada. Parece un desvarío, pero así fue. Un año y siete meses estuvo Dolores Vázquez en la cárcel hasta que otro crimen, el de Sonia Carabantes, dio con el asesino de ambas niñas, el británico Tony King. La Justicia llegó a hacer justicia, pero el sufrimiento de Dolores Vázquez es indeleble y cabe la posibilidad de que Sonia hoy estuviera viva. ¿Quién responde y paga por los errores de la Justicia?

Esa misma pregunta se la han debido hacer en los últimos días los exconcejales de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, después de que tras ocho años de pena de banquillo por el caso de mordidas de Fitonovo, por la adjudicación de once campos de césped artificial, la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que les juzgaba les instara a levantarse del banquillo después de que el fiscal retirase la acusación. Pese a lo sostenido por la instrucción judicial durante años, los exediles no habían participado en la licitación. Después de ocho años de calvario, de renuncia a la vida política, personal y los ahorros, ¿todo se queda en un “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala?”, se pregunta José Manuel en una entrevista con elDiario.es. El absurdo elevado al absurdo por respuesta. De esto es de lo que deberían preocuparse los apoltronados en el Poder Judicial y Constitucional, pero no.